Irene Montero pone en marcha su primera ley: hacia el 'solo el sí es sí' en las relaciones sexuales

La ley sobre libertad sexual que este martes aprobará el Consejo de Ministros llega en la fecha pretendida por la ministra de Igualdad, en vísperas del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer. Una forma de ilustrar la afirmación de la ministra e Igualdad Irene Montero de que "no es una ley de un gobierno ni de un ministerio, sino una ley del movimiento feminista". 

Llega también con una incógnita sin despejar: cómo se traducirá finalmente en el texto esa idea de que "sólo el sí es sí". Esta idea, la del consentimiento de la mujer es la que, según la ministra, se pretende poner en el eje de toda la normativa.  Un consentimiento que tiene que ser "libre, revocable y para unas prácticas concretas", según ya anticipaba la propuesta legislativa de Unidas Podemos de 2018. 

"No hará falta que la mujer lo diga todo el rato", ha reiterado la ministra en múltiples ocasiones, a la espera de ver cómo se sustancia la idea en la, ley. Distintas voces de la derecha política como del propio ámbito judicial -incluso en el Ministerio- han cuestionado la teoría del "solo el sí es sí" señalando que es una opción que ya contempla la legislación vigente.   

En términos concretos, la nueva ley elimina el concepto de abuso y contempla todos los casos englobados ahora en ese concepto como "agresiones sexuales". La reconsideración no acarrea un endurecimiento de las penas. Es más, algunas de las horquillas en las que se trabaja prevén castigos inferiores a lo que ahora marca el Código Penal. Aún así, la ministra afirma que “es inexacto" hablar de una rebaja "porque hay penas que se introducen, hay penas que suben: las penas de acoso suben todas. Al final de lo que se trata es de que haya penas proporcionales, penas que sean eficaces". 

Para Montero se trata de una ley "pionera". Dice que "por primera vez en el mundo vamos a tener una ley que protege las libertades sexuales y que considera las violencias sexuales violencias machistas". El anteproyecto, de hecho, considerará agravante una violación cuando el autor es o ha sido pareja de la víctima. Entienden los autores de la propuesta que esto incluye una perspectiva de género.

Otro cambio previsto es que las agresiones en grupo -el de las llamadas manadas- se contemplen como un nuevo agravante, y no como un delito específico. Una forma de que las penas en estos supuestos sean mayores. El caso de la Arandina da una idea de lo que esto supone: cada uno de los acusados fue condenado por la agresión que cometió y en calidad de cooperador necesario de las cometidas por los demás. 

Al capítulo de agravantes se añade también el uso de fármacos, drogas o cualquier sustancia que contribuya a anular la voluntad de la víctima.

Una tramitación difícil

El texto tramitado por Montero ha sido sometido a un severo proceso de ajuste final. Hasta tres ministerios distintos -vicepresidencia, Justicia y Hacienda- han planteado objeciones o apuntado deficiencias, según la SER. En algunos casos por invadir competencias de otros departamentos; en otros, por no respetar la jurisprudencia al revisar las penas; también se han apreciado artículos calcados de otros ya vigentes y errores de redacción. 

Igualdad y Justicia han mantenido un pulso para ver cuando llegaba la aprobación. Justicia pretendía esperar a que se completaran todas las reformas del Código Penal que están en marcha. Por dos motivos. Uno, manifiesto: disponer de más tiempo para el estudio de las medidas. Otro indirecto: arropar con otros cambios de peso la reducción prevista de las penas por delito de sedición, para que la reforma del Código no parezca una reforma pensada solo en favor de los condenados por el procés. El Ministerio de Igualdad, sin embargo, tenía el interés expreso de aprobar la ley antes del 8-M, y al final ha impuesto su criterio.

Desde filas socialistas se ha querido evitar que las reticencias mostradas por Justicia (uno de sus ministerios) transmita la idea de que su ambición con el proyecto es menor que el de la ministra de Igualdad (de Podemos). El anteproyecto "responde al  programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, por tanto al ley es parte del acervo programático del PSOE", ha afirmado la presidenta socialista Cristina Narbona para zanjar cualquier duda. 

Narbona admite que el anteproyecto aún puede experimentar "alguna modificación", pero no cree que las diferencias entre Justicia e Igualdad hayan provocado una "dificultad diferente" con respecto a otras leyes que requieren del concurso de varios ministerios.