¿Por qué Ecuador ha declarado el estado de excepción?

Las protestas comenzaron tras anunciar el Gobierno un paquete de reformas económicas
Los transportistas, los más afectados por la subida del combustible
Todo el país estará bajo el estado de excepción durante dos meses
Tres días después de anunciar un polémico paquete de medidas económicas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado el estado de excepción en todo el país. El Gobierno pretende ahorrar 1.500 millones de dólares, unos 1.360 millones de euros, al año y para ello ha eliminado de un plumazo el subsidio a los combustibles: duplicando el precio del diésel y aumentando un 30% el de la gasolina.
Una controvertida medida que afecta, sobre todo, a los transportistas que han reaccionado bloqueando las carreteras que unen las principales ciudades con camiones, piedras y neumáticos en llamas. También cientos de taxistas han usado sus coches para cortar el paso en las principales calles de la capital, Quito. A las protestas se han sumado varios sindicatos, grupos estudiantiles y movimientos indígenas.
Estado de excepción durante 60 días
Las movilizaciones contra la decisión del Gobierno han acabado en violentos enfrentamientos con la policía. Este jueves en la capital, Quito, un grupo de manifestantes ha intentado sitiar la sede del Gobierno al grito de "¡abajo el paquetazo!". Los agentes respondieron con gases lacrimógenos. Al menos 19 personas han sido detenidas y varias han resultado heridas.
Las autoridades han decretando el estado de excepción en todo el país durante los próximos 60 días para garantizar "el orden, la tranquilidad y la seguridad" y atajar el caos y los saqueos. Desde el miércoles se han suspendido las clases en los colegios y universidades y no hay transporte público.
Subsidio en vigor durante 40 años
El Gobierno ha defendido sus medidas económicas, argumentando que son necesarias para levantar la economía del país y acusa a los manifestantes de tratar de "desestabilizar el país". El subsidio de los combustibles en Ecuador ha estado vigente desde hace más de 40 años y ha propiciado el contrabando, según las autoridades ecuatorianas. El Gobierno quiere reducir así el déficit fiscal, estimado en 3.600 millones de dólares en este año, a menos de 1.000 millones de dólares para 2020.