ERC busca una salida a la crisis con el Gobierno: reunión Sánchez-Aragonès y mesa de diálogo
La desclasificación de las autorizaciones judiciales que permitieron el espionaje a los independentistas es la otra exigencia de Esquerra
Aragonès no dará por superada la crisis hasta que se den explicaciones, se asuman más responsabilidades y se garantice que no volverá a ocurrir
La crisis abierta entre el Gobierno y ERC, su principal aliado parlamentario, no está cerrada a pesar de la destitución fulminante de la directora del CNI, pero los republicanos buscan una salida para recuperar la normalidad. El Ejecutivo taponaría la vía de agua que la derecha está aprovechando para agitar el fantasma de adelanto electoral. Aunque en público los líderes de Esquerra, con el presidente de la Generalitat al frente, mantienen el pulso y siguen apretando las tuercas a Pedro Sánchez, fuentes de la formación apuestan por reconducir la relación. "Estamos buscando una salida a esto", dicen abiertamente.
Esa salida pasaría por celebrar la reunión entre Sánchez y Pere Aragonès, a la que ellos mismos se emplazaron en una breve conversación el viernes pasado en Barcelona, y fijar un calendario para reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña. El encuentro entre los dos dirigentes debe servir, según Esquerra, para que el presidente socialista aclare, cara a cara, al catalán detalles concretos del espionaje.
La crisis sigue abierta
El jefe del Govern, en la sesión de control del Parlament de Cataluña, ha avisado que "nadie puede dar ninguna crisis por matizada ni resuelta" hasta que haya más transparencia, se asuman más responsabilidades políticas y se garantice que no se van a repetir las escuchas. Para Aragonès, el Gobierno todavía está muy lejos de cumplir lo que se le ha puesto encima de la mesa. No es casual que la pregunta se la hiciese Junts, su socio de gobierno, que ejerce una fuerte presión sobre los republicanos para que rompa todos los lazos con Sánchez. No se puede dialogar, dice el partido de Carles Puigdemont, con los que espían al independentismo.
La otra exigencia prioritaria para los independentistas es que se desclasifiquen las autorizaciones judiciales que permitieron la intervención de los teléfonos de los políticos independentistas, entre ellos, el del propio president. Quieren saber quién ordenó el espionaje.
El Gobierno hasta ahora se ha mostrado dispuesto a poder hacer públicos algunos informes si se los reclama la Justicia. Para ERC no es necesario que lo pida un juez porque el presidente tiene potestad para hacerlo 'motu proprio'.
Precisamente, el presidente del Gobierno ha hecho referencia en el Congreso a que su Gobierno ya desclasificó documentos secretos cuando llegó a La Moncloa a petición de los magistrados de la Audiencia Nacional relacionados con el caso Kitchen, la trama de corrupción que afecta al PP.
Robles, "máxima responsable del espionaje"
En Madrid, Gabriel Rufián ha vuelto a la carga contra la ministra de Defensa a la que considera máxima responsable política del espionaje en España. Mantuvieron un rifi rafe en la sesión de control en el que no le pidió directamente su dimisión aunque Margarita Robles sigue estando en la diana de los independentistas. El portavoz de ERC la acusó de ejercer un patriotismo "tóxico" y convertir a España "en la casa de Bernarda Alba".
Para los republicanos las respuestas que está dando la ministra a la crisis son malas y simples. "Parece que ha cogido una pala y no deja de cavar", sostiene Rufián. Fuentes de Esquerra asumen ya que es prácticamente imposible que Sánchez deje caer a su ministra de Defensa.
En ese sentido, mantienen que el presidente ha sido más "hábil" que su ministra al justificar este miércoles en sede parlamentaria que la destitución de la directora del CNI se debe a un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno.
La ley de Seguridad Nacional
La agenda parlamentaria ha querido que este jueves se debata en el Congreso la nueva ley de Seguridad Nacional que aprobó el Consejo de Ministros el 15 de febrero. Es el debate de totalidad y tanto ERC como Junts tienen registrados vetos desde hace semanas, antes de que estallase el escándalo de las escuchas. Piden su devolución porque creen que el texto que salió de Moncloa invade competencias, es recentralizadora y podrían verse afectados derechos fundamentales.
La ley establece un catálogo de recursos públicos y privados que puede movilizar el Gobierno si se declarase una situación de crisis que afecte a la seguridad nacional.
Esquerra ha registrado dos enmiendas, una de devolución y otra de texto alternativo donde aboga directamente por derogar la ley actual.
El PP, junto a Vox y Ciudadanos, machaca estos días con la idea de que el Gobierno está agotado por Pegasus y que la única solución es convocar elecciones. En ERC sostienen que a los populares se les va a hacer muy largo el camino hasta el final de la legislatura si siguen con esa estrategia. El propio presidente del Gobierno ha reiterado una vez más que su intención es agotarla.