El Estado entrega a dedo contratos millonarios por el Covid tras siete meses de pandemia
La marea de contratos menores, negociados sin publicidad y de distintas administraciones hacen imposible conocer el coste sanitario de esta pandemia
Siete meses después del estado de alarma, cada comunidad, diputación o incluso ayuntamiento compra a un proveedor distinto
El gasto público para luchar contra el Covid-19 es una montaña de arena que se escurre entre las manos. Una cantidad imposible de calcular donde cada administración pública, cada comunidad autónoma, cada diputación, cada ayuntamiento y todas las instituciones públicas que de ellos dependen hacen sus compras por separado, y en muchos casos, sin publicidad y por el procedimiento de emergencia. Un mecanismo opaco que elimina la concurrencia y que la práctica totalidad de las administraciones públicas españolas utiliza de forma constante siete meses después de que se decretara por primera vez el estado de alarma a causa de la pandemia.
Para hacerse una idea de las dimensiones del agujero, basta consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público. Cada día, el sistema registra cerca de 400 entradas con gastos vinculados al Covid-19. Muchos de ellos son contratos menores, como el gasto de 144 euros en “medidas anti-covid” publicado por el Ayuntamiento de Alzira, pero en otras ocasiones, las cuantías son millonarias. En Baleares por ejemplo, el pasado lunes, el Gobierno balear publicaba una partida de gasto de 13.370 euros en limpieza por Covid-19 para el Hospital Mateu Orfila. El Servicio de Salud balear dio por finalizado el pasado 5 de octubre el mayor de sus contratos de suministros contra la pandemia. Fueron 16 millones de euros comprometidos en agosto con una empresa por el método “negociado sin publicidad”. Es decir, sin concurrencia ni concurso público. El argumento para hacerlo de esta manera fue la “emergencia covid”.
El 6 de julio, la Administración balear formalizó un nuevo contrato, de nuevo con el mismo procedimiento y que fue a parar a la empresa Tragsa. En este caso eran 2.2388 euros de una partida de gastos para la creación de un hospital de campaña en el Palacio de Congresos de Palma. A eso hay que sumar otros 5.004 euros de un plan de autoprotección elaborado por una misma empresa, 3.655 euros en lavandería de hospitales a causa de la pandemia, 3.854 en recogida de residuos covid, 8.400 euros de un alquiler para una nave donde guardar el material, 37.475 euros en monitores para el hospital de Manacor, 20.655 euros en catering para enfermos Covid, otros 36.163 euros licitados el mismo día para el hospital de Sa Miranda o 31.100 euros para la limpieza de las propias instalaciones del Servicio de Salud balear. Y la cuenta no acaba aquí. Otros 874.783 euros en derivaciones de pacientes a Cruz Roja en Baleares y otros 407.783 euros en adecuación de sistemas para videoconferencia. A eso, hay que sumar otros 92 contratos menores en los últimos meses.
544 millones de mascarillas
El de Baleares es solo un ejemplo del gasto público que supone esta pandemia en los últimos tres meses. A escala nacional, es la Dirección General de Contratación del Servicio del Sistema Nacional de Salud el organismo encargado de aglutinar la mayoría de las compras. La mayor partida se firmó el pasado mes de junio, con 544 millones de mascarillas comprometidas en ocho contratos distintos, todos ellos, firmados de nuevo en un procedimiento negociado sin publicidad. El de mayor cuantía, que comprometía la compra de 280 millones de mascarillas, fue a parar a manos de la empresa China Meheco Ltd.
En otras ocasiones, los contratos aparecen fraccionados de forma que nunca superan el límite legal para salir a concurso. Es lo que refleja al menos el historial del Servicio Cántabro de Salud, que firma 12 contratos con la misma empresa y con la misma cuantía para el suministro de pruebas de Covid. Y varios de ellos firmados incluso el mismo día, también por el procedimiento “negociado sin publicidad”.
Solo el pasado lunes, el Ministerio de Justicia gastó 97.750 euros en mamparas para las salas de espera de las instalaciones donde se celebran juicios, 15.000 euros en mascarillas el Ministerio de Defensa para la Jefatura de aprovisionamiento, 338.000 euros licitados por el Servicio Murciano de Salud o 70.368 euros en la compra de 3.100 termómetros comprados también por la vía de emergencia.
En Madrid, el Hospital Gregorio Marañón licitó un contrato de más de medio millón de euros para el suministro de reactivos para los test de detección del virus y el Gobierno de Díaz Ayuso anunció los fondos para un estudio de incidencia del virus en los colegios de la Comunidad de Madrid. ¿El coste de dinero público? 3,5 millones de euros.