El PP hace de la escuela concertada una de sus banderas para sacar ventaja a Vox en la calle

Primero fue el mantra de las bajadas de impuestos con las comunidades del Partido Popular convertidas en campeonas de la rebaja fiscal. Ahora es la defensa de la educación concertada. El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido con las direcciones del partido en el Congreso y el Senado y ha dado orden de seguir atizando al Gobierno con la escuela concertada. Da igual que el Partido Socialista insista en que la Ley Celaá "no altera el modelo de conciertos" educativos. Los populares van a dar  una batalla que están convencidos les beneficia electoralmente, a la que es muy sensible su potencial votante, y que afianza y diferencia a Casado como líder de la oposición frente a Santiago Abascal.

"Es nuestro programa, nuestro modelo y un icono de la libertad de elección en la sociedad. El Gobierno está preocupado por la movilización social. Tanto que sacó a Sánchez por la noche a hablar de vacunas de forma acelerada e imprudente. Vox está mal posicionado y Pablo Casado va a muerte en esto", resume para NIUS un dirigente popular que ha asistido a esa reunión estratégica.

Los populares van a hacer de la escuela concertada una de sus grandes banderas. Los ejes: recurso al Constitucional, recogida de firmas, compromiso de derogar la ley y "resistencia legislativa" desde sus territorios. "Las Comunidades Autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias", repite una y otra vez Pablo Casado. El líder popular no ha dudado en tomar la calle para ponerse al frente de la marea naranja y envolverse en la bandera de la escuela concertada, tomando así la delantera a Vox y a Abascal que ni siquiera se presentó en las marchas contra la ley. Al partido de extrema derecha tampoco es que le haya ayudado mucho la última polémica con la educación especial. Primero defendió en su programa electoral de 2015 acabar con ella, ahora dice que fue un "error tipográfico" y finalmente ha decidido eliminar todo rastro borrando ese documento de su web.

Cuenta además con un as en la manga. Gobierna sobre 19 millones de personas en cinco Comunidades Autónomas desde las que puede intentar neutralizar la ley mediante distintos decretos y contrarreformas, mientras Vox carece de poder territorial alguno con el que sacar músculo. Casado esta vez le lleva clara ventaja a Abascal con un tema socialmente muy sensible y electoralmente muy rentable, y piensa aprovecharlo al máximo. En la calle, hasta ahora terreno exclusivo de Vox, en el Parlamento, y la única cita electoral que queda a corto plazo. Las elecciones en Cataluña del 14-F-

El primer banco de pruebas será durante las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero. Los de Abascal sueñan con el sorpasso al PP. Las encuestas reflejan que la extrema derecha irrumpirá con fuerza en el Parlamento catalán con entre 4 y seis escaños, muy cerca de los 7-8 que los sondeos dan a los populares. No es casualidad que la primera salida de Casado tras la aprobación de la Ley Celaá el jueves fuera para reunirse con representantes de la escuela concertada en Lleida, junto con su candidato Alejandro Fernández.

La educación concertada y la defensa del castellano como lengua vehicular van a ser asuntos prioritarios que utilizar como ariete contra el Gobierno de Sánchez, pero fundamentalmente para intentar frenar a Vox, en una campaña en la que Pablo Casado se volcará. Presumirá de lo que un Gobierno autonómico del PP puede hacer para neutralizar la Ley Celaá y exhibirá lo que están haciendo al respecto sus barones.

Uno de los más poderosos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a blindar la educación concertada. "Seguirán existiendo los conciertos salvo que por imperativo legal haya algún precepto de obligado cumplimiento", aseguraba este lunes. 

La presidenta Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado una Ley para blindar la libertad de elección y la educación especial, eso sí, sin entrar en mucho más detalle y fiel a su estilo 'Agustina de Aragón', ha llamado a las barricadas. "Además de recurrir y luchar contra la norma, vamos a revelarnos desde el punto de vista educativo. No vamos a dejar que los niños pierdan la calidad educativa ni que las familias pierdan ese derecho a elegir lo que quieren para sus hijos", advertía después de haberle hecho de copiloto a Casado durante las manifestaciones contra la ley Celaá el domingo pasado.

