El Gobierno salva el plan anticrisis con Bildu tras el portazo de ERC por el espionaje con Pegasus

El Gobierno ha evitado la catástrofe. Hasta el último minuto ha sufrido para salvar su decreto con el plan anticrisis para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Los apoyos han ido llegando con cuentagotas tras unas horas muy intensas de contactos y negociaciones. Antes de la votación los socialistas habían conseguido amarrar 176 votos, la mayoría absoluta. Determinantes han sido los cinco diputados de Bildu que con su sí han facilitado la convalidación tras el portazo de ERC, el socio habitual del Gobierno, por el presunto espionaje masivo a líderes independentistas.

Los independentistas vascos también han sido espiados por Pegasus, pero el camino escogido por Bildu ha sido el contrario que el que ha tomado ERC. En esta ocasión han votado distinto. El bloque de la investidura se ha resquebrajado en una votación clave y en uno de los momentos más complicados de la legislatura por la crisis económica.

La foto del resultado ha vuelto a ser muy ajustado. 176 a favor, 172 en contra y 1 abstención. Lo previsto. No había margen para errores ni podía faltar nadie. El propio presidente del Gobierno ha anulado un viaje a Moldavia y Polonia previsto para este jueves y ha estado presente en la votación. Durante horas, el fantasma de la reforma laboral ha recorrido Moncloa. El Gobierno la aprobó por un voto erróneo de un diputado del PP.

Los republicanos han cumplido su amenaza y sus trece diputados se han sumado al bloque del no con el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha asumido las responsabilidades ante el espionaje que consideran un caso de "represión política". Exigen para empezar la dimisión de la ministra de Defensa Margarita Robles. Desde la tribuna del Congreso, la diputada Montserrat Bassa, muy enfadada, ha exhibido su teléfono para recriminar al Gobierno el espionaje y enfatizar que si querían saber su voto le preguntasen al CNI o a Robles.

Nunca antes las relaciones entre ERC y el Gobierno habían sido tan tensas. Uno de los objetivos de Moncloa a partir de este momento es apaciguar los ánimos y reconducir la situación para encarar el final de la legislatura. Esquerra ha advertido al Gobierno que esto es "un primer aviso" y que su voto es en defensa de la democracia. Continuarán con la mano tendida, dicen, pero sin renunciar a la defensa de los derechos fundamentales.

Con el no de los republicanos catalanes todas las miradas estaban puestas en Bildu. Su cinco votos han sido imprescindibles para aprobar el decreto. Los independentistas vascos también han sido espiados con Pegasus, pero han justificado su sí por "responsabilidad" a pesar de "la brecha" abierta con el Gobierno por el caso del espionaje.

"Aprobaremos este decreto por la gente, no por el Gobierno, porque nuestro compromiso es para con la ciudadanía, no para con este Gobierno", ha enfatizado la portavoz, Mertxe Aizpurua, que ha advertido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que "la paciencia tiene un límite" y que la confianza "está tocada".

Antes de la votación se ha despejado otra de las grandes incógnitas, qué haría el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo en la primera gran prueba que se presentaba en el Congreso. Se había especulado mucho con que los populares se podían abstener para enviar un mensaje de un partido diferente del no a todo que representó Pablo Casado y que le permitía además alejarse y marcar distancias con Vox. Al final, el PP ha votado no.

En la última hora del miércoles hubo contactos e intercambio de cartas entre Génova y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El gesto político del Gobierno de aceptar tramitar el decreto como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir aportaciones en el trámite parlamentario, como pedía el PP, no ha servido para que los populares se abstuvieran. Su exigencia de bajar los impuestos se ha mantenido hasta el final y el Gobierno no lo ha aceptado.

Fuentes populares sostienen que Moncloa no ha tenido ninguna voluntad de negociar ni de acordar con ellos. Añaden que tienen la "conciencia tranquila" y que el Gobierno ha demostrado que cuando tiene que elegir, nunca optará por el PP. Para Génova, el Ejecutivo ha hecho una "componenda" en la que Bildu le apoya a cambio de su entrada en la Comisión de Secretos Oficiales.

El último llamamiento a los diferentes grupos lo ha realizado el ministro Bolaños desde la tribuna de oradores. Él ha sido quien ha negociado hasta el final y quien ha defendido el decreto. En una apelación casi a la desesperada a toda la Cámara ha pedido a los diputados que "voten como votarían las personas que les votaron si se sentaran en ese escaño".

Para el ministro es "incomprensible" rechazar el decreto porque la votación "no va del Gobierno" sino de ayudar a los ciudadanos y facilitarles su vida. Ha acusado a los partidos del no de perjudicar a los españoles con el único fin de "dañar" al Ejecutivo.

Bolaños ha preguntado a esos diputados si se oponían a algunas medidas que contempla el decreto como la rebaja de 20 céntimos en el precio por litro de carburante. A partir de ahí ha seguido haciendo preguntas retóricas sobre algunas de las iniciativas que están en vigor como el límite de las subidas del alquiler, la ampliación del bono social, la subida del Ingreso Mínimo Vital o las ayudas directas al sector del transporte por carretera.

El plan anticrisis con un coste de 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 son ayudas directas, seguirá vigente hasta el 30 de junio.