El largo camino que le queda a las bajas por reglas dolorosas

Las mujeres españolas tendrán que esperar meses antes de que puedan pedir una baja si tienen una regla dolorosa. Es unas de las principales medidas que contempla la nueva legislación sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que ha aprobado el Consejo de Ministros. Al anteproyecto de ley, que es a lo que ha dado luz verde el Ejecutivo este martes, le queda un largo camino de tramitación aunque la voluntad política del Gobierno es darle prioridad.

En ese sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que la legislación se tramitará por la "vía de urgencia" para reducir los tiempos a la mitad. Sobre el papel no hay una fecha concreta para que esas medidas se hagan realidad, pero la intención es darse prisa. En el Ministerio apuestan porque la aprobación definitiva sea cuanto antes, pero no quieren señalar una fecha en el calendario. Recuerdan que el proceso es largo y no depende solo del Gobierno. "¡Lo antes posible!", dicen fuentes cercanas a Montero.

Las leyes de la ministra de Podemos han sido siempre polémicas y han generado debate interno entre el PSOE y los morados dentro del Consejo de Ministros. Eso ha provocado que se demoren en el tiempo. El anteproyecto de la ley para la igualdad de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI se aprobó en primera lectura en junio de 2020, pero todavía no ha vuelto al Consejo para su aprobación definitiva. El CGPJ ha tardado cuatro meses en emitir su informe preceptivo.

La ley de Libertad Sexual, la conocida como ley del 'sólo sí es sí' está todavía tramitándose en el Parlamento tras un larguísimo y complejo recorrido. El Gobierno aprobó el proyecto un año después de darle el visto bueno al anteproyecto tras pasar por consulta pública, por la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado. Antes había sido un foco de conflicto entre los ministros de Podemos y los del PSOE a cuentas del concepto del consentimiento.

Esta nueva ley del aborto, con un coste de 104 millones de euros, también contiene asuntos polémicos. Las bajas por reglas dolorosas han generaron recelos en los departamentos económicos del Gobierno hasta llegar al acuerdo de que serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día, no se exigirá un mínimo cotizado y no habrá un límite de tiempo. "Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo", ha enfatizado Montero tras el Consejo de Ministros.

Otras de las medidas que generan ruido son el acceso al aborto a las menores a partir de 16 años sin permiso paterno, recuperando la medida de la ley que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, o la declaración de la gestación subrogada como violencia reproductiva contra la mujer.

Lo que se queda fuera de la norma es la rebaja o eliminación del IVA a los productos de higiene femenina. Hacienda rechazó que esa medida se incluyese dentro de la ley. La ministra de Igualdad sostiene que existe un compromiso de tratar ese asunto en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Esa es precisamente una de las críticas de los principales socios de Sánchez, que no se haya incluido la eliminación del IVA. Por lo demás los aliados parlamentarios celebran el anteproyecto y anticipan un respaldo futuro. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, recuerda que a lo largo de la tramitación se podrán negociar aspectos concretos.

La voluntad política de sacar adelante la ley es fundamental para pueda ser aprobada en esta legislatura. Si el Gobierno tiene los apoyos suficientes y quiere, los plazos se agilizan. Aun así hay una serie de pasos que el texto debe seguir.

Lo primero es enviar el anteproyecto a los órganos consultivos que tienen que hacer sus informes preceptivos aunque no vinculantes. La decisión de haber declarado el procedimiento de urgencia también afecta a que el CGPJ y el Consejo de Estado se deberían dar más prisa, en principio 15 días.

Una vez que se reciben esos informes, se revisará el texto que debe pasar por el Consejo de Ministros una vez más para convertirlo en proyecto de ley. Después se traslada al Congreso donde empieza la tramitación que incluye desde el debate de totalidad, la presentación de enmiendas, la elaboración del informe de la ponencia, debate en Comisión, traslado al Senado y vuelta al Congreso para su aprobación final. Ese proceso dura varios meses.

A la legislatura le queda un año y medio por delante y la voluntad de Igualdad es que antes de que acabe las mujeres tengan nuevos derechos, entre ellos el de poder coger una baja si sufren una menstruación con dolor. Si la legislatura acaba, en principio en diciembre de 2023, y la ley no está aprobada en las Cortes decaería.

A todo esto, la actual ley del aborto está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP desde el año 2010. Han pasado 12 años sin que sus magistrados lo hayan resuelto aunque se espera que el fallo llegue este mismo verano. El asunto ha pasado por dos magistrados que nunca han apreciado el quorum suficiente. Ahora está en manos del tercero, Enrique Arnaldo, el polémico candidato propuesto por el PP, que pretende llevar la cuestión a pleno próximamente.