El Gobierno habla de "ajustes técnicos" en la ley del 'solo sí es sí': "El consentimiento no se va a tocar ni en una coma"


La portavoz del Ejecutivo asegura que Justicia e Igualdad están trabajando en un ajuste de las penas
Isabel Rodríguez destaca la complejidad de la reforma y defiende que el Gobierno está "orgulloso" de la ley del 'sólo sí es sí'
Reformar la ley del 'sólo sí es sí' no sirve para evitar las rebajas de penas
La reforma de la ley del 'sólo sí es sí' impuesta por Pedro Sánchez está tensando las costuras del Gobierno de coalición por la división entre el PSOE y Podemos sobre cómo abordarla. Desde la mesa del Consejo de Ministros se ha apostado por llegar a un acuerdo entre los socios aunque la determinación del ala socialista de cambiar la ley no tiene marcha atrás. La portavoz Isabel Rodríguez ha intentado tranquilizar a Podemos al afirmar de forma tajante que en ningún momento se ha planteado tocar el consentimiento de la mujer, el núcleo del proyecto estrella de Irene Montero y una auténtica línea roja para los morados.
"El consentimiento no se va a tocar ni en una coma", ha asegurado Rodríguez que ha anunciado que en estos momentos se está trabajando de forma conjunta entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia para hacer "ajustes técnicos". Unos trabajos basados en el aumento de penas. Para la formación morada que dirige la ministra Ione Belarra la propuesta de Justicia de aumentar las penas vinculadas a la violencia o intimidación se carga de facto el consentimiento y vuelve a poner sobre la mujer todo el "calvario probatorio" de si se resistió ante una agresión sexual.
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Moncloa admite que se trata de una reforma muy compleja y que las fórmulas no son fáciles ni sencillas. Ha subrayado que el movimiento se produce ahora después de estudiar con detalle todos los pronunciamientos de la justicia y los efectos no deseados en la aplicación de la ley con hasta 300 rebajas de condenas de agresores sexuales.
Isabel Rodríguez ha defendido que la ley, una reivindicación del movimiento feminista, nació tras la sentencia de La Manada y que el Gobierno está "orgulloso" porque se trata de una "buena ley", pionera en la protección de todas las víctimas de violencias sexuales.