Estados Unidos une sus fuerzas contra los efectos adversos de la pandemia

Tras la autorización de las primeras medidas de ayuda siete meses atrás, un buen número de reuniones muchas veces tensas entre republicanos y demócratas, y veinte millones de parados después, finalmente ha sido posible un acuerdo para poner en marcha la segunda entrega del paquete de rescate que podrá ayudar a los estadounidenses a superar la recesión provocada por la crisis del COVID.

No ha sido tarea fácil pero la desaceleración de la primera economía del mundo, que ha visto cómo el 40% de sus desempleados se han convertido ya en parados de larga duración -tras haber superado los seis meses sin empleo- y el aumento del déficit de su balanza comercial un 1’7% más el último mes de octubre, entre otros datos desfavorables, ha provocado el acuerdo entre los comités de los dos principales partidos, los cuatro líderes del Senado y la Cámara de Representantes.

Y todo ello se ha producido en mitad del proceso de traspaso de poder de una administración de gobierno a otra, con una forma muy diferente cada una de ella de cómo reactivar la economía. Así, cuando Biden entre en la Casa Blanca tendrá que afrontar la recuperación de un país con una contracción del 4’3%, en base a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque intentará hacerlo de forma diferente al gobierno anterior, con una subida de impuestos a las grandes compañías, el aumento de la inversión en infraestructuras y del salario mínimo para afrontar también las desigualdades.

Pero eso será después de que entre en vigor esta segunda entrega que anunció el pasado domingo, visiblemente contento, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. “Para información de todos los senadores y, más importante aún, del pueblo estadounidense, finalmente podemos informar lo que nuestra nación necesitaba escuchar desde hace tiempo: ya hay más ayuda en camino”, dijo tras el acuerdo.

Este pacto supone un conjunto de ayudas a pequeñas empresas, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago, que incluyen beneficios de desempleo por 300 dólares semanales, unos pagos adicionales reducidos de 600 dólares mensuales, ayudas para las escuelas, los alquileres o las pruebas del coronavirus y créditos rápidos. Dichas medidas se unen a los cheques de 1.200 dólares que ya autorizó Donald Trump a todas las personas trabajadoras de forma legal en el país, el pasado mes de junio, pero que debido a la duración de la pandemia se han quedado cortos para que muchas familias puedan afrontar sus gastos.

Ese primer rescate, que se completó con otro tipo de ayudas a hospitales y empresas, supuso una inversión de tres billones de dólares y permitió un respiro a los ciudadanos en los primeros meses. Sin embargo, en estos momentos no solo hacen falta más estímulos económicos sino medidas que permitan una contratación más dinámica de personas que han perdido su trabajo, ya que en estos momentos la proporción de personas desempleadas de larga duración es la más alta desde hace siete años.

De hecho, hay dos programas federales de estímulos que expiran a finales de este mes y ponían en grave riesgo las ayudas por desempleo de unos 9 millones de personas, tras las fechas navideñas. Si estos 900.000 millones de dólares no hubieran sido aprobados, muchos ciudadanos habrían caído en una situación de extrema vulnerabilidad.

Y es que con la actual recesión en la que está sumergida el país, era necesaria otra inyección. Con un mercado laboral que no acaba de remontar el vuelo, una población que se resiste al consumo y unas altas dosis de incertidumbre, la economía más grande del mundo (con un valor de 21’5 billones de dólares) ha visto decaer su poderío, al igual que la de muchos países de su entorno.

La pandemia ha golpeado de forma desigual a sus casi 327 millones de habitantes pero el consumo privado de todos ellos, que conforma el 70% del total de su Producto Interior Bruto (PIB), ha disminuido haciendo que las ganancias que generaba ese enorme mercado interno haya disminuido afectado a muchos de ellos (hasta un 9% en el segundo trimestre del año).

Otros datos que no invitan al optimismo a corto plazo es su deuda pública, ya que Estados unidos es el país más endeudado del mundo. El año pasado acabó con un déficit de 23 billones de dólares, un 110% de su PIB, por primera vez en la historia y este año se espera que tanto la deuda como el déficit aumenten. De nuevo, las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el país no son buenas y auguran un déficit del 15’45% en 2020 y un 8’64% en 2021.

Para salir de esta situación, los planes de la administración Biden pasan por un plan de estímulo económico, a corto plazo, con inversiones de entre dos y tres billones de dólares, préstamos flexibles a las empresas y un aumento de las prestaciones por desempleo, hasta que los datos de este indicador mejoren. Aunque para ello necesitará la aprobación de un Senado que, tanto en este momento como más adelante puede ser de mayoría republicana, lo que hará muy difícil que Biden sea capaz de sacar adelante sus planes. A no ser que, como en este caso, la clase política ponga por delante el bien común a sus dogmas ideológicos. Algo que, al fin y a cabo, sería bueno para todos los estadounidenses.