Su consejero de Educación, Enrique Ossorio, cree que el propio texto de la nueva ley educativa les da margen para hacerlo. "Afortunadamente tenemos grandes competencias. Hay partidos que reniegan de las Comunidades Autónomas pero si no existieran ¿se imaginan qué haría el Gobierno del PSOE y Podemos en Madrid?. Empeorarían aún más ley", vaticinaba el Consejero en lo que es toda una andanada disparada con toda intención contra Vox.

En la defensa de la escuela concertada los partidos de la derecha tienen a unos aliados situados en las antípodas en otros asuntos, el PNV y Junts per Catalunya. Ni los nacionalistas vascos ni los independentistas catalanes han emprendido la cruzada de PP, Vox y también Ciudadanos, pero lo cierto es que en el ADN de esas formaciones está la escuela concertada. Los nacionalistas vascos han votado a favor de la Ley Celaá y los catalanes se han abstenido. Los dos llevaban en su programa electoral la derogación de la LOMCE. Era una prioridad absoluta después de aquel "españolizar a los niños catalanes" que pronunció el exministro Wert en el Congreso.  Además, la protección de la lengua y el aumento de las competencias a las Comunidades Autónomas que contempla la reforma les llevaron a no rechazarla. Pero los dos partidos dejaron claro que la Ley Celaá "no es su ley". Y lo que se contempla para la concertada tiene mucho que ver. 

Justo antes de la votación de la pasada semana en el Congreso, las dos formaciones intentaron que saliese una enmienda para garantizar que la escuela concertada tuviese un papel similar al actual. No salió adelante, pero la apoyaron PP, Vox y Ciudadanos. Extraños compañeros de viaje. La enmienda tuvo 170 votos a favor y 178 en contra. Un margen muy estrecho que evidenció la división que genera este asunto en la Cámara y en la calle. La enmienda sostenía que las enseñanzas reguladas por la ley se  "programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados".

Los vascos defienden que en Euskadi la red pública y la concertada son demandadas por igual y su coexistencia es un "modelo de éxito". Recuerdan que las ikastolas, que son centros concertados, son claves para recuperar el euskera. Aún así, la portavoz del PNV que intervino en el pleno, Josune Gorope, destacó que la Ley Celaá les permite desarrollar esa coexistencia que es la base de su sistema. 

Junts per Catalunya pone el acento en la Ley de Educación de Cataluña de 2009 que tiene como pilares fundamentales la defensa de un modelo de escuelas públicas y concertadas. Considera que las segundas "enriquecen, mejoran y dan más pluralidad y libertad" al sistema educativo. Para su portavoz de educación, Sergi Miquel, la ley del Gobierno es "preocupante" porque no garantiza esa pluralidad.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, avisaba a Pablo Casado de que las autonomías del PP no pueden desobedecer la futura ley educativa, mientras su compañero de Gabinete y número tres del PSOE, José Luis Ábalos recurría a la ironía.

El día después de la sonora protesta en las calles le ha tocado al ministro de Transportes dar la cara. "Yo no tengo nada que decir", ha dicho Ábalos que ha querido poner en valor que el derecho de reunión es "algo muy democrático". Un derecho fundamental, ha señalado, por el que "algunos intentamos luchar para que fuera posible cuando esto no era posible, en la dictadura". Para el número tres del PSOE cada vez que se produce ese ejercicio es "una expresión de vitalidad y fortaleza de la democracia". Eso sí, acto seguido, ha pedido a los manifestantes que tengan en cuenta al medio ambiente en ese tipo de concentraciones: "Tendremos que ir procurando que los medios sean lo más sostenibles, ya que estamos hablando de medio ambiente". 

Más allá de las ironías y los avisos, los socialistas defienden que que la Ley Celaá "no altera el modelo de conciertos" educativos, conscientes de que este es un asunto muy sensible que saca a la gente a la calle, aunque sea en coche y en mitad de la segunda ola de la pandemia.