Las víctimas de Bérgamo escriben a la UE: “Podría haber crímenes contra la humanidad”

El abuelo de Stefano fue uno de ellos. Tenía 85 años, vivía en una residencia de Bérgamo y hace unos meses había sufrido un ictus. Desde entonces acudía al hospital de Alzano Lombardo, a unos kilómetros de la ciudad, para la recuperación. A finales de febrero se empezó a poner mal, le diagnosticaron una pulmonía y al día siguiente falleció. Un tercio de los ancianos de las residencias de esta provincia perdieron la vida en los primeros cuatro meses de este año, cientos de ellos por coronavirus. Stefano Fusco creó la organización Noi Denunceremo (Nosotros denunciaremos), que ya ha depositado más de un centenar de denuncias en los tribunales y que ahora se dirige directamente a las instituciones europeas “para que supervisen el proceso penal en Italia”.

El colectivo ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Ròbert Ragnar Spanò, a quienes piden “vigilar potenciales violaciones de artículos incluidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. “Nuestros abogados han observado que se han podido vulnerar varios de esos artículos y un punto de nuestra Constitución, por lo que podría haber crímenes contra la humanidad”, responde Fusco al otro lado de la línea. Este asesor comercial de 31 años es uno de los firmantes de la misiva, junto a otros 33 socios de la asociación.

El fundador explica que los motivos para derivar el caso a las instituciones europeas son dos: “determinar si los tribunales europeos pueden observar homicidio involuntario y ejercer presión, ya que en Italia hay muchos expertos en enterrar todo este tipo de casos penales”. El envío de la carta se produce el mismo día en el que se ha presentado una segunda ronda de denuncias colectivas, por lo que las víctimas ya han depositado en los tribunales unas 140. Se trata de querellas contra desconocidos, de las que sólo se libran médicos y enfermeros, a los que esta asociación exculpa de toda responsabilidad.

La Fiscalía de Bérgamo ha abierto una investigación, por la que ha llamado a declarar al primer ministro, Giuseppe Conte; el ministro de Sanidad, Roberto Speranza; y los máximos dirigentes de Lombardía, la región a la que pertenece Bérgamo. “La fiscal nos ha dicho que está dispuesta a llegar hasta el final y el hecho de que hayan tenido que testificar todas estas personas lo demuestra. Pero ahora con el verano, cuando todos empiezan a salir y se producen otras muchas distracciones, corremos un riesgo muy alto de que nuestro caso caiga en el olvido”, añade Stefano Fusco. El proceso sigue en fase preliminar, por lo que no se espera que haya demasiadas novedades en los próximos meses.

Sólo en las provincias de Bérgamo y Brescia, las más golpeadas durante la fase más aguda de la pandemia, murieron unas 11.000 personas el pasado marzo. Uno de los principales motivos fue el retraso para cerrar Alzano Lombardo y otros pueblos colindantes, donde tardaron varias semanas desde que se encontraron los primeros casos en un hospital hasta que el Gobierno decretó su confinamiento, que se produjo al mismo tiempo que toda la región. “Si los fiscales entienden que la ausencia de ‘zonas rojas’ pertenecen a la esfera de la política, resultará claro que la decisión de no contener el virus, de acuerdo con la comunidad científica, fue intencionada”, señala la carta enviada a la Comisión Europea.

Las víctimas de Bérgamo acusan al Gobierno y la administración regional de un “rebote mutuo de la responsabilidad, que hace entender que ninguno quiere asumir culpas”. Desde hace meses Lombardía y el Ejecutivo de Roma argumentan que la decisión para decretar el cierre correspondía a la otra parte. En una reciente entrevista en NIUS, Giuseppe Conte aseguró que no le “preocupa” el proceso judicial, porque tomó las decisiones “en conciencia”, al tiempo que negó presiones de la patronal para mantener la actividad, como han señalado varias investigaciones periodísticas en Italia.

Las víctimas, sin embargo, entienden que “las residencias no deberían haber acogido pacientes con coronavirus, aunque tuvieran bajo riesgo, sin cumplir las directivas sanitarias correspondientes”. Y señalan que las autoridades regionales “impidieron a los médicos de base visitar a los pacientes no hospitalizados que presentaban síntomas relativos a la Covid-19”. Por tanto, creen que miles de personas fueron privadas de su “derecho a la atención sanitaria”, recogido en la Carta Magna, y de ahí que aprecien “signos de crímenes contra la humanidad”. Europa puede permanecer alerta, pero la decisión la tienen los jueces italianos.