La Justicia de la UE avala condicionar los fondos europeos al respeto al Estado de derecho
Bruselas estudiará el fallo del Tribunal de Justicia antes de decidir sobre Polonia y Hungría
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación.
En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.
Los gobiernos húngaro y polaco acudieron a la Justicia europea para pedir la anulación de este reglamento al considerar que carece de base jurídica y que colisiona con otros instrumentos que ya existen en los Tratados de la UE para actuar ante riesgos graves para el Estado de derecho, como el artículo 7 que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor.
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad, que consideran arbitraria y carente de base jurídica.
Analizar la sentencia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que analizarán "detenidamente" las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que avalan el mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al respeto del Estado de derecho antes de decidir si lo usa contra Polonia y Hungría.
En cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea prometió que actuará "con determinación" una vez que las autoridades comunitarias consideren que se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento para iniciar el procedimiento de suspensión de fondos. Budapest y Varsovia llevaron la normativa ante el tribunal con sede en Luxemburgo por entender que estaba dirigida específicamente contra ellos, carecer de base jurídica adecuada e interferir en competencias de los Estados miembros.