Grupos de choque del chavismo lideran ola de ocupaciones ilegales en Venezuela

Motivos para estar afligido le sobran a Orencio Mariña, un empresario español de 80 años y desde los 17 en Venezuela. En un día, o en horas, perdió lo que construyó durante casi 40 años, sin embargo, no hay señales de tristeza en su rostro, como si entendiera que todo es parte de un ciclo (o aprendizaje) que más temprano que tarde acabará.

El 6 de mayo de 2020, Orencio, propietario de una fábrica textilera en Caracas,  se convirtió en una víctima más de las ocupaciones ilegales o invasiones que se han desatado durante la pandemia del covid-19 en la capital de la nación suramericana. Un problema serio pero que coincide con un sentimiento de indiferencia que se esparce a ritmo de vértigo por la azotada sociedad venezolana, concentrada en sobrevivir a la hiperinflación más prolongada en la historia de la humanidad. Cada afectado lucha por separado.

De acuerdo con las denuncias procesadas por el Frente en Defensa del Norte de Caracas, sólo en el municipio Libertador de Caracas, se produjeron 53 ocupaciones ilegales durante 2020, de las cuales, 40 fueron durante la cuarentena radical decretada por el gobierno.  

"Pero hay otra estadística que es aún más alarmante, anteriormente las invasiones estaban focalizadas a las residencias o casas, ahora, más de la mitad de las invasiones el año pasado fueron a industrias y comercios", dice a NIUS Carlos Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.

Aquel 6 de mayo, una llamada alertó a Orencio Mariña, de que el edificio Padrón,  donde está ubicada  su fábrica, era invadido por uno de los grupos de choque del chavismo, llamados colectivos y que son señalados de encabezar  todas las ocupaciones ilegales en Caracas.

"Violentaron las puertas, entraron al edificio unas 20 personas a las nueve de la noche, que es la hora en que trabajan los ladrones , y entraron a los distintos locales, donde había 4 fábricas  y tomaron posesión", cuenta Orencio a NIUS  con una lucidez que impresiona a sus 80.

"Llamamos a la Guardia Nacional (GN) y no pudieron entrar al edificio porque los invasores dijeron que estaban obedeciendo órdenes de arriba", dice. "Yo miré al cielo y nunca vi nada, más que a Dios; nunca supimos quién es esa gente de arriba", ironiza Orencio , haciendo un chiste de una tragedia como es característico en los venezolanos. (Una "orden de arriba" en Venezuela significa que viene dada por un alto funcionario civil o militar).

A esto le siguió un extenso proceso legal que llevó a Orencio por todas las instituciones que él consideró tenían competencia en el tema, comenzando por la alcaldía de Caracas; en ninguna halló justicia.  De esta forma  135 personas quedaban sin empleo, pero también, se consumaba un robo y el fin de un proyecto de vida que Orencio inició hace 63 años con el  viaje en barco durante 25 días que lo trajo a este país.  

"Era pues mi última posibilidad que yo tenía de sobrevivir. Actualmente estoy sobreviviendo con algo que me da la ayuda española y la pensión de un dólar al mes que recibo del Estado venezolano, que sólo alcanza para comprar un caramelo", dice Orencio, sentado en medio de la sala de su piso,  en donde vive sólo y en donde reflexiona sobre las dos Venezuela que le ha tocado vivir.  (Con la última devaluación del bolívar la pensión en Venezuela es de 0,66 dólares).

"Cuando yo llegué (1958), era el tiempo de la gran Venezuela podríamos decir, de grandes oportunidades; los que éramos decididos y arriesgados tuvimos muy buenas oportunidades. Era un país de oportunidades para los que querían trabajar y yo vine a Venezuela fue a trabajar", sostiene Orencio, ya resignado. De acuerdo con cifras oficiales  en Venezuela viven un poco más de 167 mil españoles.  

Recientemente la vicepresidenta del cuestionado parlamento de mayoría chavista , Iris Varela, propuso confiscar los bienes en desuso o improductivos de los casi 6 millones de migrantes venezolanos que han huido de la crisis económica que extinguió a la clase media venezolana. Tras el anuncio, los llamados colectivos, protagonizaron al menos 7 intentos de ocupaciones ilegales en Caracas, según pudo constatar el Frente en  Defensa del Norte de Caracas.   

"Entonces tu puedes ver cómo funcionarios de alto gobierno, alcalde, concejales, diputados son promotores y líderes de las invasiones, ahí está la gravedad del caso que estamos viviendo el día de hoy; pero no es un caso nuevo, es una política de Estado, la violación a la propiedad privada", dice Carlos Rojas, quien además sostiene que esta nueva oleada de ocupaciones ilegales tiene su origen en el Censo Nacional de Vivienda realizado en 2019, en el que habrían participado miembros de varias organizaciones chavistas.

