La pandemia y la crisis disparan los abortos clandestinos en Venezuela: "Prefería morirme que tenerlo"

Karina pasó tres días abortando sola en su casa del centro de Caracas. Tiene 24 años, es enfermera, pero se dedica a la economía informal, a vender lo que puede, porque gana más así que atendiendo vidas. La suya, cuando no sabía si aquel aborto en secreto en el baño de su casa lleno de sangre y dolor era normal o podía morir en cualquier momento, no la atendió nadie salvo la doctora que le había dado la noticia de que estaba embarazada un mes y medio antes. La atención fue solo telefónica cuando las telecomunicaciones, muy deficientes en el país, lo permitían.

Cuando la médica le hizo la ecografía y le dijo que esperaba un retoño de 8 semanas, Karina se echó a llorar. Es madre soltera de otro niño pequeño y bajo ningún concepto se planteó tener otro hijo. No podía mantenerlo y el padre era un santero ausente. La única familia de Karina en Caracas es su abuela, una señora mayor y religiosa, conservadora y anti aborto, a la que no le contó absolutamente nada.

"En aquel momento prefería morirme que tenerlo", explica casi un año después del que dice que ha sido el peor momento de su vida. "La única persona a la que se lo conté fue a mi madrina de religión (es iniciada en el Evangelio Pentecostal) y me dijo que no tenía porqué abortar, que podía vendérselo a una familia adinerada, que ella me haría el contacto y que podríamos ganar hasta 50.000 dólares. Pero esa solución me pareció peor; yo no podría vivir pensando que tengo un hijo por ahí y dentro de 20 años arrepentirme de haberlo abandonado", dice.

El aborto es completamente ilegal en Venezuela salvo en el supuesto de tratarse de "un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta" (2006: artículo 433). El país caribeño tiene actualmente una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto de América Latina y no hay cifras oficiales sobre abortos, embarazos no deseados o mortalidad materna desde el año 2013.

Son las asociaciones feministas las que dan cifras que sirven de referencia y que hablan de un aumento preocupante de abortos inseguros en Venezuela durante los últimos dos años de crisis económica. La pandemia y la cuarentena también han aumentado drásticamente el número de embarazos no planificados y el deseo de interrumpirlos por parte de las mujeres que contactan a estas asociaciones para pedir información sobre el proceso. En su mayoría tienen entre 18 y 31 años, en un 44% ya son madres y un 46% afirma que desea abortar por motivos económicos porque percibe menos de dos salarios mínimos al mes (actualmente se encuentra en menos de 2 dólares).

El informe Mujeres al Límite presentado en 2019, asegura que cada cuatro partos en Venezuela hubo un aborto en la segunda mitad del año, lo que supuso una media de 15 abortos diarios y un total de 2.246 para ese periodo. Por su parte, el más reciente informe de la organización Faldas-R, que hace acompañamiento a las mujeres que desean abortar en Venezuela y trabajan por su legalización y despenalización, asegura que durante el último año han recibido un total de 1.142 llamadas de mujeres pidiendo información, de las cuales el 56% aseguró no poder acceder a métodos anticonceptivos tradicionales por su alto precio y que el 60% intentó abortar comprando pastillas en el mercado negro siendo víctimas de estafas.

En este mercado ilícito que prolifera en Twitter y en Google es fácil encontrar Cytotec y Misoprostol, las pastillas que se utilizan para interrumpir el embarazo hasta las 10 o 12 semanas de gestación y que no se encuentran en las farmacias venezolanas. Las mujeres desesperadas han llegado a pagar hasta 150 dólares a presuntos vendedores que las estafan con píldoras falsas o caducadas que no les provocan ningún efecto, o que les pueden incluso provocar daños adversos con riesgo para su vida.

Karina estaba al límite del plazo para abortar de manera "segura" cuando se enteró de que estaba embarazada, pero tuvo que enfrentarse a la mayor adversidad a la que se enfrentan las venezolanas que quieren terminar con su embarazo: conseguir el dinero para el proceso. Y eso, en estas circunstancias, es tiempo de oro indispensable para la vida de la mujer, literalmente.

La doctora que le dio la noticia le dijo que ella podía practicarle el aborto, que le costaría 150 dólares y que tenía que conseguir el dinero pronto para que todo fuese correctamente. Pero Karina no tenía dinero y pasó un mes y medio buscándolo desesperada y sin poder acudir a ninguna institución pública; y con la angustia de no poder contar lo que le estaba pasando porque tenía miedo del tabú, del estigma y de la cárcel. "No dormía, me desmayaba por el estrés, no comía, solo pensaba cómo conseguir el dinero. Después de varias semanas pude conseguir la mitad y el resto me lo terminaron prestando", cuenta.

Pero cuando por fin tuvo los billetes en la mano y volvió a la consulta de la doctora, la médica le dijo que ya era muy tarde y que era un riesgo, que no lo quería hacer. Estamos hablando de 13 semanas de gestación. Descartaron las pastillas abortivas y el proceso quirúrgico de aspiración uterina.

