El Gobierno avisa al Constitucional: "Frenar al Congreso sería un atropello institucional"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado este jueves de "atropello institucional sin precedentes" el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional para paralizar su propia reforma legislativa.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a La Palma ha admitido que al Gobierno le "preocupa" la actual situación porque es "absolutamente grave" que se trate de "amordazar" a la voluntad popular que reside en el Congreso de los Diputados.

Ha apuntado que el PP, "cuando no ocupa las instituciones, las bloquea", y ha puesto como ejemplo que "cuestiona la legitimidad del Gobierno" y ha bloqueado los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).En su opinión, la actitud del PP "pone en duda" la democracia y un hecho de esta naturaleza "nunca se había dado" desde un grupo parlamentario, en este caso, "el principal partido de la oposición", criticando también que "se quiera cercenar" la labor del poder legislativo que "representa al pueblo español".Rodríguez ha insistido en que la iniciativa del PP "es un ataque a las instituciones" que revela "la forma de concebir la democracia" que tiene la formación conservadora: "O yo gano o nada vale".

La portavoz ha mostrado su deseo de que el TC "no termine aceptando esta propuesta" dado que el Congreso "es la voz de los españoles" y "ningún otro poder puede cuestionar esa tarea". "Es un atropello institucional sin precedentes, espero que no se produzca", ha agregado.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero habla de "atropello a la democracia", cuando se le ha preguntado en los pasillos del Congreso tras la decisión del Tribunal Constitucional de convocar un pleno extraordinario para decidir si acepta la medida cautelar solicitada por el PP de suspensión del Pleno del Congreso que tiene que aprobar la reforma de las mayorías para la renovación del tribunal de garantías.

También desde la Cámara Baja, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dicho que el Tribunal Constitucional, con el mandato caducado, no puede cuestionar el debate parlamentario, que es "la base de la separación de poderes y de la soberanía popular", emplazando al PP a que deje de "fosilizar e inhabilitar" los órganos judiciales.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tachado igualmente de "gravísimo" lo que está pasando porque, según ha señalado, nunca en democracia se ha dado semejante paso, y ha cargado las tintas en el Partido Popular porque lleva cuatro años "violentando la democracia y los órganos institucionales