El Gobierno y sus socios aprueban la Ley Celaá en un Congreso dividido por el castellano y la concertada

La ley Wert ha recibido la puntilla y la Ley Celaá ha dado un paso definitivo para su puesta en marcha. El dictamen ha superado el trámite del Congreso con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromís. Consigue la mayoría absoluta requerida y el proyecto se remitirá ahora al Senado. "Día histórico", han dicho los socios del Gobierno de coalición. La ministra de Educación, Isabel Celaá, sentada en su escaño del banco azul, ha tenido que escuchar la dura ofensiva del PP, Vox y Ciudadanos contra la ley que llevarán al Tribunal Constitucional.

El dictamen ha recibido 177 votos a favor y 148 en contra. Ha habido 17 abstenciones. Celaá ha sacado un voto más de los imprescindibles (176 de la mayoría absoluta) para sacar adelante su reforma. Un aplauso de los suyos, no muy largo, ha rubricado el resultado. 

El ejemplo de la profunda división que genera la reforma se ha reflejado en los tres minutos que el pleno ha estado suspendido al final del debate. Los diputados del PP y Vox, puestos en pie y dando golpes en sus escaños, gritando "libertad". Enfrente, los diputados de PSOE y Unidas Podemos aplaudiendo a rabiar. Entre ellos, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la propia Celaá que ha dicho sentirse "emocionada". 

La ministra ha reconocido que le hubiese gustado un consenso mayor pero aún así ha afirmado: "Estamos muy felices porque hace 7 años todos los grupos de la Cámara excepto el PP nos comprometimos a derogar la LOMCE". Celaá ha acusado al PP, Vox y Ciudadanos de utilizar la educación como "herramienta para la lucha política" y ha defendido que la ley que lleva su nombre es "modernizadora" y sitúa "la equidad" en el centro del sistema.

También ha remarcado que el castellano está "perfectamente garantizado" en las escuelas. Ha sido el punto más polémico de la reforma, el que más ampollas ha levantado y el caballo de batalla de los partidos de la derecha. La ley no contempla que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza como establece la que está en vigor. PP, Vox y Ciudadanos consideran además que la nueva legislación es un ataque a la escuela concertada porque acaba con la libertad de los padres para elegir. 

En la campaña contra la ley, hay hasta recogida de firmas promovidas por el PP. El presidente del PP, Pablo Casado, ha estampado la suya en una mesa instalada en los alrededores del Congreso. El líder popular defiende, dice, la "libertad de elección", "la educación pública y concertada", la "educación especial" y "los derechos fundamentales y constitucionales". 

En esa línea, la portavoz del PP en Educación, Sandra Moneo, desde la tribuna del Congreso, ha denunciado que la ley certifica "la ruptura del sistema de libertades y de la Constitución", es la "antesala de la mediocridad" educativa y tiene "una deriva autoritaria". 

El diputado de Vox, Joaquín Robles, habla de "degeneración" y considera que es la ley más "sectaria", "ideológica" y "peligrosa" de la democracia. Un instrumento, ha denunciado, para que los separatistas hagan de la escuela una "fábrica de independentistas". Sostiene además que en los colegios se va a jalear "una sexualidad irresponsable". 

"Ciudadanos va a votar no con las dos manos", ha afirmado la diputada Marta Martín. La formación que dirige Inés Arrimadas también ha anunciado recurso en el Constitucional ante, a su juicio, la "demolición del sistema educativo" y el ataque a los "derechos fundamentales". Los tres partidos están participando en las concentraciones por toda España convocadas por la Plataforma Más Plurales en defensa de la educación concertada. 

Los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, han hecho una encendida defensa de la reforma con un argumento fundamental: recuperar la educación pública como el instrumento principal para la igualdad de oportunidades. "Hoy por fin derogamos la LOMCE y apostamos por la educación pública como columna vertebral del sistema educativo", ha señalado Joan Mena, de En Comú Podem. 

La portavoz socialista, Mari Luz Martínez Seijo, ha calentado el debate acusando al PP de "irresponsabilidad" y de no tener visión de Estado al "difundir mentiras, bulos y fakes" sobre la ley. Respecto a la polémica del castellano les reprocha que generen "enfrentamiento y odio" porque según ella el castellano está "triplemente garantizado". También están asegurados los centros de educación especial: "No se van a cerrar".  "Dejen de jugar con la vulnerabilidad de las familias, dejen de engañar con algo tan sensible como la discapacidad. Es ruin", ha enfatizado la diputada.   

"No es un ataque ni a la concertada ni a la libertad", ha expuesto la diputada que ha agradecido el apoyo de los grupos que han respaldado la reforma, a los que "creen en la educación española y en su avance". Han sido sus palabras finales y las que han enfadado a los populares que han comenzado su protesta puestos en pie al grito de "libertad". 

Los partidos independentistas y nacionalistas han reconocido avances en la ley aunque no la comparten en su totalidad. ERC y PNV han votado a favor porque valoran el blindaje de la inmersión lingüística en las aulas y el hecho de que nunca antes hayan tenido tanta capacidad competencial.   

Todas las enmiendas de la oposición que se mantenían vivas han sido rechazadas y el texto del dictamen se mantiene los mismos términos. Además de que el castellano no figura como lengua vehicular en la enseñanza, el texto incluye, entre otras cosas, el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años, que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias, la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.