La represión en China amenaza la celebración de las Olimpiadas de Invierno en Pekín, advierte HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) ha enviado este lunes una misiva al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la que le ha advertido de que "el aumento de la represión del Gobierno chino desde Xinjiang hasta Hong Kong" amenaza su capacidad para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2022.

El clima de Derechos Humanos en el país supone un motivo de preocupación para la celebración de los juegos en China, tal y como ha detallado la organización en un comunicado, que ha señalado la falta de libertad de los medios de comunicación y de Internet, el encarcelamiento de más de un millón de musulmanes en campos de "educación política" y la falta de transparencia. Asimismo, ha señalado la situación en Hong Kong y el aumento de las restricciones a la libertad de expresión.

Ante estas violaciones y represión, "el COI debe llevar a cabo inmediatamente una sólida diligencia en materia de Derechos Humanos en torno a los preparativos de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 y explicar sus esfuerzos para gestionar los riesgos para los Derechos Humanos relacionados con los Juegos antes de febrero de 2021".

La dictadura comunista ha procesado a numerosos activistas y periodistas con cargos infundados, ha perseguido a los musulmanes turcos en Xinjiang y a otras minorías étnicas y ha desmantelado drásticamente las libertades en Hong Kong. La organización también ha denunciado que las autoridades chinas utilizaron los juegos de 2008 para justificar una importante expansión del aparato de seguridad nacional y la inversión y promoción de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial, lo que "permitió una mayor represión durante la siguiente década".

En ese entonces, "el COI guardó silencio", ha asegurado la directora de China de HRW, Sophie Richardson, y ha asegurado que la adopción de nuevas normas requiere una acción significativa y decisiones difíciles, o de lo contrario es sólo un insulto a todos los que sufren las violaciones masivas de derechos de Pekín", en referencia a la publicación a principios de año de un decálogo del COI en materia de Derechos Humanos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas restricciones a la expedición de visados para los funcionarios chinos a los que consideren cómplices de "políticas o medidas destinadas a reprimir" prácticas religiosas, grupos étnicos minoritarios y defensores de los Derechos Humanos.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha asegurado que "los gobernantes autoritarios de China imponen restricciones draconianas a las libertades de expresión, religión o creencia, asociación y el derecho de reunión pacífica del pueblo chino".

Estarán sujetos a estas restricciones los funcionarios chinos que haya sido "cómplices" de "reprimir a los practicantes religiosos y espirituales, los miembros de grupos étnicos minoritarios, los disidentes, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los organizadores laborales, los organizadores de la sociedad civil y los manifestantes pacíficos".

Además de los propios funcionarios, sus familiares también podrán estar sujetos a restricciones adicionales. Esta medida, según ha resaltado Pompeo, tiene el objetivo de responsabilizar del "aumento de la represión" al Partido Comunista Chino (PCC), y se enmarca en una estrategia llevada a cabo por el Departamento de Estado durante 2020 en la que se han impuesto restricciones de visado y sanciones financieras a "los funcionarios del PCC involucrados en los horribles abusos que se están produciendo en Xinjiang, las restricciones de acceso a Tíbet y la destrucción de la prometida autonomía de Hong Kong".