La Ley de Memoria Democrática intenta llenar los vacíos de la de Zapatero anulando las sentencias del franquismo

Desde que acabó la dictadura de Franco, y ya hace 45 años, los tribunales se han negado de forma casi sistemática a revisar y anular las sentencias del franquismo. Ahora, el Gobierno busca eliminar las casi 100.000 condenas por razones políticas contra otros tantos represaliados a través de Ley de Memoria Democrática, una reforma de la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

No sólo falta conocer la versión definitiva del anteproyecto, que se presenta este martes en el Consejo de Ministros, sino que queda mucho tiempo hasta que la ley sea una realidad y habrá qué ver qué enmiendas se introducen y cuáles no. A falta de todo eso, la cifra de casi 100.000 sentencias de los tribunales franquistas, hace temer a algunos un colapso judicial.

Aunque partidario de una reforma, el abogado Eduardo Ranz, impulsor de la exhumación de Franco, explica que sólo un tribunal puede anular una sentencia, que la anulación por parte del Poder Legislativo, no tiene "efectos procesales", y que por tanto una vez publicada la ley, es más que probable que se generen reclamaciones judiciales

En cualquier caso, todo depende cómo quede recogido el texto definitivo, Ranz añade que para que la reforma sea posible, se debe delimitar exactamente qué sentencias son anulables, de qué fechas y por qué hechos, ya que una sentencia tiene carácter personalísimo, y de lo contrario, supondría una injerencia del poder legislativo sobre el judicial.

Por otra parte, "la mayoría de aquellos tribunales que dictaron las condenas han desaparecido", explica Ranz, así que habrá que buscar tribunales equivalentes, que en el caso del Tribunal de Orden Público, autor de numerosas condenas el franquismo, sería probablemente la Audiencia Nacional.

El profesor de historia del derecho en la Universidad Pompeu Fabra, Alfons Aragoneses, está convencido de que se ha hecho un buen trabajo y considera que el proyecto va mucho más allá que la ley de 2007: "Si miras el diario de sesiones del Congreso cuando se aprobó la Ley de Zapatero, es terrible, se habla de guerracivilismo, etc." responde por teléfono a NIUS este jurista que cree que la sociedad ha cambiado y que esta ley no encontrará muchas dificultades para llegar a puerto.

En su opinión, la anulación de sentencias es clave, porque "decenas de miles de personas dejarán de constar como delincuentes para el derecho" y eso es más que simbólico, a efectos jurídicos, tiene relevancia.

La ley de 2007 declaraba ilegítimas las sentencias y a los tribunales que las dictaron, pero no las anulaba, y las familias tenían que acudir a los tribunales, que además, se resistían a revisar las sentencias. "Ahora, el Gobierno está evitando" ese viaje los tribunales porque las sentencias desaparecerían: "Se están expulsando del sistema decisiones que vulneran el derecho actual, y también el de la propia época", declara Aragoneses.

Eso sí, Aragoneses puntualiza que en su opinión, la norma no debe hacer distinciones entre unas sentencias franquistas y otras, sino que debería anular "todas" las senetencias de los "tribunales especiales", en tanto en cuanto se trata de órganos ilegítimos.

Rubén Pérez, también profesor de historia del derecho, pero en la Universidad de Sevilla, cree que la ley pone negro sobre blanco, lo que la Constitución ya mandaba de facto, porque la Carta Magna tiene efectos retroactivos.

"Se debería haber entendido así", insiste Pérez, que da por bienvenida la ley que redobla lo que había hasta ahora y en la línea de su compañero de la Universisad de la Pompeu Fabra, considera que la anulación no tendrá que pasar por los tribunales.

En la línea de Aragoneses, Pérez considera que no es necesaria la intervención de los tribunales actuales, aunque sin que quede eliminada la posibilidad de que las víctimas recurran a ellos, algo que ya está tasado en el borrador del proyecto.

Para Rubén Pérez hay otro punto importante recogido en el borrador: el acceso a los documentos judiciales de la época, que en la teoría son públicos, pero en la práctica "están restringidos" y desperdigados en numerosos archivos y juzgados donde no ponen lo ponen fácil cuando alguien los reclama.

Hubo que esperar hasta el 2007 para que un tribunal -lo hizo el Supremo- anulara una sentencia del franquismo. Fue la condena a muerte a Ricardo Puente, republicano y director de Radio Málaga, que tras ser absuelto por "difundir propaganda" desde su emisora, volvió a ser juzgado por los mismos hechos y condenado a muerte, pena que pena fue conmutada por seis años de prisión.

En una decisión que aparentemente iba a marcar un antes y un después, la Sala de lo Militar aceptó revisar el caso y anuló la sentencia porque se le había juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, se utilizó un criterio técnico, sin entrar en el contenido político. Pero a partir de ahí, resulta casi misión imposible encontrar más condenas franquistas anuladas.

Tanto el profesor Aragoneses como su compañero Pérez explican que los tribunales casi siempre se han puesto de perfil, apoyados en la amnistía del 77, "tan general, que ya no había nada que esclarecer" apuntan estos dos estudiosos de la historia del derecho.

Pérez señala que políticamente la amnistía generó "una cultura del olvido", además de "poner patas arriba la supremacía jurídica de la Constitución".

La anulación de sentencias es uno de los puntos más novedosos de la reforma legal, aunque Sánchez, que ha delegado el asunto en la vicepresidenta Carmen Calvo, también quiere cubrir otros vacíos de la ley de Zapatero. Por ejemplo, el borrador del anteproyecto plantea que el Estado asuma de oficio la búsqueda de personas desaparecidas y enterradas en "cunetas" y fosas comunes. Además contempla la creación de una Fiscalía para que investigue los indicios de delitos en esas fosas.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cree que, si el texto se aprueba tal y como está, la ley se seguirá quedando corta, porque insiste en la vía de subvencionar las exhumaciones. En ese sentido, Silva asevera que "Los Derechos Humanos no se subvencionan, se garantizan".

No sólo eso, Silva reproche que no se esté planteando la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo, mientras que sí hay una para las de la División Azul: "nosotros le seguimos haciendo ese trabajo al Estado", lamenta el presidente de la Asociación que lleva años exhumando cadáveres.

En su opinión, no hay una necesidad de una ley nueva sino de "voluntad política", porque sigue habiendo demasiados vestigios del franquismo, uno de ellos, muy cerca del palacio de la Moncloa: "el arco que celebraba las victorias de Franco, Hitler y Mussolini, "que sigue en su sitio y está a 1.500 metros de donde vive Pedro Sánchez".

A Emilio Silva tampoco le gustan las fechas conmemorativas señaladas en el anteproyecto. En cuanto al día 8 de mayo, día de la rendición de la Alemania Nazi, que pasará a ser el día del exilio, señala que, aquel día, a los exiliados españoles por franquismo aún les quedaban otros 30 años en el exilio.

En cuanto al 31 de octubre, que es el día en que se aprobó la Constitución del 78, tampoco satisface a la Asociación de memoria Histórica que considera que la Constitución ha hecho negacionismo y ocultismo del franquismo. "Las víctimas no estaban ahí", afirma Silva, cuya asociación tampoco ha estado en la redacción de este proyecto de Ley.