El PP y la Comunidad de Madrid exigen que la estación de esquí de Navacerrada sea rescatada

La Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 2,5 millones de euros por temporada las pérdidas que supondrá el supuesto cierre de las pistas de esquí de Navacerrada, así como entre 300 y 500 empleos directos menos, después de que el Gobierno central haya decidido no renovar su concesión.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, que se reunió el jueves con la empresa concesionaria de la estación de esquí y con la Federación Madrileña de Esquí califica el cierre de las pistas de decisión "unilateral, caprichosa e ideológica" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, ha defendido el consenso que existía en los últimos 20 años sobre estas pistas y ha criticado que "se quiere romper" pese a que en este periodo se han conjugado los intereses naturales y medioambientales con el ejercicio.

"No hay razón medioambiental, se alude al cambio climático. Por este motivo tendrían que cerrar las 38 pistas y si a eso le sumamos que estas prácticas se pueden realizar en Madrid a unos precios asequibles supone un castigo para familias con menos recursos", ha insistido, en declaraciones a los medios tras la reunión.

De la misma forma, ha subrayado que esto supone un "ataque" para el ámbito rural y ha criticado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, esté trabajando "en contra de los intereses del mundo rural", algo a lo que ha añadido que "dice mucho del talante de este Gobierno".

Martín ha trasladado que van a hacer "un frente común" junto a la concesionaria de las pistas y a Castilla y León para trabajar en la misma línea y conseguir que no se lleve a cabo el cierre. "Nosotros vamos a trasladar a la ministra la oposición a este cierre sin consenso y sin haber consultado a las comunidades afectadas", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Federación Madrileña de Esquí, Antonio Fernández, ha considerado que se trata de un "atentado" contra el deporte federado ya que en torno a 150.000 jóvenes que en los últimos diez años han practicado el deporte en la misma.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), comunicó la semana pasada a la Junta de Castilla y León que no daría una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque, ubicadas en Navacerrada.

El Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno, mediante una proposición no de ley en el Congreso, la revocación inmediata de su decisión de no realizar una nueva concesión de las tres pistas situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma.

También reclama al Ejecutivo que de a conocer todos los informes técnicos existentes en base a los cuales ha tomado esta decisión y que realice, antes de volver a tomar cualquier decisión respecto al futuro de la estación de esquí de Navacerrada, un estudio sobre su impacto socioeconómico en los municipios limítrofes, informándose del mismo a los sectores sociales, económicos y municipios afectados, así como a las comunidades autónomas de Castilla y León y de Madrid.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Grupo Popular asegura que esta decisión, tomada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico-, "supondrá la desaparición de la estación de esquí de Navacerrada por no ser viable su funcionamiento sin contar con esas tres pistas".

"Además tendrá consecuencias muy negativas en forma de destrucción de actividad económica y empleo, por lo que critica que la medida se haya tomado sin ningún tipo de consenso ni aviso previo a la Junta de Castilla y León, y a la Comunidad de Madrid", advierten los populares.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular lamenta "la falta de comunicación previa, la unilateralidad de la decisión por el impacto en la vida del medio rural y de su actividad socio económica, y la ausencia de debate en los órganos de participación social establecidos al efecto, especialmente el Patronato del Parque Nacional, donde el ministerio y el OAPN tienen representación".