El Congreso aprueba que el CPGJ no pueda hacer nombramientos mientras esté en funciones

A partir del mes que viene el actual CGPJ, con el mandato caducado desde hace más de dos años, no podrá hacer ningún nombramiento en la cúpula judicial. El Congreso ha dado luz verde a la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo mientras esté en funciones. La reforma exprés se tramitará ahora en el Senado y lo previsto es que entre en vigor en abril. Hay que tener en cuenta que el CGPJ ha hecho más de 70 nombramientos desde que está en funciones.

Socialistas y morados necesitaban mayoría absoluta, al tratarse de la reforma de una ley orgánica, y la han conseguido con el respaldo de sus aliados de investidura. El resultado de la votación ha sido 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención. Es una medida, defienden, para resolver "una laguna jurídica". Con ella han pretendido presionar al máximo al PP para que desbloquease la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ahora mismo la negociaciones están paralizadas por el veto de Pablo Casado al candidato impulsado por Unidas Podemos, el magistrado José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel.

Ahora, con un escenario político revuelto tras las mociones de censura en Murcia y Castilla y León y las elecciones convocadas en Madrid, no parece el mejor momento para que las conversaciones entre el Gobierno y el PP puedan avanzar. Los socios del Ejecutivo siguen guardando en la recámara la proposición que contempla un cambio de mayorías para elegir a los miembros del CGPJ. Está en un cajón pero puede recuperarse en cualquier momento para pasar de los 3/5 que se requieren en la actualidad a la mayoría absoluta.

Los partidos que han votado a favor sostienen que existe un vacío jurídico porque la actual Ley orgánica del Poder Judicial no regula las funciones de un CGPJ caducado. El texto establece que a partir de ahora, si el Consejo está en funciones, no podrá nombrar entre otros a los presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales. Solo conservará las facultades necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano que eviten una paralización de la Justicia.

El portavoz del PSOE, Francisco Aranda Vargas, ha calificado la reforma como "necesaria y oportuna" y ha reclamado al PP que se siente a negociar la renovación para acabar con una anomalía institucional. Para el PSOE, la falta de acuerdo obedece al "miedo" del Partido Popular a Vox. El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha acusado a los populares de mantener un "comportamiento antisistema" por incumplir la Constitución y tener "pánico" a la renovación por el calendario judicial que tienen por delante por los presuntos casos de corrupción que afectan al PP. Podemos propone empezar de nuevo el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados para renovar el CGPJ de forma paritaria y con una mujer como presidenta.

En el voto en contra se han situado el PP, Vox y Ciudadanos. El portavoz popular, Luis Santamaría, denuncia que el Gobierno ha pretendido con la reforma "chantajear" al PP con "técnicas facinerosas" que muestran tics autoritarios. Ha recordado que socialistas y morados han impedido escuchar al CGPJ que es "la última línea de defensa del Estado de Derecho". Para el PP, este PSOE ha cruzado las líneas rojas que quiebran la "credibilidad del Estado de Derecho". Está más cerca, ha afirmado, del "PSOE del 36 que del de 1978".

Javier Ortega Smith, de Vox, ha reclamado un cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los políticos "dejen de meter sus manos" en la Justicia. Su control, mantiene, es parte de una estrategia de "ataque a la libertad y a la soberanía de los españoles". Por Ciudadanos, Edmundo Bal, ha arremetido contra la reforma porque es "una deslealtad al sistema constitucional" y "una traición al principio de equilibrio entre poderes".

Y mientras la proposición se debatía en el Congreso, el CGPJ ha seguido con su actividad para designar cargos judiciales. Ha escuchado a una decena de candidatos para dos plazas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por dos jubilaciones. La semana pasada se hicieron otros 6 nombramientos.