PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2023, los últimos de la legislatura

Fumata blanca. PSOE y Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos de 2023 apurando al máximo los tiempos. Las terceras cuentas públicas de Pedro Sánchez se aprueban este martes en el Consejo de Ministros para poder llevarlas al Congreso de los Diputados de forma inmediata y que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

Los equipos negociadores de los dos partidos han estado negociando durante todo el fin de semana y han prolongado sus conversaciones hasta horas antes del Consejo.

Unidas Podemos había elevado su presión durante los últimos días aunque el acuerdo sobre el paquete fiscal con el impuesto a los ricos como medida estrella facilitó el camino. Podemos se atribuye la reforma fiscal y la vende como "un triunfo enorme" porque la consideran un asunto "estratégico".

Son los Presupuestos con los que el Ejecutivo pretende acabar la legislatura y enfilar la recta final antes de las generales de diciembre del próximo año. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lo dejaba claro este lunes: "En breve tendremos los terceros PGE, en tiempo y forma. Presupuestos cuando tocan y elecciones cuando tocan". De esa forma el número tres socialista zanjaba la posibilidad de "un superdomingo electoral" en mayo haciendo coincidir las generales con las municipales y autonómicas.

Los dos dos socios presumen de que las terceras cuenta públicas del Gobierno de coalición afianzan el gasto social necesario para hacer frente a la crisis económica derivada del impacto de la guerra en Ucrania. Los morados quieren que consoliden el giro a la izquierda del Ejecutivo.

Horas antes de cerrar el acuerdo, desde la sede de Podemos, su portavoz Pablo Fernández marcaba sus exigencias para dar el visto bueno a las cuentas. Desbloquear en el Congreso la ley de vivienda, impulsar una ley de familias con ayudas a la conciliación y derogar definitivamente la llamada 'ley mordaza'.

Finalmente el incremento del gasto militar ha quedado fuera de la negociación presupuestaria según Yolanda Díaz porque la partida no afecta al techo de gasto. Podemos se ha negado de forma insistente a respaldar el compromiso de Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN de aumentar el presupuesto en Defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2029.

Pero es en la ley de vivienda donde Podemos ha puesto la mirada en las últimas horas porque consideran que es la medida clave para que las familias puedan verse aliviadas en su principal gasto, el pago del alquiler. "Depende única y exclusivamente de la voluntad política del PSOE", se quejaba Fernández que recuerda que el texto salió del Consejo de Ministros en febrero y 8 meses después sigue atascado en el Congreso.

Podemos reclamaba al PSOE rebajar el precio de los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional para las familias más vulnerables. Los morados creen que "un Gobierno progresista no puede permitir que la vivienda sea un bien de mercado inaccesible para las mayorías sociales con la que especula una minoría".

Denuncian que los socialistas han comprado el marco y la agenda de la derecha y la ultraderecha al presentar su enmienda antiokupa para poder desalojar a los okupas en 48 horas.

La vivienda es un foco de tensión permanente desde el principio de la legislatura entre PSOE y Podemos. Ya fue una línea roja en los anteriores Presupuestos y ahora se mantiene el desacuerdo. Los morados presentaron en solitario una serie de enmiendas en la Cámara y los socialistas se enfadaron porque consideran que se había roto el consenso alcanzado en el seno del Gobierno donde se habían pactado hasta las comas, dicen fuentes de la parte socialista del Ejecutivo.

El gasto social para ayudar a los más vulnerables es la máxima prioridad para Podemos. Una de sus reclamaciones era revertir los recortes del PP en materia de prestación por desempleo, pero en este apartado su principal reclamación era una nueva ley de familias para que sea más fácil la "conciliación y la crianza".

Han reivindicado una "renta crianza" de 100 euros al mes por cada hijo y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Podemos argumenta que un Gobierno progresista debe garantizar que las familias cuenten con un mínimo de tiempo y de recursos para poder criar a sus hijos de forma "digna y feliz".

Otra línea roja para los morados es la derogación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Ven "inconcebible e inaudito" que lleve más tiempo en vigor con el PSOE en la Moncloa que lo que estuvo con el PP que la aprobó durante la etapa de Mariano Rajoy. Afean a los socialistas que en 2015 asumieron el compromiso de derogarla cuando llegasen al poder y llevan cuatro años incumpliéndolo.

"Por decencia y dignidad democrática", enfatizan, este Gobierno tiene que derogarla porque es "insostenible" que pase un día más con esa legislación en vigor.

Además advertían de que el PGE no podía implicar un incremento del gasto militar. Los morados se han negado de forma insistente a respaldar el compromiso de Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN de aumentar el presupuesto en Defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2029. Piden que todo el gasto vaya a partidas sociales y ni un céntimo más se dedique a "tanques y aviones".

Una vez superado el primer escollo, el de la negociación y el acuerdo con Podemos, a Sánchez le queda el segundo no menos complejo: conseguir el apoyo de sus aliados parlamentarios con los que ya mantiene contactos desde hace semanas. El PSOE necesita el respaldo de sus socios para pasar el trámite debate de totalidad en el Congreso y que los Presupuestos puedan tramitarse. Ahí volverá a ser clave el apoyo de ERC, el PNV, Bildu.