Casado apoyará el estado de alarma si dura 8 semanas para limitar los puentes y salvar la Navidad

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, apoyará el estado de alarma si dura ocho semanas y se modifica de manera urgente la ley de Salud Pública del 86. "Una propuesta generosa" en palabras del propio Casado. El presidente Pedro Sánchez le llamó por teléfono este domingo para que los populares le dieran cobertura en el Congreso pero el dirigente popular no se fía de Sánchez, y evitó darle una respuesta.

"Si Sánchez quiere un gran consenso parlamentario, la alarma tiene que ser tasada en el tiempo y en su alcance. No puede ser para seis meses", ha asegurado el líder de los populares.

Esa respuesta ha llegado durante su intervención en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Casado da su apoyo a Sánchez pero con esas dos condiciones. La primera es que el estado de alarma dure 8 semanas y no 6 meses como propone el Gobierno. Según Casado esto permitiría restringir la movilidad de cara a los próximos puentes vacacionales, pero también "permitiría salvar" la Navidad porque no se prolongaría más allá del 8 de diciembre. También reclama que haya un control parlamentario para que se pueda votar e introducir modificaciones según se vaya necesitando. "No puede estar sujeto a la comparecencia de un ministro en una comisión parlamentaria en la que no se puede votar".

La segunda condición es que Sánchez se comprometa a hacer una reforma exprés de la ley de Salud Pública del 86 para que no sea necesario el estado de alarma para dar seguridad jurídica a las Comunidades Autónomas a la hora de establecer sus propias restricciones para intentar parar los contagios en esta segunda ola de la pandemia. La ministra Margarita Robles ya ha descartado ese plan B jurídico alternativo que exige el PP para sustituir al estado de alarma para gestionar la pandemia.

Pablo Casado ha revelado que su equipo y el de Sánchez se han emplazado a hablar en los próximos días y estudiar las condiciones que pone el PP sobre la mesa para dar su apoyo parlamentario a una medida excepcional.

El líder del PP le ha cogido gusto a alimentar el suspense en torno a sus decisiones y se ha tomado 24 horas antes de dar a conocer qué votará su partido esta semana respecto a una medida menos dura que cuando se aplicó en marzo pero mucho más larga en el tiempo y que supone en la práctica el confinamiento nocturno hasta el 9 de mayo. En Génova quería estudiar bien una medida que su número tres, el alcalde Madrid José Luis Martínez Almeida, ha criticado por "provocar desconcierto" entre los ciudadanos.

Pablo Casado ha sido muy crítico con Pedro Sánchez y con este nuevo estado de alarma. "Es la constatación de un gran fracaso. Sánchez dijo el 5 de julio que había derrotado el virus. O faltó a la verdad entonces o había una agenda oculta", ha criticado.

Tampoco le gusta que el presidente Sánchez "se parapete detrás de las Comunidades autónomas" para según él eludir su responsabilidad. "La responsabilidad en pandemias es del Gobierno y no puede pasarle el problema a las Comunidades Autónomas con 17 respuestas distintas. No puede haber 17 mandos sanitarios para combatir un virus que no entiende de fronteras", ha dicho.

Hasta ahora Los populares se habían posicionado en contra del estado de alarma para dar soporte legal al toque de queda. Votaron en contra de la última prórroga de primavera y ninguno de sus barones territoriales lo ha pedido expresamente. Uno de los más poderosos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, llegó incluso a enviar al presidente Pedro Sánchez su propia propuesta para modificar la ley orgánica de Salud. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este domingo calificó la aplicación del estado de alarma de "fracaso que el Gobierno podría haber evitado".

La medida que el Gobierno quiere sacar adelante para intentar contener la segunda ola de contagios permitirá dar soporte jurídico a los presidentes autonómicos para confinar parcial o totalmente sus territorios. El PP de Casado lleva meses pidiendo una reforma exprés de la ley del 86. En mayo la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometió a estudiarlo pero la ministra Robles lo ha descartado.

Génova y sus líderes territoriales han exigido al Gobierno criterios "objetivos" y "homogéneos" en toda España para afrontar esta segunda ola.