Marruecos rechaza devoluciones de no nacionales

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska hizo el viaje a finales de noviembre. La comisaria europea de Interior Ylva Johansson a principios de diciembre. Llegaban a Rabat en un esfuerzo coordinado para hacer que el Reino alauita se comprometiera a frenar la salida de cayucos y a aceptar las devoluciones de aquellos migrantes que consiguieran alcanzar costas españolas. No sólo los marroquíes. Madrid y Bruselas buscaban que Rabat se hiciera cargo de los migrantes que habían pasado por su territorio aunque no fueran sus nacionales.

A cambio, Johansson prometió al Gobierno marroquí que la Unión Europea flexibilizaría la concesión de visados a ciudadanos marroquíes para visitar Europa. Es la misma promesa que se hizo hace cuatro años a Turquía y que nunca se cumplió.

La comisaria abría la puerta a un aumento de la emigración legal marroquí: “La Unión Europea necesita inmigración. Somos una sociedad que envejece, necesitamos migrantes, pero los ciudadanos europeos están un poco preocupados por las llegadas irregulares”. La flexibilización de la entrega de visados llegaría después como un premio por el control de fronteras y la aceptación de los deportados.

Marruecos no quiere ser gendarme

Marruecos dijo no. No hará de gendarme para Europa. En una carta enviada a la comisaria Johansson este martes, el Ministerio de Interior marroquí rechaza aceptar la devolución de ciudadanos de terceros países aunque estos hayan pasado por su territorio para llegar a Europa. Fuentes comunitarias explicaron a NIUS que el Gobierno marroquí dijo a Bruselas que se hará cargo de sus nacionales pero no de otros.

Desde 1992 existe un acuerdo entre España y Marruecos por el que el Gobierno marroquí se compromete a aceptar a nacionales de terceros países que hayan llegado a España desde su territorio siempre que lo hayan hecho a Ceuta y Melilla.

La Comisión Europea ha pagado en los últimos tres años a Marruecos casi 350 millones de euros para contener la inmigración irregular. Según los datos que el Ejecutivo europeo hizo públicos cuando la comisaria viajó a Rabat, ese dinero iba destinado a programas de formación policial contra las mafias.

El Gobierno marroquí dijo a Johansson que cada año readmite a unos 15.000 de sus ciudadanos que llegaron a Europa de forma irregular y que este año ya ha impedido el viaje a un total de 32.000 personas, nacionales y no nacionales incluidos. Es la mitad que en 2019. Según la Organización Internacional de las Migraciones, un organismo de Naciones Unidas, sólo este año podrían haber muerto un mínimo de 800 personas cruzando ese brazo de mar en el Atlántico. 

Cambio de rutas

El mayor control, casi cierre de otras rutas migratorias en el Mediterráneo, desde Turquía hasta Marruecos pasando por Libia y Túnez, hizo que la presión saltara a la ruta que une el sur de Marruecos y el Sáhara Occidental con las Islas Canarias. Además, los efectos de la pandemia en las economías africanas, que también se han quedado sin turistas, empujan a miles de jóvenes a la emigración por la ruta más peligrosa de todas las que unen África y Oriente Medio con territorio europeo.

Unas 20.000 personas han llegado este año de forma irregular a Canarias desde la cercana costa africana. Diez veces más que el año pasado. Los cálculos de la Comisión Europea aseguran que la mitad aproximadamente son ciudadanos marroquíes, que su país debería aceptar si recibieran una orden de expulsión. El resto son nacionales de terceros países, que ahora Marruecos rechaza.

En su visita a Rabat, la comisaria Johansson había dicho: “Tenemos una buena cooperación con Marruecos cuando se trata de migración, tanto en la lucha contra las mafias como en las devoluciones, pero siempre se puede mejorar”. Marruecos no parece por la labor.