Karina cuenta: "La doctora no quería porque me dijo que mi vida corría peligro, que era muy tarde, pero al final con el dinero en la mano accedió. Me dijo que lo único que podía hacer por mí era quitarme el líquido amniótico y que el niño, como no podría respirar, se iba a morir solo y yo lo expulsaría en 48 horas. Me advirtió de que era muy peligroso porque no me aseguraba que eso fuese a pasar realmente o que, si pasaba, podía no expulsarlo entero o tener complicaciones que me provocasen hemorragias internas. Me explicó que lo normal es que necesitase un curetaje (limpieza) en el hospital y que, si no me lo hacía, me iba a morir porque mi cuerpo estaría podrido por dentro. Ir al hospital no era una opción porque como abortar es ilegal me pueden mandar a la policía y meter presa".

Karina se arriesgó y se fue a su casa sin el líquido amniótico, esperando que todo saliese bien y confiando solo en su suerte y en un destino incierto.

Para Suzany González, activista y presidenta de CEDESEX (Centro de Estudios y Derechos Sexuales y Reproductivos), "la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten. Impide que las mujeres pobres lo hagan de manera segura mientras que las que tienen recursos económicos pueden hacerlo sin riesgo para su vida".

González explica que los abortos inseguros se encuentran entre la tercera y la quinta causa de mortalidad materna en Venezuela, situándose como la segunda más alta del continente latinoamericano. "Esto es un problema de salud pública muy grave", sentencia en entrevista con NIUS desde la sede de su oficina en Caracas, donde no han dejado de trabajar a pesar de la pandemia. De hecho, uno de sus estudios más recientes sobre el acceso a métodos anticonceptivos que han tenido las mujeres durante los meses de cuarentena (que continúa en el país caribeño alternando semanas de mayor y menor flexibilización), señala que el 67% de las venezolanas que suele usar métodos anticonceptivos modernos como los preservativos o la píldora de ingesta diaria, están viendo afectado ese acceso por la situación de cierre del país. "Eso se traduce en que cada vez se están usando más métodos muy poco fiables como el método del ritmo (contar los días del ciclo menstrual) o la interrupción del coito”, asegura la activista.

"Además, ONGs como PLAFAM (Asociación Civil de Planificación Familiar) cerraron sus puertas durante la cuarentena y solo ahora están volviendo a abrir poco a poco. Eso, sin duda, ha afectado mucho", añade. PLAFAM ofrece a precios moderados asesoría anticonceptiva y dispensa métodos para evitar el embarazo a un costo razonable en comparación al mercado común, donde un preservativo puede costar un dólar o más, y una caja de pastillas de la píldora mensual puede llegar hasta los 20 dólares. La salud sexual no es una prioridad para las mujeres en un país donde el salario híper devaluado se asfixia para conseguir bienes básicos y de primera necesidad como la alimentación o medicamentos de enfermedades graves, urgentes o crónicas.

Al segundo día de esperar sola en casa a que pasase algo, Karina empezó a sentir molestias en la tripa. Le había pedido a una amiga que se quedara al cargo de su hijo por lo que pudiera pasar. "Me tomé una pastilla para el dolor y me eché a dormir". Era un jueves por la mañana muy temprano.

Cuando se despertó estaba llena de sangre: "Era como orine, pero era sangre. Fui al baño y me senté en la regadera (bañera) y me asomé para ver qué estaba pasando… Cuando miré… Dios mío…". Hace una pausa y su rostro denota un recuerdo imborrable: "Salió completo. Creo que era una niña. Era muy grande. Me puse a llorar, no sabía que hacer y no paraba de sangrar. Me daba miedo morirme desangrada. Lo envolví en una toalla y lo tiré a la basura".

Pasó tres días más expulsando los restos del embarazo frustrado de su cuerpo, sin apenas fuerzas para preparar cualquier cosa para comer, pero obligada a hacerlo para reponer el agotamiento exhausto de su físico indefenso y mantenerse en pie. Cuando sentía más dolor o pensaba que algo no iba bien llamaba a la doctora por teléfono que le daba las indicaciones previstas. Y así pasaron las horas eternas en el duermevela del no saber si la vida continuaba hacia adelante o se estaba despidiendo poco a poco de todo mientras seguía expulsando coágulos muertos de su interior. "Si el aborto fuese legal en Venezuela yo no habría tenido que pasar por esto", dice una Karina convencida como nunca de que algo urgente tiene que cambiar en el país al respecto.

