Madrid no prohibió las manifestaciones hasta el estado de alarma para evitar denuncias en los juzgados

“No la desconvocamos. Pedimos la prohibición expresa de la delegación del Gobierno”. Esa fue la respuesta, según su declaración judicial, que el jefe de servicio de la Delegación del Gobierno de Madrid recibió cuando llamó a los responsables del sindicato ASAJA  en Extremadura para que anularan la manifestación que tenían prevista en la capital en fechas cercanas al 8-M. De hecho, los dos responsables de la Unidad de Seguridad Ciudadana se repartieron los números de la treintena de actos convocados entre el 11 y el 23 de marzo para intentar que los convocantes anularan las convocatorias por propia iniciativa ¿El motivo de esta práctica nada habitual? Evitarse una cascada de recursos en los juzgados tras haber autorizado ya las concentraciones, tal y como explica otra de las funcionarias: “No lo vio raro porque la práctica habitual es que la Delegación de Gobierno no cancela prácticamente ninguna reunión y de haberlo hecho habrían recibido recursos como en otras ocasiones. Por eso mismo se llamó por teléfono a los convocantes para que fueran ellos quienes lo hicieran”. En algunos casos, esas llamadas llegaron ya con los empleados de la delegación trabajando desde casa por miedo al contagio.

El testimonio de parte de la plantilla está incluido en el informe ampliatorio que la Guardia Civil envió el pasado día 1 de junio al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga al delegado del Gobierno en la capital por un posible delito de prevaricación al permitir la manifestación feminista del 8-M y prohibir otro tipo de actos. De hecho, los agentes del Instituto Armado preguntan varias veces en sus pesquisas por el hecho de que entre los escasos actos que se prohibieron en fechas próximas estuviera otra concentración que afectaba directamente a un miembro del Gobierno. Una protesta frente a la vivienda del vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias. “Ponderamos que se vulneraba su derecho a la intimidad”, explica el número dos de la Unidad de Seguridad Ciudadana a los agentes. 

Uno de los casos que más llamó la atención de los funcionarios fue una protesta prevista para el lunes 16 de marzo por un colectivo de pensionistas. Tras ser alertados del riesgo de contagio y con el decreto de alarma ya publicado en el BOE desde hacía 48 horas, los convocantes decidieron -según la versión de la funcionaria aportada en su declaración- mantener la protesta. Y eso incluso después de que ella insistiera en “que hay una emergencia sanitaria, que son pensionistas y por tanto más vulnerables y con riesgos elevados”. Aun así y según la misma fuente, siguieron adelante. 

En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los miembros de la unidad que aprueba o rechaza las manifestaciones coinciden en una cosa: que no hubo reunión alguna con ellos antes del 8-M ni en fechas posteriores para explicarles la gravedad de la pandemia, o para darles instrucción alguna sobre la posibilidad de contagio en estos actos multitudinarios. De hecho, la mayoría explica que todas las noticias que han tenido hasta la aprobación del decreto de alarma fueron gracias a los medios de comunicación, y nunca de forma oficial, excepto por un correo remitido el pasado 13 de marzo. 

Lo que sí reconocen varios de los testigos es que la Delegación del Gobierno tenía en sus dependencias colgados varios carteles con medidas preventivas tanto para ellos como para los ciudadanos que acudían a sus instalaciones desde hacía días. “Que cree que a partir del 8-M, todo el personal de la Delegación de Gobierno empezó concienciarse al ver el índice de contagios que hubo en la manifestación”, explica otra de las funcionarias al ser preguntado por los agentes. “Durante la semana del 2 al 8 de marzo escuchó al resto de sus compañeros y director de su Unidad, que se avecinaba una situación de crisis sanitaria que pudiera colapsar el sistema sanitario”, mantiene la misma testigo. “Que si hubiera tenido más información hubiera pensado diferente”, explica otro de los funcionarios sobre el hecho de que su unidad permitiera la manifestación del 8-M y el resto de las convocatorias autorizadas para esos días. 

Sin embargo, sí hay un testigo que explica que mantuvo varias reuniones y alertó al sus superiores sobre las posibles consecuencias del Covid-10. Es el jefe de servicio del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad. “A mediados de febrero de 2020 que se reunieron el secretario general, Recursos Humanos, y más personas de la delegación de Gobierno, ya había una conciencia real del problema del Covid. A partir de esa fecha se mantiene reuniones por las consecuencias que iba a tener tanto laborales como a nivel de recursos humanos y problemas sociales”. En concreto el funcionario recuerda una videoconferecia en febrero en la que se solicitaba el distanciamiento social de uno a dos metros. El responsable de Riesgos Laborales, farmacéutico de formación, explica que el primer protocolo sobre el Covid se distribuyó de forma masiva a todo el personal de la entidad pública el pasado 2 de marzo, seis días antes de la celebración de la manifestación. 

“Preguntado para que diga si a la vista de los correos enviados y de las recomendaciones expuestas, así como la ubicación de los carteles informativos considera que el personal de la delegación del Gobierno era consciente y estaba concienciado de los riesgos derivados del covid-19, manifiesta que sí, que teniendo en cuenta todas las fuentes de información (sindicatos, fuentes oficiales tales como el propio servicio de prevención y los medios de comunicación) a principios de marzo eran plenamente consciente, ya que además desde la propia Delegación se le hacían preguntas al Servicio de Prevención relativas al covid-19”, llega a decir el funcionario. “Que como farmacéutico y con cierta formación en el entorno sanitario, considera que a pesar de que se escapa de su competencia laboral, bajo su punto de vista, y por cuestiones sanitarias, esa manifestación no se debería haber celebrado”.  

La respuesta, es similar a la de su subalterno y compañero de departamento, que son diametralmente opuestas a las de los funcionarios preguntados en la Unidad de Seguridad Ciudadana: “preguntado para que diga si a la vista de la información relacionada con el covid-19 existente en la delegación de Gobierno, no le resultó extraño que no se procediera desde la misma a suspender las reuniones/manifestaciones convocadas, manifiesta que sí, que fue todo cuestión de dinero y el no poner restricciones y no alamar. Que ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaba. Manifiesta que si paraban esa manifestación, tendrían que parar todo lo demás. Que además hubo una falta evidente de pruebas diagnósticas, y hubo una falta de rigor en las medidas”.