La UE decide llevar a Johnson a los tribunales por saltarse el acuerdo del Brexit

La Unión Europea (UE) ha decidido emprender acciones legales contra el Reino Unido por decidir de forma unilateral el pasado 3 de marzo extender el período de gracia que le permitía minimizar el papeleo y los controles en la frontera de Irlanda del Norte. La carta enviada este lunes por la UE dice que esta decisión “vulnera las cláusulas sustanciales de la UE que se refieren al movimiento de bienes y de animales incluidas en el Protocolo de Irlanda del Norte”. Dice que viola el artículo 12, cláusula 4, del Protocolo, el artículo 258 del sobre la circulación de bienes del Tratado de Funcionamiento de la UE, que es uno de los cuatro documentos que configuran la constitución material de la UE, y el artículo 5 del Tratado de Retirada de la UE que se refiere al deber de actuar de buena fe de cualquiera de las dos partes.

El gobierno británico niega haber vulnerado la ley y alega que tomó la decisión porque la UE había rechazado extender el período de gracia. La ministra de comercio internacional, Liz Truss, explicó a 'SkyNews' que la extensión del período de gracia “es una práctica muy común ya que todos los tratados requieren de relajaciones temporales [de la normativa]” y que “de ninguna manera se trata de una vulneración del Protocolo”. Sin embargo, estas explicaciones no serán suficientes para frenar este proceso legal.

El Protocolo de Irlanda del Norte es parte del acuerdo básico del Brexit que establecía las bases del divorcio en cuanto a cantidad a pagar, derechos de ciudadanos y situación de la frontera y que fue firmado por Boris Johnson en diciembre de 2019. Ese acuerdo le permitió empezar a negociar el acuerdo comercial y de seguridad firmado en diciembre de 2020 y le permitió arrasar en las elecciones del 11 de diciembre de 2019 al presentarse como el único candidato capaz de cerrar un pacto con Bruselas.

El Protocolo establecía el traslado de la frontera al mar que separa las islas de Irlanda y de Gran Bretaña e impuso controles marítimos en Irlanda del Norte desde el pasado 1 de enero. Desde entonces que el comercio interior en el Reino Unido se ha visto afectado hasta producirse una escasez de productos en los lineales de los supermercados de la región. La UE dio al Reino Unido un período de gracia para limitar los controles hasta el 31 de marzo. A partir de entonces deben implementarse los controles al cien por cien y supermercados y otros comercios minoristas necesitarán certificaciones sanitarias para los productos agrícolas. Johnson solicitó a la UE la ampliación del período pero ésta se lo denegó. El 3 de marzo anunció de forma unilateral su prórroga hasta el 1 de octubre.

La Comisión Europea ha enviado dos cartas al gobierno británico ofreciendo dos vías legales para resolver el conflicto. La primera es la notificación formal por violar la legislación de la UE y pone en marcha un procedimiento legal que podría acabar con el Reino Unido ante el Tribunal de Justicia Europeo. Esta opción no sería bien vista por los brexiteros, que basaron su defensa de la salida de la UE en lograr la independencia del país, incluida la judicial, y la corte europea tiene un enorme simbolismo para ellos. Y sin duda erosionaría todavía más las ya de por si deterioradas relaciones británico-europeas.  

La segunda vía, la llamada resolución “política”, consiste en iniciar un proceso de arbitraje bajo el mecanismo de solución de conflictos que se incluyó en el acuerdo comercial y de seguridad firmado en Nochebeuna. Esta vía trasladaría la disputa a un panel de arbitraje y permitiría una resolución más rápida y con menos desgaste para las relaciones de las dos partes. La UE ha avisado al Reino Unido que el litigio podría acabar con sanciones comerciales contra el Reino Unido y la restricción de su acceso al mercado único.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, que lidera esta causa en nombre de la UE, dijo que “el protocolo de Irlanda y de Irlanda del Norte es la única manera de proteger el acuerdo de Viernes Santo [el acuerdo de paz de 1998 en la región] y de preservar la paz y la estabilidad evitando una frontera física en la isla de Irlanda y manteniendo la integridad del mercado único europeo”. Sefcovic añadió que “el protocolo fue acordado por las dos partes y debe ser cumplido por las dos partes” y que “las decisiones unilaterales y la violación de la legislación internacional por parte del Reino Unido atenta contra el propósito del acuerdo y socava la confianza mutua”. El Reino Unido tiene un mes para responder a la carta legal.

La Comisión Europea ha recordado que es la segunda vez en apenas seis meses que Bruselas inicia procedimientos legales contra el Reino Unido por el mismo motivo. Ya lo hizo en octubre del año pasado cuando Boris Johnson quiso introducir varias cláusulas que anulaban partes del acuerdo del Brexit en la ley de mercado interior que se estaba debatiendo en el parlamento. Esta ley debía regular el comercio interior una vez el Reino Unido saliera de la UE y le permitía tomar decisiones de forma unilateral como ahora para evitar que el comercio entre las islas de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte, en el sudeste de la isla de Irlanda, se viera afectado. Finalmente Johnson no pudo introducir esas cláusulas porque la cámara alta no se lo permitió. Johnson tiene mayoría en la cámara baja (la de los Comunes, la electa), pero no en la cámara de alta (la de los Lores, la no electa).

El principal problema de las negociaciones y del acuerdo del Brexit ha sido desde el principio la situación en Irlanda del Norte. Según los acuerdos de paz firmados en 1998 entre católicos (proirlandeses) y protestantes (probritánicos) no puede haber una frontera física entre el norte y sur de la isla y el Brexit la imponía. Este fue el punto en que se encalló el diálogo en todo momento. La única solución era trasladar la frontera al mar que separa las dos islas, a la costa norirlandesa. Los unionistas norirlandeses (protestantes, probritánicos), socios del gobierno conservador entonces, se oponían por considerar que eso rompería el mercado interior y facilitaría la reunificación de la isla de Irlanda. Cuando Johnson llegó al poder decidió omitir la voluntad de sus socios unionistas y conceder el traslado de la frontera a la costa dejando partes de la economía de Irlanda del Norte dentro del mercado único europeo. El precio fue la alteración del comercio interior y el malestar de los unionistas y de los grupos paramilitares lealistas, que han decidido salirse de los acuerdos de paz.