El Salvador aprueba la undécima prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, ha aprobado la undécima prórroga de un régimen de excepción
El país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele
Más de 64.000 personas han sido detenidas y se han contabilizado 300 días sin asesinatos
Los diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña han aprobado en la noche de este martes la undécima prórroga al régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, en su esfuerzo por combatir las pandillas. Con 67 votos a favor y siete abstenciones, el Parlamento de El Salvador ha sacado adelante una nueva prórroga que se mantendrá durante 30 días, según ha informado la Asamblea Legislativa del país en un comunicado.
Como con cada prórroga, el Gobierno ha asegurado que la extensión del estado de excepción sirve para continuar combatiendo a "pandilleros terroristas" y protegiendo a las familias que "día a día trabajan por un mejor futuro".
MÁS
En el casi año de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a más de 64.000 personas y se han contabilizado 300 días sin asesinatos, lo que implica una reducción de la violencia, según ha detallado el Parlamento salvadoreño en su misiva.
El presidente de la Cámara, Ernesto Castro, ha asegurado que "el triste gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios en cinco años, mientras que nosotros llevamos 300 días en menos de cuatro años". Asimismo, ha asegurado que, "una vez más", la Asamblea Legislativa ha dado marcos legales al Gobierno dentro de la Constitución para poder prorrogar el régimen de excepción.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios. En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las "evidencias graves" de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.