Prisiones en Estados Unidos: Covid, migrantes, negocio y racismo

Casi 14.000 reclusos y más de 5.000 trabajadores de prisiones han dado positivo por coronavirus en el país con mayor población carcelaria del mundo. Esta es una cantidad pequeña en proporción a los 2,3 millones de personas que están privadas de libertad en Estados Unidos y que suponen una cuarta parte de todos los presos del mundo, pero no deja de ser una bomba de relojería que ya ha dado lugar a fallecimientos, disturbios y excarcelaciones de miles de prisioneros para evitar males mayores.

Grupos de defensa de presos han denunciado que podría haberse hecho algo más al respecto de la puesta en libertad de reclusos no violentos y de aquellos cercanos al cumplimento de sus condenas. También en cuanto al mantenimiento del distanciamiento social necesario para evitar contagios y la dotación de personal y material médico. Pero el complejo sistema carcelario de este país, compuesto por centros propiedad del gobierno federal, instituciones privadas y una infraestructura inmensa para la detención de inmigrantes, ha provocado que la epidemia esté siendo aún más difícil de gestionar.

A pesar de la reforma aprobada a finales de 2018, la más importante en décadas, realizada por la administración de Donald Trump con el fin de reducir la población carcelaria, Estados Unidos sigue destinando enormes cantidades de dinero a este sistema (80.000 millones de dólares anuales, según un informe de la organización Corrections Accountability Project - Proyecto para la Transparencia de los Centros de Detención, CAP-). De estos, mas de la mitad van destinados a contratistas intermediarios entre los que se encuentran empresas de seguros de salud para los reos o proveedores de comida.

La aprobación por abrumadora mayoría de esta ley, denominada First Step (Primer Paso), consiguió poner de acuerdo tanto a demócratas y republicanos como a organizaciones ultraconseradoras y progresistas pero su impacto final ha sido modesto en la reducción del número de presos. La razón es que sólo afecta al sistema federal de prisiones, que acoge a menos del 10% del total nacional del número de personas privadas de libertad.

Dicha ley fue concebida para acabar con las leyes surgidas en los años 80 que establecieron cárcel de por vida para las personas que hubieran cometido tres delitos. En una época en la que el consumo y tenencia de de crack se extendió como la pólvora y con ello la delincuencia, la población reclusa aumentó de forma drástica al mismo tiempo que los gastos de mantenimiento del sistema.

De manera parecida aunque por otros motivos, el número de personas en centros de detención de inmigrantes también se disparó entre 2003 y 2019. De un número medio diario de 20.000 personas se pasó a 50.000, respectivamente. La razón no fue el aumento de personas que cometieron delitos sino los cambios en las políticas migratorias. Todo ello, sumado a la disminución de excarcelaciones de personas migrantes por el actual gobierno, da lugar a las altísimas cifras de personas privadas de libertad. Y es que el número de personas que cumplían condena en cárceles privadas, contratadas por el gobierno federal, aumentaron casi un 1000% sólo entre 1999 y 2014.

En 2016, con el fin de hacer desaparecer las cárceles privadas del sistema penitenciario federal y bajo el gobierno de Obama, también se inició un proceso para la eliminación gradual de contratos entre el Departamento Federal de Prisiones y las instituciones privadas. El objetivo era, de nuevo, reducir la población carcelaria pero también acabar con la baja calidad de los servicios. Pero en 2017, ya con Trump en el poder, el departamento de Justicia dio marcha atrás. Desde ese momento, tanto Geo Group como CoreCivic, las dos compañías más grandes de cárceles privadas de los Estados Unidos, pasaron a ser los principales proveedores de servicios de detención para las agencias estatales involucradas en la regulación migratoria. Ambas empresas han aumentado sus beneficios sustancialmente debido también al incremento del número de presos. De hecho, según la organización CAP, el 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal son propiedad de empresas privadas y esta cifra van en aumento según se dispara el número de migrantes detenidos.

Hay que tener en cuenta que las personas privadas de libertad constituyen una fuerza laboral importante ya que son unos 870.000 presos los que trabajan. Su trabajo implica el mantenimiento de las prisiones en las que se encuentran recluidos, con un salario medio en las prisiones estatales de 18 céntimos de euro a la hora y de 26 en las prisiones federales.

El ahorro de estas compañías al respecto de los costes labores es enorme ya que no están obligadas a pagar el salario mínimo, los permisos por enfermedad o las horas extras. La industria correccional desarrolla también programas laborales para los reclusos a través de la creación de muebles, uniformes y artículos de limpieza destinados a otras agencias del gobierno.

Ello se suma al Programa de Certificación para la Mejora de la Industria Penitenciaria (PIE), surgido en 1979 por la presión de los sindicatos, para facilitar que compañías con fines lucrativos establezcan fábricas dentro de las cárceles y contraten a las personas recluidas como empleados. Pero este programa es muy reducido en comparación con la cantidad de mano de obra que proporcionan las prisiones, que en realidad funcionan como una fuente de mano de obra barata.

Un último punto a tener en cuenta es la desigualdad racial en la población reclusa de Estados Unidos que, según el Pew Research Center, es alta. Ya en 2017 las personas afroamericanas suponían el 33% del total, mientras que las hispanas ocupaban un 23% y las blancas un 30%. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de población blanca en el país supera el 64% y el de la ciudadanía negra el 13%, veremos que el índice de encarcelamiento es seis veces más alto en esta última.

Un último agravio para un colectivo que clama por sus derechos, también en el sistema carcelario, y que además se ve especialmente afectado por la pandemia del covid-19. Quizá todo ello ayude a comprender el estallido de rabia que en la actualidad recorre el país.