El caso de Iñaki Urdangarín y los escoltas que le suben la comida

Era martes, 25 de enero, cuando una treintena de periodistas esperaban en la puerta del despacho de abogados donde trabaja en Vitoria el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. Poco antes, la revista Lecturas había publicado las fotos de una escapada de fin de semana donde Urdangarin paseaba por una playa francesa. Pero la noticia estaba en que el cuñado de Felipe VI aparecía en las fotos de la mano de una mujer que no era la suya.

Los periodistas se agolparon entonces frente a la puerta del despacho, con la esperanza de que Urdangarin y su nueva pareja bajasen a comer y se dejaran preguntar ante las cámaras. Estrategia fallida. Fue uno de los escoltas del exduque de Palma el que bajó a la calle y subió comida al despacho para que Urdangarin no apareciese ante la prensa. Un papel que ha gustado poco a los profesionales de este tipo de servicios.

“Un escolta está para dar seguridad y protección, no para recoger a los niños del colegio, para llevar las maletas o para traer la comida. En este caso solo estaría justificado si hay riesgo de que alguien pueda manipular esas bolsas o que pueda echar veneno en la comida o alguna cosa parecida, pero no porque haya 30 periodistas en la calle”, explica un agente con dilatada experiencia en el servicio de escoltas.

En el caso de Urdangarin, por el momento su escolta depende todavía de la Comisaría Especial de la Casa Real, el organismo que se encarga de la seguridad de la familia de Felipe VI y que depende de la Jefatura Central de Operaciones de la dirección de la Policía Nacional. Este organismo coordina los servicios de vigilancia y seguridad de Presidencia del Gobierno, las comisarías del Congreso y Senado o la seguridad del Consejo General del Poder Judicial o la Audiencia Nacional.

Por otro lado, es la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional la que se encarga de los servicios de escolta del resto de los cargos públicos y las personas de cualquier índole que por su nivel de amenaza llevan también una escolta de seguridad pagada con dinero público.

Una escolta no es un séquito. No está pensada para aportar una imagen de importancia a quien la lleva sino para garantizar su seguridad. Y por eso, es la Secretaría de Estado de Interior tras los análisis pertinentes de seguridad y amenaza quien pone y quita escoltas. Quien autoriza los dispositivos de seguridad y decide retirarlos cuando consideren que la amenaza ha pasado. En el caso de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, son cerca de 15 agentes los que forman su seguridad personal, que se organiza en dos círculos y en turnos semanales. De forma tradicional, la escolta de la infanta Cristina ha sido uno de los destinos preferidos dentro de la Comisaría Especial de Casa Real, ya que cada semana de trabajo conlleva además una semana completa de dietas al cumplir el servicio fuera de España.

En el caso de Urdangarin y tras su salida de prisión, son cuatro los agentes que forman su servicio de escolta según fuentes conocedoras de estas labores, que se estipulan en parejas. El destino también es atrayente ya que los agentes duermen durante el servicio y según las mismas fuentes en una residencia policial ubicada en el Cuartel de Betoño, que cuenta con gimnasio y sauna entre otras comodidades. “Había también un bar dentro, pero ya lo han cerrado”, explica otro agente que frecuentaba estos servicios.

En principio, el mantenimiento o no de la escolta debería depender de las evaluaciones de seguridad que realice la Secretaría de Estado de Interior, y no del estado civil en el que se encuentre Iñaki Urdangarin. Sin embargo, hay un precedente muy similar que podría servir de guía. Cuando Jaime de Marichalar se divorció de la infanta Elena, no dejó de tener escolta, pero el servicio pasó a depender de la Unidad Central de Protección y dejó de estar bajo el paraguas de la Comisaría Especial de la Casa Real.

De hecho, Marichalar mantuvo la escolta durante varios años tras su separación de la hija mayor del rey emérito, aunque en la actualidad ya no necesita de esa protección, según la valoración del Ministerio del Interior.