Acuerdo de todos partidos, salvo Vox, para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en las Cortes en 2017 y cuya vigencia caduca el próximo mes de septiembre de 2022.

La firma del acuerdo se ha producido en el salón de Los Pasos Perdidos minutos después de que el concluyera el pleno que ha empezado con una declaración de la presidenta del Congreso en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. Vox ha boicoteado por tercer año consecutivo la declaración institucional de la institución al negarse a firma un texto que había sido pactado por todos los grupos.

El acuerdo contempla que el pacto pase a ser permanente y no como hasta ahora que tenia fecha de caducidad. En el texto se recoge el blindaje de la financiación de la lucha contra la violencia machista. La foto delacuerdo se ha producido en el Congreso, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el presidente del Senado, Ander Gil.

Además, han acudido representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Junts, PdeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Verdes Equo, BNG y Teruel Existe.

El texto consensuado pone en valor el Pacto alcanzado hace cuatro años en el Congreso y el "consenso sin precedentes" que supuso "para consolidar una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España, asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia y garantizar la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, más allá de la violencia de género de la pareja o expareja".

"La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas", apunta también el documento.

Las trece medidas acordadas por las principales fuerzas parlamentarias llaman a consolidar un sistema de cogobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y en las entidades que integran la administración local.

En este sentido, se recuerda la necesidad de respetar el ámbito competencial de las mismas y seguir "el espíritu del Pacto de Estado" de "situar a los municipios en el primer plano de respuesta".

También se recoge el compromiso a una "financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico" que permita mantener las actuaciones y políticas frente a esta lacra.

Pero, además, según se explica en el documento, en cumplimiento del Convenio de Estambul, el compromiso también pasa por garantizar la financiación de los fondos del Pacto para el desarrollo por parte de ONG, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas.

Los firmantes de este texto también apuestan por asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia, en la atención a las víctimas y/o tienen relación directa con los perpetradores, especialmente en el ámbito de la justicia.

AMPLIACIÓN A TODAS LAS VIOLENCIAS

Del mismo modo, proponen establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia; y hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención.

Este último, señala el texto, "deberá englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños; políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital, y campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres.

El acuerdo también recoge la necesidad de "adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres" que se incluyen en el Pacto; reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y son doblemente vulnerables --mayores, migrantes, rurales, minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular--; y perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista declarándolos servicios esenciales.

Reforzar las medidas que faciliten la autonomía económica dirigidas a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género; ampliar la red de recursos, según los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad; establecer un sistema de recogida de información homogéneo y permanente de monitoreo de la acción de la Administración en todos sus niveles; y la elaboración de las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado en Congreso y Senado de informe cuatrienial de actividad y de evaluación, completan las medidas pactadas.