La ilegalidad del aborto ha fomentado la proliferación de clínicas y consultas clandestinas de mayor o menor confiabilidad. La del doctor William Izaguirre, que dice ser ginecólogo desde hace más de 30 años, los mismos que lleva practicando abortos quirúrgicos en Venezuela, se encuentra cerca de una clínica privada conocida en Caracas. Hasta él se llega a través de contactos de confianza y en su consulta se pide cita previa a través de su asistente y enfermera, Mercedes, en un horario telefónico muy restringido, de apenas dos horas al día. El doctor solo acude físicamente al consultorio una vez que la paciente embarazada también acude para realizar una primera ecografía y evaluar la situación. El resto de información se da por teléfono o la da Mercedes. El aborto con él cuesta 800 dólares en efectivo.

Mercedes dice que no tienen miedo de que les detenga la policía. "Tenemos protocolos de seguridad. Tenemos vigilantes y todo se hace a puerta cerrada. Cuando la paciente llega tratamos de que esté tranquila, de que no grite y de que haya un ambiente prudente donde todo fluya". La enfermera explica que todo el proceso no dura más de 30 minutos y que una vez terminado la mujer puede irse tranquila a su casa "sin restos de sangre". Echa la culpa de la situación de vulnerabilidad de las mujeres embarazadas que no desean continuar con el proceso de gestación al gobierno conservador de Nicolás Maduro y a la Iglesia como institución proveedora de valores retrógrados en una sociedad cada vez más hipócrita, a su juicio, en el país caribeño.

En este consultorio clandestino utilizan la técnica de aspiración uterina y no practican abortos con Cytotec o Misoprostol (es el genérico de la primera), las pastillas más conocidas y recomendadas para realizar un aborto seguro. Pero la gran mayoría de mujeres prefiere acudir a las píldoras por la "limpieza" y confiablidad que ofrecen para abortar en casa. Su forma de uso y cantidad requerida variarán dependiendo de las semanas de embarazo.

Debido a las dificultades para encontrarlas de manera legal y segura en Venezuela, se ha expandido en gran medida y sobre todo durante los últimos años de crisis, el mercado negro para conseguirlas en internet. Es muy fácil para cualquier mujer googlear o buscar en redes sociales como Twitter dónde comprarlas por esta vía. En seguida salen en la web multitud de números de teléfono de presuntos médicos o dispensadores del medicamento que aseguran ser profesionales que las importan de otros países como República Dominicana o Ecuador, burlando las aduanas venezolanas o simplemente afirmando pagar una "coima" o "vacuna" (dinero) a los militares que las custodian para que les permitan pasar las pastillas a territorio nacional.

Los vendedores dan toda la información por teléfono, Whatsapp o mensaje de texto y suelen pedir entre 10 y 20 dólares por cada pastilla. De media, una mujer puede necesitar entre 4 y 8. Ellos mismos aseguran que solo trabajan con originales y en sus mensajes telefónicos advierten de que "están circulando peligrosas imitaciones de este producto a un precio más bajo". En otro texto aseguran que la paciente "recibirá asesoramiento médico telefónico durante todo el proceso" y que sus precios "son la seguridad de que está comprando la original para la solución de su problema. Su salud es lo primero". Dentro de Caracas ofrecen quedar a la luz del día en una zona pública que le venga bien a la paciente o incluso hacen servicio a domicilio.

Durante la conversación, incluso, pueden llegar a transmitir mensajes de ánimo ante la incertidumbre y los miedos que suele manifestar la mujer. "No es algo tan feo como pueda parecer en internet. Siguiendo los pasos es como una menstruación fuerte". Mensaje real.

La asociación feminista Juntas nos Cuidamos es la única que dispensa estas pastillas en algunas zonas de Venezuela y lo hace a cambio de precios simbólicos, alguna ayuda "voluntaria" o incluso de manera gratuita si la mujer se encuentra en un estado económico pauperizado.

Para realizar este trabajo, importan los medicamentos de países donde sí son legales y siguen un estricto protocolo de seguridad para evitar posibles investigaciones policiales encubiertas que terminen con ellos en la cárcel. Jesús Gutiérrez, activista de la organización, asegura que llevan siete años repartiendo las pastillas abortivas entre cientos de mujeres y que "por suerte, nunca hemos tenido ningún problema con las autoridades".

Reconoce, sin embargo, que sienten "terror" por lo que pueda pasar, aunque eso no va a impedir que continúen haciendo una labor que consideran imprescindible para reivindicar los derechos reproductivos de la mujer en Venezuela, completamente pisoteados e ignorados en la actualidad.

Karina no ha vuelto a pensar mucho en el aborto que, por suerte, dentro de lo (muy) malo, salió bien. Ni siquiera lo sabe la pareja actual con la que lleva unos meses saliendo y con la que está planeando mudarse a Chile. "Todavía es pronto para decidir, pero vamos a ver. En Venezuela ya no nos queda ningún futuro". Después de su experiencia decidió colocarse un anticonceptivo subdérmico en el brazo. Tuvo que vender mucho y trabajar muchas horas extra para conseguirlo, pero durante un tiempo no tuvo otra prioridad. "No quiero volver a pasar por aquello. No quiero volver a sentir que me estoy muriendo y que nadie va a hacer nada por mí".