La justicia argentina condena a ocho represores por más de 800 crímenes durante la dictadura
El tribunal ha establecido penas de entre seis años de cárcel y cadena perpetua
La Justicia argentina ha condenado a ocho represores a penas de seis años de prisión y cadena perpetua por cometer delitos de lesa humanidad contra 816 víctimas durante la última dictadura (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de torturas de la época.
Los ahora condenados, a quienes se acusa de secuestros, torturas, robo de menores u homicidios, tenían su base en la ESMA, uno de los principales centros de detención clandestinos que funcionaron durante la dictadura militar, por donde se estima que pasaron cerca de 5.000 personas, y donde también funcionó una maternidad clandestina que sirvió de base a la apropiación sistemática de bebés durante la dictadura.
El juez ha indicado que los hechos juzgados en el proceso "son constitutivos de crímenes de lesa humanidad" y "por ende son imprescriptibles", si bien no aceptó la petición de una de las querellantes de aplicar la tipificación de genocidio.
Dos años y medio de juicio
Después de dos años y medio de juicios, el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires ha establecido penas de cadena perpetua para el oficial naval Carlos Mario Castellví, el exagente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral y el expersonal civil de inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército Miguel Conde, según recoge el medio local Página 12.
Además, se ha condenado a seis años de cárcel al exmiembro de la Armada Claudio Vallejos, el único de los ocho acusados que ha permanecido en libertad durante el proceso judicial; y a quince años a los antiguos suboficiales del mismo cuerpo Ramón Roque, Carlos Néstor, José Ángel Iturri y Jorge Luis Ocaranza. El fallo de esta causa, conocida como 'ESMA IV', se ha dado a conocer a través de una videoconferencia encabezada por el juez Daniel Obligado.
Las mayores penas, la cadena perpetua, han sido para Cabral, quien ha sido condenado por más de 400 privaciones de libertad, 60 homicidios y más de 20 casos de retenciones, sustracciones o ocultación de menores; para Castellví, a quien se acusa de intervenir en distintos secuestros, torturas y asesinatos como miembro del área de Inteligencia del Grupo de Tareas, y para Conde, quien participaba en los interrogatorios en la ESMA y transmitía la información obtenida bajo métodos de tortura.
El sótano era el lugar de tortura, donde se instalaron las oficinas para el trabajo esclavo de algunos detenidos y donde funcionó la maternidad en la que alrededor de 25 secuestradas dieron a luz niños que en su mayoría fueron luego apropiados ilegalmente.