España se compromete a ampliar la Ley de Transparencia y valorar cambios en la de Secretos Oficiales

El Gobierno de España tendrá que modificar la Ley de Transparencia, aprobada en 2013, para adaptarla al convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, llamado el Consejo de Tromsø. El documento vinculante, firmado ya por once países, es más abierto y supone mayores compromisos de transparencia para las administraciones públicas que la actual normativa española.

Como ejemplo, el convenio rubricado el pasado día 23 explica que las peticiones de los ciudadanos se podrán hacer de forma anónima salvo en casos excepcionales, que la Administración no podrá preguntar las razones para esa petición, que el peticionario tiene derecho a obtener la documentación en el formato que desee siempre que sea posible, y que la Ley de Transparencia debe alcanzar también a las comunicaciones internas generadas por los procesos de decisión dentro de la Administración. Algo que a día de hoy no sucede.

Según informa la asociación pro-acceso Acces Info, el convenio fue firmado por el diplomático español Manuel Montobbio, representante de España ante el Consejo de Europa. “El Convenio de Tromsø es el primer tratado vinculante del mundo sobre el acceso a la información y entró en vigor el 1 de diciembre de 2020. Ha sido ratificado por once países, entre ellos Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Montenegro, Noruega, Moldavia, Suecia y Ucrania. La ratificación más reciente fue la de Islandia, el 10 defebrero de 2021”, explican desde Access Info.

"La máxima prioridad ahora es garantizar que el derecho de acceso a la información se aplique a toda la información en poder de todos los organismos públicos, lo que podría hacerse como parte de las reformas que se están debatiendo en el marco del actual Plan de Acción de Gobierno Abierto”, explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info."El Gobierno español prometió la ratificación del Convenio de Tromsø antes del 31 de diciembre de 2021. Lamentablemente, no alcanzará ese objetivo, pero podría trabajar en la reforma de la ley y en la ratificación de forma paralela durante 2022".

Así, el convenio rubricado por España considera de acceso público cualquier “información registrada [archivada] de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. El texto sigue dejando fuera del acceso por ejemplo las investigaciones disciplinarias dentro de la Administración. “Las Partes considerarán la posibilidad de fijar unos plazos más allá de los cuales los límites mencionados en el párrafo 1 dejen de ser aplicables”, refleja el acuerdo, que supondría también una modificación de la Ley de Secretos Oficiales española