La brecha entre las dos Bolivias se hace cada vez más grande y más violenta

La violencia en las calles bolivianas está lejos de desaparecer, como también lo está la crisis política que sacude el país desde octubre. Policía y Ejército han disparado contra los manifestantes y les han lanzado gases lacrimógenos en unas protestas que dejan ya 23 personas muertas y más de 700 heridos. 

Son cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha criticado desde su cuenta de Twitter el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar. Desde la organización han expresado en varias ocasiones su preocupación por las acciones violentas del ejército boliviano durante las protestas que sacuden el país. También han especificado que los estándares interamericanos establecen que debe limitarse "al máximo" la presencia de las Fuerzas Armadas en los disturbios, y que los gases lacrimógenos atentan contra la legislación internacional vigente.

La región de Cochabamba, una de las zonas donde más se han sufrido los disturbios, vivió este viernes una nueva jornada de protestas. La policía disparó munición real contra los manifestantes y les lanzó gases lacrimógenos y piedras. Nueve personas fallecieron y otras 30 resultaron heridas.

Las Fuerzas Armadas quedan exentas de condena

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha firmado un decreto que libraría de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas bolivianas en caso de que actuasen en legítima defensa.

El documento señala que aquellos miembros del ejército "que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estarán exentos de responsabilidad penal cuando, en el cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", según han informado los medios locales.

La CIDH se ha pronunciado también sobre este decreto y lo ha calificado de "grave". Además, ha indicado en su cuenta de Twitter su rechazo a este documento y ha expresado que podría "estimular la represión violenta". 

El Gobierno de Áñez ha expresado este sábado su "consternación" por las muertes registradas este viernes al tiempo que denunciaba que Morales promovió la movilización. "No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinado bolivianos", ha declarado la presidenta.

La crisis política en Bolivia estalló el pasado 20 de octubre tras la celebración de las elecciones presidenciales. El expresidente Evo Morales declaró de nuevo su victoria mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco" en el proceso electoral. Más tarde, la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó "irregularidades" durante las elecciones del país latinoamericano.

Morales dimitió el pasado domingo a lo que se le unieron las de otros dos altos cargos, entre los cuales se encontraban los llamados a sustituirle según establece la Constitución. Tras estos hechos, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, inicialmente, solo durante el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones. Sin embargo, ya ha adelantado que Morales no podrá competir en ellas según lo establecido tras el referéndum de 2017.

Mientras que Áñez ya ha recibido el reconocimiento como presidenta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Evo Morales y los suyos califican lo sucedido como un "golpe de Estado".