El Gobierno no te espía cuando consulta los datos de tu móvil para luchar contra el coronavirus
Los datos que se utilizan para el estudio de movilidad deben ser completamente anónimos y desagregados por lo que es imposible identificar a los titulares de cada línea
El análisis de datos de telefonía se utiliza desde hace años en España para organizar las líneas ferroviarias o de autobuses
La App creada por el Gobierno sí recopila localización y síntomas, pero con consentimiento del usuario
Se armó el revuelo. El Gobierno anunció el pasado 15 de abril la contratación de un estudio sobre la movilidad de la población de cara a la lucha contra el coronavirus. Y con el anuncio llegó la sospecha de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría utilizar esos datos para espiar a parte de la población. Un recorte más de libertades, según las voces más alarmistas, que según los datos no se corresponde con la realidad. En realidad, el Gobierno, por medio del ministerio de Transportes, ha recurrido a una técnica que es utilizada desde hace varios años en España tanto por administraciones como por empresas privadas: analizar 13 millones de líneas de teléfono para conocer el comportamiento de sus usuarios ¿Es legal eso en España? Completamente. Y sobre todo, anónimo. Estos son los datos:
- El Ministerio de Transportes ha firmado un contrato con la empresa Nommon para analizar los movimientos de los ciudadanos durante el confinamiento.
- El proceso de obtención de datos es el siguiente: el proveedor Orange entrega los movimientos de 13 millones de líneas móviles de sus clientes a la empresa privada, que será la encargada de analizarlos con herramientas de Big Data para que los estadísticos puedan sacar sus conclusiones.
- Entonces ¿Por qué no puede el Gobierno o la empresa concesionaria espiar a los clientes si tienen sus movimientos? Porque los datos se entregan desagregados y de forma completamente anónima. Es decir: Orange entrega de forma pormenorizada la información de dónde está el terminal a cada momento, pero no el número de teléfono al que corresponde, ni mucho menos el titular de la línea. El consultor obtiene solo los datos en brutos, sin que se puedan vincular a persona alguna.
- ¿Y para qué sirve eso? Pues para conocer hábitos de movimiento y con ellos, extraer conclusiones, como las zonas y las franjas horarias en las que más se mueve la población o sus preferencias de desplazamiento. En este caso, esos datos pueden ser importantes para planear la desescalada.
Una técnica habitual
El uso de la geolocalización telefónica y la comercialización de estos datos se ha convertido en una práctica habitual tanto para administraciones como para empresas privadas. Y no está exenta de polémica. En Estados Unidos, han sido varias las propuestas para que este tipo de datos se legislen y quede prohibida su utilización y cesión a empresas privadas. Por el momento, la medida no ha prosperado. Pero ¿Qué normativa se aplica a este tipo de datos en España y cómo se obtienen?
- A modo de resumen, un teléfono se suele conectar a uno o varios repetidores para recibir la señal de llamada y datos.
- La normativa española exige a las operadoras guardar al menos durante dos años un listado con todas las antenas a las que se conecta cada teléfono. Así, es posible conocer los movimientos del terminal y queda un registro guardado en poder de los operadores.
Según la normativa, solo es posible acceder a los datos completos de esos teléfonos (titular, tráfico de llamadas y posicionamiento) con una orden judicial. De otra manera, los datos están sujetos a la Ley de Protección de Datos. - Entonces ¿Cómo accede a ellos el Gobierno? Porque prescinde de cualquier dato que pueda identificar a los titulares de las líneas. En este caso, el Gobierno obtiene de Orange un gran listado de posiciones y horarios, pero sin poder identificar nunca a quién pertenecen esos datos.
Una empresa especializada en Big Data.
Así, el Ministerio de Transporte aprobó por carácter de urgencia contratar a la empresa Nommon, que había trabajado ya desde 2018 en proyectos con geolocalización telefónica para la empresa pública Ineco. Pero no fue la única. El 1 de abril de 2020, en mitad del confinamiento, el Gobierno anunció la creación de un gran proyecto de Big Data con datos telefónicos para luchar contra en coronavirus. CovidData se llama. En ese proyecto, son 40 millones de líneas de teléfono las analizadas, de los tres principales operadores de telefonía del país. Entonces ¿Qué administraciones utilizan esta técnica?
- Desde 2018 son varios los organismos públicos que han comprado este tipo de datos a las operadoras para sus estadísticas. El INE por ejemplo pagó medio millón de euros a finales de 2019 para comprar la geolocalización de varios millones de líneas móviles para sus estudios.
- Según el Portal de Contratación del Estado, esta técnica se utiliza desde hace años para planificar las rutas ferroviarias en función de las necesidades de desplazamiento de la población y de los horarios que requieren de una mayor afluencia.
Sin embargo, sí que hay unos elementos controlados por la Administración y que son notablemente más intrusivo: las aplicaciones que se descargan en los teléfonos móviles para autodiagnóstico.
- La primera cuestión relativa a estas aplicaciones es que antes de descargarlas, siempre de forma voluntario, el usuario da su consentimiento a una política de privacidad.
- En ella, la aplicación creada por el Gobierno, que se puso en marcha el día 6 de abril, explica que recopila los datos de localización de la persona y los síntomas que presenta y que los cede a los profesionales del ámbito sanitario mientras dure la pandemia.
- En Cataluña por ejemplo, la aplicación crea un mapa de sintomas anónimo, consultable de forma pública y representado por cuadrículas de 300 por 300 metros, para que nunca se pueda identificar a una persona en concreto.
- En la aplicación estatal, que opera en Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, el usuario puede elegir de forma optativa si quiere o no activar la geolocalización y con ello, ceder esos datos.