Los 27 sólo expulsan al 29% de los inmigrantes irregulares

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones del bloque llevan años abogando por una política migratoria de mano dura y prometiendo que cualquier irregular terminará siendo expulsado. Es un discurso político que no casa con la realidad, pues las tasas de deportación real nunca llegaron al 40% de todos los que recibían una orden de expulsión. Ese porcentaje ha ido incluso bajando y en 2020 llegó al 29%.

Si no se tiene en cuenta a los irregulares originarios de países europeos (Rusia, Ucrania, Moldavia, Albania o la ex Yugoslavia, principalmente) se llega al 19% de expulsados. Bruselas lleva años prometiendo políticas para elevar ese porcentaje. Sin resultados.

Un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critica la política migratoria del bloque en ese aspecto y explica las principales razones de su fracaso. El texto asegura que las acciones tomadas hasta ahora fueron “pertinentes pero no dieron resultados”. El informe recuerda que desde 2008 los 27 Estados miembros emiten de media anualmente unas 500.000 órdenes de expulsión y que los que en realidad terminan expulsados no llegan a los 200.000.

El resto se queda en Europa de forma irregular, al albur de conseguir empleos irregulares y con acceso muy limitado a servicios sociales. Una parte, principalmente mujeres, cae en manos de las mafias de la prostitución. Con el tiempo algunos consiguen regularizarse demostrando arraigo o en regularización masivas.

El Tribunal de Cuentas europeo, una institución con sede en Luxemburgo y que se encarga de vigilar que las instituciones de la Unión Europea hacen correctamente su trabajo y que usan adecuadamente los presupuestos de los que disponen, considera que al no deportar a todos o a una mayoría de los que reciben órdenes de expulsión se fomenta principalmente esa inmigración irregular porque quienes no encuentran vías legales de acceder a territorio europeo como migrantes regulares lo hacen como irregulares sabiendo que en 7 de 10 casos no serán deportados.

El informe señala uno de los grandes obstáculos para aumentar esa tasa real de expulsiones. La deportación de una persona necesita el acuerdo de su país de origen. Si este no la acepta –normalmente por la vía de no reconocerla como nacional, sobre todo en el caso de los países del África Subsahariana- no puede ser deportado.

Muchos de esos países no tienen ningún incentivo en aceptar de vuelta a sus migrantes porque sus remesas son una fuente importante de recursos, superior a cualquier ayuda europea. Las remesas de los emigrantes marroquíes, asegura el informe, suponen el 5,6% del PIB del país norteafricano.

Esa realidad choca con las promesas de la Comisión Europea. Cuando Bruselas presentó hace un año su estrategia migratoria señaló como uno de sus pilares aumentar la tasa de expulsiones de irregulares. Para eso necesita la cooperación de terceros estados, que no tienen incentivos para ayudar. La propia Comisión negocia con varios países, la mayoría africanos, para que acepten acuerdos migratorios de expulsión de sus migrantes. A cambio les propone ayudas financieras.

Apenas ha conseguido progresos. En parte, explica el informe, porque no ha avanzado en la parte de la zanahoria: facilitación de la concesión de visados para viajes regulares de corto plazo, organización de vías legales para migrantes económicos o más ayudas económicas a los expulsados para ayudarles a su integración a la vuelta a sus países.