Las elecciones andaluzas paralizan los tribunales: ni sentencia de los ERE, ni del aborto, ni renovación del CGPJ

Ni están, ni se las espera, al menos hasta después del 19 de junio, el día de las elecciones en Andalucía. Como suele ocurrir cada vez que hay una cita electoral, los asuntos de tribunales que afectan a la política se paralizan hasta que pasan los comicios. Por eso, algunos de los asuntos que más expectativas han generado en los últimos meses, o incluso años, tendrán que esperar un poco más.

La sentencia de los ERE de Andalucía, que afecta de lleno al panorama político de la región, se vio en una vista del Supremo hace un mes, cuando ya estaban convocadas las elecciones. Ya por entonces algunos abogados aseguraban a NIUS que no contaban con un fallo hasta finales de junio o principios de julio.

Tampoco habrá debate sobre la ley del aborto en el Tribunal Constitucional, donde la ley vigente fue recurrida hace exactamente 12 años por el PP (se cumplieron este jueves 1 de junio). Precisamente el tribunal de garantías está pendiente de la renovación de de cuatro de sus magistrados, incluidos el presidente y el vicepresidente, que cumplen nueve años de mandato el 12 de junio. Pero igual que los jueces, no se atisban movimientos entre PP y PSOE para cumplir con ese plazo.

La pausa judicial no es extraña. A pesar de que no es una regla escrita, la mayoría de resoluciones que se emiten en precampaña o campaña no tienen que ver con la política ni son relativas a escándalos que afectan a los partidos que se presentan a la convocatoria. En cuanto a la renovación del Poder Judicial, en parte necesaria para la renovación del TC, parece que el bloqueo de tres años y medio está amortizado, así que no los partidos no tienen prisa.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a Chaves, Griñán, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y otros 17 altos cargos de la Junta de Andalucía del PSOE, tardó dos años y medio en llegar al Supremo.

Por fin, el 4 y el 5 de mayo, los magistrados de la Sala de lo Penal y las partes se reunieron para revisar esa sentencia en la que el expresidente José Antonio Griñán fue condenado seis años de cárcel y Manuel Chaves a 10 de inhabilitación.

Las elecciones habían sido convocadas a finales de abril. La fecha de la vista de revisión ya estaba fijada y se celebró, pero la sentencia se hará esperar. Una condena firme al PSOE, o una absolución, podrían pesar, y mucho, en la voluntad de los electores, y qué duda cabe de que los beneficiados lo utilizarían como arma arrojadiza en campaña. Los jueces lo saben y por regla general, evitan ser parte de la contienda política.

Este jueves, 1 de junio, se han cumplido doce años desde que el PP recurriera la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni el PP la derogó cuando gobernó, ni los magistrados han conseguido llegar a un acuerdo en todos estos años. Hasta tres jueces han estudiado el recurso, pero ninguno lo ha llevado a pleno porque ha visto que no había acuerdo suficiente para sacar una sentencia sólida.

Cuando en noviembre, Pedro González Trevijano fue nombrado presidente, tomó la determinación de que ese recurso se debatiera en pleno de una vez por todas. Sin embargo, no se hará antes de las elecciones, porque también tiene connotaciones políticas y una sentencia en cualquier sentido no sería inocua para los resultados del 19 de junio.

La ponencia está en manos de Enrique Arnaldo, que entró en el TC en noviembre y la heredó de manos de Andrés Ollero, magistrado saliente. La llegada de Arnaldo hizo mucho ruido por distintos artículos que dejaban clara su cercanía al PP y que además había escrito de forma contundente contra la Ley del Aborto.

Está por ver si redacta una sentencia que pueda convencer a la mayoría o que al menos se pueda llevar a debate a los magistrados de un pleno que en julio del año pasado se enfrentaron abiertamente por la constitucionalidad del estado de alarma.

El ruido de sables ha pasado y el foco ya no está sobre Enrique Arnaldo, pero llevar a pleno la sentencia del aborto en víspera de elecciones podría levantar ampollas.

Salvo sorpresa mayúscula, la renovación del Poder Judicial tampoco va a ser antes del 19J, porque para eso, PP o PSOE (especialmente el PP) tendrían que ceder ante su rival, y se antoja difícil que eso ocurra justo antes de ir a las urnas.

El Poder Judicial está en funciones desde hace tres años y medio y afecta a otras como la de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que terminan mandato el 12 de junio. Se trata del Presidente, Pedro González Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.

Dos de sus sustitutos deben ser nombrados por el CGPJ y otros dos por el Gobierno, pero el problema es que el Poder Judicial no puede nombrar jueces mientras siga en funciones.

La duda es si se pueden hacer el nombramiento de Gobierno y aparcar el del Poder Judicial. Distintas fuentes jurídicas consideran que sí se puede, que hay fórmulas. Si ocurre, con toda probabilidad habrá recursos, con lo que en cualquier caso se aplazarían esos nombramientos.

A día de hoy, no es una paralización grave. Sin ir más lejos, los últimos cuatro magistrados en salir del TC, en noviembre, lo hicieron cuando ya habían prorrogado sus funciones más de dos años.