El PP enfría el acuerdo sobre el Poder Judicial pero sigue negociando con el Gobierno

Apenas quedan tres semanas para el día de la Constitución. Es la simbólica fecha que se ha autoimpuesto el Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular de Pablo Casado y renovar el Poder Judicial. Sólo un par de días antes, el 4 de diciembre, el actual Consejo del Poder Judicial (CGPJ) habrá cumplido siete años de mandato. Dos más de lo que le corresponde.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no para de lanzar señales dando a entender que el pacto con los populares está al caer y de paso meter presión a Génova. "Sería muy bonito que hubiera una acuerdo antes de la Constitución", dijo hace unas semanas. "Hay un camino bastante allanado para la negociación", insiste ahora. 

La pregunta es sencilla: ¿el PP está dispuesto a estampar su firma en un pacto antes del 6 de diciembre?. La respuesta esta: "No hay avance ninguno con respecto a la renovación del Poder Judicial. No hay avances", aseguran a NIUS fuentes de la dirección popular. "Hoy por hoy no se dan bajo ningún concepto las circunstancias para llegar a un acuerdo", niegan tajantes.

La gota que colma el vaso, el pacto presupuestario con Bildu, que "dificulta enormemente" las negociaciones, explican. "El Gobierno parece no tener límites. Cada día nos levantamos con una cosa que parecía que Sánchez no iba a hacer el día anterior. No han pedido perdón por lo que dijo Ábalos (el ministro aseguró que Bildu era más responsable que el PP), han metido a Bildu como socio prioritario. El PP no puede pactar con el PSOE con lo que está pasando con Bildu", explican desde Génova.

Aún así el Partido Popular no ha roto los puentes con el Gobierno. El negociador de Pablo Casado, el consejero de Justicia de Madrid Enrique López, sigue manteniendo conversaciones casi a diario con el ministro Juan Carlos Campo. López dice que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es posible si se cumplen las tres condiciones del PP. A saber, que Unidas Podemos se quede fuera de la negociación, despolitizar al máximo el Poder Judicial, y retirar definitivamente el proyecto de ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ. "Lo importante es que se cumplan las condiciones que hemos puesto. Lo importante es que hay que despolitizar la Justicia. En esa marco es posible el acuerdo", asegura Enrique López.

El problema para los populares es que "no se ha cumplido ni una" de las tres. "Ni la más apremiante, que es retirar la reforma que sigue su trámite parlamentario y que ha puesto en contra a los fiscales, a los magistrado y que ha provocado el reproche de Europa", se quejan en Génova.

'La culpa es de Sánchez', la coartada del PP

Podemos, la amenaza 'congelada' de renovar el Poder Judicial sin el PP, la despolitización de la Justicia, la reforma del delito de sedición "por la puerta de atrás para contentar a Esquerra, "y ahora Bildu. Los populares acumulan agravios y razones pero no terminan de plantarse y romper las conversaciones con el Gobierno. ¿Por qué?

Primero porque el escenario que manejaban para cerrar un acuerdo que desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha saltado por los aires con la irrupción de Bildu en el tablero político. Y eso les ha cogido con el pie cambiado. En Génova calculaban que tras superar con nota la moción de censura de Vox y salvado el escollo de los presupuestos, había llegado el momento óptimo para alcanzar ese primer pacto de Estado que diera relumbrón al recién adquirido pedigrí de centro de Pablo Casado. Con lo que no contaban era con que Otegi anunciara por sorpresa el apoyo a las cuentas del Gobierno con el aplauso entusiasta de Pablo Iglesias. Mucho menos se esperaban que el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, arremetiera contra ellos diciendo aquello de que "Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP".

"Le decimos al PSOE que no vamos a pasar por ahí. Es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase", advertía duramente el líder de los populares en un acto con Nuevas Generaciones este lunes. En el cuartel general de Génova sopesan el coste de la factura de cerrar con el Gobierno una negociación a la que están obligados constitucionalmente. Son conscientes de que su electorado no lo entendería y menos después de las palabras de Ábalos que "han provocado mucha indignación", reconocen.

Toca ganar tiempo hasta que llegue 'otro' momento adecuado para firmar sin tanto desgaste político como ahora. Algo que que sin duda sería aprovechado por Vox que iría a degüello contra ellos. Por eso el núcleo duro de Casado arma ya un plan B en el que el contrario, el PSOE y el Gobierno de Sánchez, aparecen como los únicos "culpables" de seguir teniendo un Consejo del Poder Judicial bloqueado dos años. Todo un récord. El anterior estaba en un año y diez meses y era el PP de Rajoy el que se resistía a perder la mayoría en el CGPJ.

"Hoy por hoy no puede ser. No veo lo de cerrar un acuerdo el 6 de diciembre. No estamos en eso. Por culpa de Sánchez que ha dejado atrás el sentido de Estado", apunta ya con el dedo acusador un miembro de la dirección del partido. "El presidente Sánchez suma un obstáculo nuevo cada semana que pasa", remacha el responsable de justicia del PP, Enrique López.

Primero fue un whatsapp indiscreto del por entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, el que dio al traste con el nombramiento del juez Manuel Marchena al frente del Poder Judicial. Después fue Cayetana Álvarez de Toledo la que dinamitó un posible acuerdo tras su salida abrupta como portavoz en el Congreso. Puede que al tercer intento para renovar el gobierno de los jueces tampoco esta vez vaya la vencida.