A la guerra con Montesquieu
La 'coalición progresista' se inaugura con una agenda marcada por la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo
Como en 2004 con Zapatero, las batallas judiciales marcarán la legislatura
Nada nuevo bajo el sol. Las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial son una constante desde que Montesquieu concibió la división de poderes como vacuna contra la tiranía.
Incluso el presidente más valorado de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se enfangó en una pelea para alterar la composición del conservador Tribunal Supremo que frenaba su ambicioso programa político. Eso en un país donde el presidente nombra a dedo y de por vida a los magistrados del Tribunal Supremo (que, pese a todo, suelen hacer gala de una independencia insobornable).
Más cerca de nosotros, a Alfonso Guerra se le ha atribuido una frase -“Montesquieu ha muerto”- que el antiguo vicepresidente niega haber pronunciado. Y, sin embargo, condensa la extraordinaria batalla que se desató a medidos de los 80 cuando el Gobierno del PSOE cambió el método de elección del órgano que gobierna a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante una magistratura de raigambre franquista, el ejecutivo de Felipe González argumentó que el gobierno de un poder del Estado debía estar anclado en la soberanía nacional, sus miembros serían elegidos por el Parlamento; el CGPJ no podía ser un coto corporativo de las asociaciones judiciales. La derecha, la Alianza Popular de Fraga entonces, decretó con redoble de tambores que era el fin de la independencia judicial en España.
35 años después, la “coalición progresista” de Pedro Sánchez se ha inaugurado con la agenda marcada por la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial.
- El prólogo se sirvió en forma de pacto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sánchez se comprometía a sacar el conflicto de la "deriva judicial", un concepto impreciso que levantó de inmediato suspicacias.
- El primer capítulo fue el controvertido informe de la abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras que ERC convirtió en prueba de la voluntad del PSOE por “desjudicializar” el conflicto. Importaba el gesto, se dijo, para desbloquear la investidura de Sánchez. Días después, el Tribunal Supremo negó la libertad de Junqueras en un escrito que, de paso, se ensañó con la abogacía del Estado.
- El segundo disparo fue la decisión intempestiva de la Junta Electoral Central. Este órgano administrativo pedía que se ejecutara la inhabilitación del presidente de la Generalitat decidida por el Tribunal Superior de Cataluña y aún pendiente de recurso ante el Supremo. La resolución, conocida en vísperas de la primera sesión de investidura, fue criticada por los socialistas y por ERC, que la llegó a calificar de “golpe de estado judicial”.
- Durante el debate, Los partidos de la derecha prometieron un férreo marcaje judicial al Gobierno: “Nos enfrentaremos a esta operación de derribo constitucional. Estaremos en las calles y en las plazas, aquí y en los tribunales. España no se va a rendir. España triunfará”, anunció el líder del PP, Pablo Casado.
- Tercer asalto. Sánchez propone como fiscal general a quien ha sido hasta el lunes su ministra de Justicia, Dolores Delgado. El clamor no se hace esperar y oscurece la imagen histórica del primer Gobierno de coalición. La derecha política y judicial acusa a Sánchez de apropiación indebida de este órgano autónomo y clave que dirige la acusación pública en multitud de procesos. Cierto que Delgado no tiene carnet del PSOE, pero además de su paso por Justicia, en las últimas elecciones hizo campaña y fue elegida diputada socialista. Cuando se lo recuerdan a Sánchez en su primera rueda de prensa, el presidente reitera con absoluta impavidez que Dolores Delgado es “una persona de reconocido prestigio de ámbito independiente”.
- La cuarta escaramuza se desata por los calificativos que emplea el nuevo vicepresidente, Pablo Iglesias, en una entrevista: “La justicia española ha sido humillada en Europa”, dice en referencia a decisiones de distintos jueces europeos sobre el prófugo Carles Puigdemont. Al día siguiente, el CGPJ pide “prudencia y mesura” al vicepresidente segundo del Gobierno. La reacción era previsible. Hicieron lo mismo ante opiniones de ministros del PP que sacaron los pies del tiesto y olvidaron aquello de que "el Gobierno no opina sobre decisiones judiciales". Lo novedoso es que la Moncloa de Sánchez replicara al CGPJ con un comunicado invocando a la “libertad de expresión” de Iglesias.
- La batalla judicial se ha reflejado también en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ ha avalado la designación de Delgado, porque cumple los requisitos exigidos, como ser jurista española con 15 años de ejercicio. Pero la fractura ha sido evidente. Siete vocales propuestos por el PP han discrepado de la mayoría (12) y han emitido un voto particular. No la consideran "idónea" para el cargo porque su paso por el ejecutivo compromete la "apariencia de imparcialidad".
Que el PP se rasgue las vestiduras por esta designación resulta de una hipocresía digna del inspector Renaud de CasablancaNadie se puede llamar a engaño. Que todos los gobiernos a derecha e izquierda han intentado contar con un fiscal de su cuerda es una evidencia que solo podría discutir un terraplanista. Nadie puede disfrazarse de ingenuo. Que el PP se rasgue las vestiduras por esta designación resulta de una hipocresía digna del inspector Renaud de Casablanca. Los populares, por citar un par de casos, han colocado a un militante, Francisco Pérez de los Cobos, al frente del Tribunal Constitucional o se ha empeñado en meter en todo tipo de causas y tribunales a ese paradigma de la “imparcialidad” que era el magistrado Enrique López.
No era un empeño estúpido, dicho sea de paso, como quedó demostrado cuando el juez De Prada introdujo en la sentencia del caso Gürtel una frase que daba por acreditada la contabilidad B del PP. Una frase -“innecesaria”, diría tiempo después la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- que actuó como detonante de la moción de censura que envió a Mariano Rajoy de vuelta al registro de la Propiedad y al PP, a la oposición.
¿De verdad no ha encontrado Sánchez un candidato menos polémico para dirigir la Fiscalía?¿Es un error o una provocación?Tampoco Sánchez debería ampararse en la mala praxis de sus antecesores. ¿De verdad no ha encontrado un candidato menos polémico para dirigir la Fiscalía? ¿Error o provocación? No ha guardado ni las formas que recomiendan, entre otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando pide (informe 2017, punto 62) que “la Fiscalía sea, y así lo parezca, imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia impropia, en particular de naturaleza política". Ha cumplido con la pregunta retórica que se hizo en campaña: "¿La Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está". El presidente no lo ha podido dejar más claro. ERC lo respalda porque esperan un cambio en la orientación de la Fiscalía. Hace tiempo que el independentismo describe a la justicia española como un búnker reaccionario.
Back to the future. Como en 2004 con Zapatero, la batalla política de los “1.400 días” de legislatura se traslada a los tribunales. El reloj regresa al minuto anterior a la sentencia del Estatut. La batalla por la Constitución será, de nuevo, la batalla por la interpretación del perímetro legal de la Constitución del 78.