ERC vincula el futuro de la legislatura a que Sánchez tome decisiones inmediatas sobre el espionaje

El presunto espionaje masivo a líderes independentistas con el programa informático Pegasus puede marcar un antes y un después en la legislatura. El enfado de ERC, que responsabiliza al Gobierno de estar detrás de ese espionaje a través del CNI, amenaza con hacer saltar por los aires la mayoría del bloque de investidura si los republicanos dejan de apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Han sido más de dos años de relaciones complicadas entre el Gobierno y Esquerra, el socio clave, pero nunca antes habían estado tan dañadas en un momento especialmente delicado por la crisis económica.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, formalizó la tensión que se vive en estos momentos en Madrid, a las puertas de la Cámara tras reunirse con los partidos políticos espiados (ERC, Junts, el PDeCAT, Bildu y la CUP). Vincula directamente el futuro de la legislatura a que Pedro Sánchez tome "medidas claras, concretas e inmediatas". Quieren explicaciones y que se depuren responsabilidades, no les vale una salida de trámite. "La confianza en estos momentos es cero", avisa el jefe del Govern que ve "inviable" cualquier colaboración política si el Gobierno no mueve ficha al más alto nivel.

En ese escenario, la primera prueba de fuego será el próximo jueves. El Pleno del Congreso tendrá que convalidar el decreto con el plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. ERC, que había dicho que lo apoyaría, no aclara ahora qué votará. Los republicanos advierten a Sánchez de que después de esta crisis no puede pretender que todo siga igual. "A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el Gobierno de la Generalitat y los partidos políticos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura", proclama Aragonés que insiste en su mensaje de que estamos ante "el peor escándalo de espionaje de la democracia".

Los republicanos se habían quejado de que el paquete de medidas llegó tarde y se quedaba corto, pero argumentaron que era difícil votar que no a un plan con un coste de 16.000 millones de euros que ya está en vigor y que contempla desde la reducción de 20 céntimos por litro en los carburantes hasta el aumento del Ingreso Mínimo Vital o la activación de los ERTE para prohibir los despidos.

El Gobierno cuenta con que el decreto tendrá el aval del Congreso como avanzaron sus socios parlamentarios desde la tribuna del Congreso el 30 de marzo durante la comparecencia del presidente. Hay otros partidos independentistas, que también han sido espiados, como el PDeCAT, que desligan su voto en el decreto de la trama de espionaje. Ferran Bel ha afirmado que aunque la relación no está igual que antes de las vacaciones de Semana Santa su partido no está instalado en "el no a todo" y que el decreto no corre peligro.

El PP no desveló su voto pero lo condiciona a que Sánchez acepte el plan económico de Alberto Núñez Feijóo que pasa por una bajada de impuestos. Ese plan llegará este mismo viernes a La Moncloa. El PP argumenta que el propio Sánchez se comprometió en la Conferencia de Presidentes de La Palma a reducir la recaudación fiscal. Ciudadanos también pone condiciones para apoyar el decreto y sólo votará a favor si el Gobierno mantiene en funcionamiento los siete reactores nucleares que están activos en España.

De momento Pedro Sánchez guarda silencio sobre el espionaje y el Gobierno intenta poner tierra de por medio defendiendo que no tiene nada que ocultar y que en España no se espía sin el amparo de la ley ni una autorización judicial. Marcó la estrategia el martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. Este jueves ha insistido en que las conversaciones con la Generalitat están "abiertas" y ha apostado por incrementar el diálogo y todas las "acciones que sean oportunas" para recuperar la normalidad.

El objetivo es templar los ánimos y restaurar la confianza. En ese intento de reconducir la situación y recomponer lazos con los partidos independentistas una salida podría ser la reactivación de la mesa de diálogo con Cataluña. De momento los foros técnicos entre los dos gobiernos siguen funcionando y los puentes no están rotos. La convocatoria de la mesa se ha ido dilatando en el tiempo y no tiene fecha fijada en el calendario, pero podría agilizarse próximamente. La última vez que se reunió fue en septiembre de 2021 en Barcelona.

A todo esto la parte socialista del Gobierno tiene encima la presión de su socio de coalición. Unidas Podemos se ha unido a los independentistas para solicitar una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje. Sus dirigentes, Pablo Echenique y Jaume Asens, también se reunieron con Aragonès en dependencias parlamentarias y reclaman al PSOE que sea contundente ante esta trama que achacan a la "herencia del PP".

Echenique repitió lo de que "rueden cabezas" si se demuestra que hay estructuras del Estado implicadas. Los morados exigen tomar cartas en el asunto e investigar hasta cuando operó la llamada "policía patriótica" que puso en marcha el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz. Podemos, que mantiene que el espionaje es por motivos políticos e ideológicos y no por asuntos relacionados con la seguridad nacional, ha pedido a Aragonès que no rompa con el Gobierno porque eso es lo que querrían "las cloacas del Estado". En cualquier caso ellos salieron del encuentro con la sensación de que la estabilidad de la legislatura no está en riesgo.