Enfado en Unidas Podemos por el rechazo del Poder Judicial al informe que avalaba la Ley de Vivienda

Pablo Echenique critica los "retrasos injustificados"
Carlos Sánchez Mato, de IU, acusa al CGPJ de ser el "defensor de los grandes propietarios"
Unidas Podemos ha cargado contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar el informe sobre la nueva Ley de Vivienda, que había elaborado el vocal progresista Álvaro Cuesta, y estudiar la nueva ponencia a finales de mes y que será crítica dado que, como han indicado fuentes del organismo, el anteproyecto tiene un evidente "sesgo ideológico".
En el espacio confederal critican que implica "retrasos injustificados" en una normativa clave en esta legislatura y algunos dirigentes, como el portavoz parlamentario Pablo Echenique, advierten de lo que implica "en términos democráticos". En IU, uno de los integrantes de su Ejecutiva, Carlos Sánchez Mato, ha recriminado al órgano de gobierno de los jueces de ejercer como "abogado defensor de los grandes propietarios.
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Tras conocer esta decisión, fuentes del espacio confederal han manifestado su "preocupación" ante esta demora "injustificable" para avanzar en el trámite de una ley llamada a "dar respuesta a la emergencia habitacional que vive el país".
De esta forma, han destacado que esta norma "por primera vez" permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, "pone freno" a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o "prohíbe" la venta de vivienda protegida.
"Es una de las leyes estrella de los morados y ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra", señalan desde Unidas Podemos.
El CGPJ, "el defensor de los grandes propietarios"
Echenique ha ahondado en que la noticia es "muy preocupante. Por el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos. Pero también por lo que implica en términos democráticos", ha enfatizado en Twitter.
Muy preocupante noticia. Por el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos. Pero también por lo que implica en términos democráticos. https://t.co/WrSgQN7SFL
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) 14 de enero de 2022
Mientras, el dirigente de IU, Carlos Sánchez Mato, ha criticado que el CGPJ "en funciones" ejerza de "abogado defensor de los grandes propietarios de vivienda", al rechazar el informe sobre la normativa para retrasarla. "País de pandereta en el que la derecha secuestra símbolos e instituciones y no pasa nada", ha clamado también en las redes sociales.
Nos juzgarán el día de la Revolución de los Claveles 😜 por perseguir la corrupción del PP.
— Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) 7 de diciembre de 2021
No van contra nosotros.
Mandan un aviso a navegantes.
No servirá de nada.
Estamos orgullosos de no ceder al chantaje de las cloacas.
Seguimos✊https://t.co/c0Rkv7tooC vía @eldiario_Madrid
La portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, y responsable de vivienda del partido, Alejandra Jacinto, ha opinado que el CGPJ rechace el informe sobre la Ley de Vivienda es también una "mala noticia" que retrasa bajar los precios de los alquileres.
Retraso
La previsión que manejaba el Ejecutivo es que el anteproyecto, una vez obtenido el informe, se pudiera aprobar el próximo 18 de enero, después de casi un año de intensa negociación entre los socios de coalición para acordar su redacción.
El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda.
De esta forma, se fija que la declaración de zona tensionada se aplicará en áreas en las que exista "un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado". La decisión dependerá de las administraciones competentes (comunidades y ayuntamientos), basadas en una serie de criterios establecidos en la ley.