Según Rojas, el gobierno le dio "potestad a miembros de los consejo comunales, miembros de  colectivos y militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela para que ejecutaran dicho censo", lo cual permitió que los grupos que ahora lideran las ocupaciones ilegales se apropiaran de información que debía ser confidencial. "Tú lo podías ver recorriendo los edificios y viendo qué edificaciones se encontraban vacías y cuáles se encontraban ocupada", señala.

Pero Caracas ya ha vivido varias oleadas de ocupaciones ilegales. En todas sus parroquias  es común ver edificios ocupados por los llamados colectivos. Entre 2004 y 2006  el entonces alcalde chavista, Juan Barreto, impulsó una política de expropiaciones que desató una ola de invasiones.

"El tema de las invasiones no es algo nuevo ahorita, cobra un auge con las palabras de Iris Varela a incautar los bienes de los venezolanos en el exterior, pero para nosotros la violación a la propiedad  privada es una política de Estado, tanto por el gobierno en su momento de Hugo Chávez como por la dictadura de Nicolás Maduro", destaca Carlos.

Desde 2005 hasta 2017 ya en Venezuela se habían registrado 652 invasiones urbanas  y agrícolas, de estás, la mayoría se centraron en casas y pisos,  según  el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, (Cedice).

Omar Pérez camina ya más tranquilo por la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, al norte de la capital, después de haber recuperado su piso tras una batalla legal que involucró al entonces candidato y ahora diputado chavista Rigel Sergent, quien violentó su apartamento para  restituir por la fuerza a unos supuestos inquilinos que supuestamente habían sido desalojados arbitrariamente por Omar.

"Ese día que fue el año pasado, en el último trimestre del año, unas personas que habitaban ese apartamento se habían ido del país hace más de 8 años y en lugar de entregar el apartamento a mi persona, el dueño del mismo, ellos decidieron dejar el apartamento cerrado y entraron unos familiares de esa persona y se posicionaron del apartamento", relata Omar. Además señala que alquilar en Venezuela es un negocio de alto riesgo

"Porque suceden cosas como las que les estoy diciendo, personas que dejan de pagar, se van al Sunavi (el órgano rector de los arrendamientos de viviendas) supuestamente le dan unos títulos que dicen que son ocupantes legales del apartamento y afectan a la propiedad privada, lo que ha hecho que hayan tantos apartamentos en Caracas cerrados y muchos también invadidos", dice.

Desde la azotea de un edificio en la Candelaria, la urbanización más española de Caracas y tal vez de Venezuela, donde abundan las tabernas, Carlos Rojas, Coordinador del Frente para la Defensa del Norte de Caracas, explica a NIUS que las invasiones en Caracas tienen un claro interés político y económico y nada tiene que ver con el derecho humano a la vivienda.

Sostiene que todo forma parte de una estrategia para "crear cinturones de seguridad alrededor de  instituciones del Estado", un hecho que quedaría demostrado con las 5 edificaciones invadidas alrededor del ministerio de Interior y Justicia y otras en los alrededores del palacio de Miraflores, la sede del gobierno de Venezuela.

"Es crear cinturones de seguridad para que posibles protestas antigubernamentales sean los colectivos que habitan estas viviendas los que repriman a la ciudadanía", sostiene, Rojas.

En 2019 varias ONG como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) e incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunciaron la participación ilegal de los colectivos como una fuerza represiva más del Estado a pesar de que se trata de civiles armados al margen de la ley. En las protesta por el apagón nacional que vivió Venezuela ese año, estos grupos  jugaron un rol estratégico en la represión de los manifestantes opositores  en las zonas populares de Caracas. 

El otro propósito de las ocupaciones ilegales o invasiones aclara Carlos Rojas, es de índole económico. "A las personas que habitan o pasan a habitar estas propiedades invadidas, traídas por los colectivos, son personas que al final le cobran en dólares, el edificio Center Sala, un hotel invadido en el 2019 le cobran 30 dólares a las personas", dice.

Además asegura  que estacionamientos privados en la capital que han sido tomados ilegalmente por los colectivos con el propósito de construir viviendas, ahora funcionan como centros de distribución de los polémicos CLAP, el programa asistencial de alimentación del gobierno, que la oposición denuncia, se ha convertido en un mecanismo de control. "Convierten los edificios invadidos en centros de distribución para entregas de las bombonas de gas  y esto le da a los  colectivos un control político y social de la zona", destaca, Carlos.