El hombre clave del 'impeachment' contra Trump se reunió en Barcelona con empresarios ucranianos

El encuentro se celebró en 2016 en un restaurante que la Fiscalía española vinculó con la mafia rusa
Lev Parnas se ha negado a declarar en el 'impeachment' contra Trump para no autoinculparse
La Fiscalía de EE. UU. le acusa de servir como testaferro para que Ucrania interfiriera en las elecciones
El pasado 2 de agosto se produjo en Madrid una reunión clave para vincular al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la operación para terminar con uno de sus principales rivales políticos, el vicepresidente Joe Biden. Al encuentro celebrado en un hotel de Madrid acudió -según testigos en la investigación abierta contra Trump en EE. UU.- el abogado personal del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Al otro lado de la mesa estaba un representante del Gobierno ucraniano, llamado Andriy Yermak. Y entre medias, negociando una declaración pública para hundir la imagen del vicepresidente Biden, un empresario de origen ucraniano llamado Lev Parnas.
Sin embargo, no era la primera vez que Parnas estaba en España. Ni que tenía relaciones en suelo español con empresarios ucranianos que han levantado las sospechas de la Policía española. En 2016, según ha podido confirmar NIUS, Parnas pasó varios días de viaje por España. En una de sus citas, se encontró con una decena de empresarios ucranianos y armenios en un conocido restaurante de la Ciudad Condal. Poco después, la Audiencia Nacional realizó una operación contra la mafia ucraniana y armenia y detuvo a 11 personas. Entre ellas estaba el dueño del local, un armenio que fue imputado por presunto blanqueo de dinero. El caso, según ha podido confirmar este diario, fue archivado por la Justicia española pero la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión, por lo que todavía no está cerrado de forma definitiva.
Parnas, nacido en 1972 en Odesa (Ucrania), fue detenido en EEUU el pasado mes de octubre en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Washington, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Viena. La Fiscalía del país le acusa de financiar ilegalmente la campaña de Trump y la de su socio Giuliani por medio de una sociedad interpuesta creada para ocultar la procedencia de los fondos. De forma paralela, su nombre ha aparecido como una figura clave en el proceso de destitución que se sigue en Estados Unidos contra Donald Trump por su relación con la trama ucraniana. Llamado a declarar en el llamado impeachment, Parnas se ha negado a comparecer acogiéndose a la quinta enmienda. Es decir: a su derecho a no inculparse o no declarar contra sí mismo.
Los tentáculos ucranianos
El pasado 22 de noviembre, el diario El País adelantó que la Audiencia Nacional tenía abierta una investigación secreta sobre la presencia en España de una unidad de élite rusa llamada el Grupo 29155. Según The New York Times, entre sus miembros, que trabajan con la misión de desestabilizar la Unión Europea con estrategias de guerra sucia, se encuentran también exmilitares ucranianos. Los nexos ucranianos estaban también presentes por ejemplo en los enviados rusos que recibió el expresidente Carles Puigdemont dos días antes de declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña. Esta vez, los intermediarios llegaron gracias a Víctor Terradellas, el hombre al frente de las relaciones internacionales en Convergència.
En el caso de EEUU, la investigación contra Parnas corre en dos direcciones. La primera tiene que ver con su presunta participación en las maniobras para desacreditar al vicepresidente Biden. El objetivo, según la tesis de la investigación, sería que el gobierno ucraniano hiciera un anuncio público sobre una posible investigación contra el hijo del vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama. Ayer, los fiscales estadounidense anunciaron que valoran presentar cargos contra Parnas por esta cuestión.
Sin embargo, es el segundo camino el que tiene un peso jurídico más aparente y el que le costó su detención. Como norma general, la ley estadounidense prohíbe a los extranjeros participar en la financiación de sus campañas electorales. Está completamente prohibido que cualquier hombre o empresa de fuera del país financie a un candidato, para evitar injerencias extranjeras en sus procesos electorales. Sin embargo, Lev Parnas está acusado de violar esa ley para financiar la campaña de Trump con dinero que podría proceder del gobierno ucraniano.
— levparnas (@levparnas) June 14, 2019
Pese a ser nacido en Ucrania, Parnas tiene la ciudadanía estadounidense. A partir de ahí, no tendría problema en aportar fondos a las campañas electorales de su a migo Giuliani o del propuio Donald Trump. Sin embargo, en fechas próximas a las últimas elecciones generales, el empresario afincado desde hace años en Florida creó junto a su colaborador Igor Fruman, nacido en Bielorusia, una empresa en Estados Unidos llamada Global Energy Producers (GEP). Y fue esta compañía la que realizó donaciones millonarias a varios candidatos republicanos. Sobre el papel, la empresa era una importadora y exportadora de gas licuado. Sin embargo según los informes de la Corte de Florida, la sociedad carecía en realidad de actividad comercial. Entonces ¿de dónde sacó los fondos para hacer esas donaciones? Aquí es donde la Fiscalía del país considera que los fondos son de terceros, y posiblemente de personas relacionadas con el gobierno ucraniano, con el que Parnas tenía probadas conexiones.
La investigación del caso refleja que ese dinero sirvió para catapultar a Parnas en la vida social de Washington. El empresario pasó de ser una persona anónima a codearse con los hombres más representantivos del partido republicano, con Trump a la cabeza. Detrás de esos contactos se escondía también la intención de Parnas de conseguir licencias para el cultivo legal de marihuana en EEUU.
Tras su detención, el propio Trump negó incluso conocerle. Aparecieron entonces las fotos del empresario de origen ucraniano junto a él en distintos actos y ceremonias de la propia Casa Blanca. Además, la prensa estadounidense mantiene que Parnas entregó grabaciones al Comité de Inteligencia que probarían la implicación de varios cargos públicos del país en la trama ucraniana.