Salvador Illa ve legal el fondo de la Generalitat para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas


El líder del PSC cree que el fondo para pagar los avales del Tribunal de Cuentas “se ajusta a la legalidad”
Los equipos jurídicos del grupo parlamentario socialista avalan la medida
El jefe de la oposición en el parlamento catalán, el socialista Salvador Illa, considera que el fondo de 10 millones de euros creado por el Govern para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a pagar la fianza que les reclama el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero se ajusta a la legalidad. “La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad”, ha asegurado el ex ministro de Sanidad en una entrevista en Rac1.
El grupo PSC-Units ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que dictamine si el decreto ley aprobado por el Gobierno catalán se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española. Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el “ruido” generado en torno al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT).
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“Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución”, ha resuelto.
"Nada que objetar" si es legal
El Gobierno no tiene “nada que objetar”, si está sujeto al derecho, ha afirmado. “Si no está sujeto a derecho, tendremos que recurrirlo" afirmó hace una semana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno señalaron que aún no tienen claros los detalles del fondo y lo están estudiando, pero si ven que contraviene de alguna manera la legalidad, buscarán la forma de pararlo, como han hecho con algunas leyes catalanas.
El Gobierno catalán probó, mediante un decreto ley, la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y al que se podrán acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria. El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de exaltos cargos de la Generalitat y servidores públicos el pago de fianzas por 5,4 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalización del proceso independentista.
El ex conseller de Empresa, Santi Vila, avanzó a NIUS que espera que este fondo también cubra su fianza en el juicio por las obras de arte sacro de Sijena.
Illa podría apuntar la postura de Moncloa
La posición de Illa, de la absoluta confianza de Pedro Sánchez, podría apuntar la postura de La Moncloa. El presidente del Gobierno advirtió la semana, durante la gira que realizó por los países bálticos, que el Gobierno recurriría el fondo creado por la Generalitat si comprobaba que es ilegal. Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisión que se ha tomado y, a partir de ahí, si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo”, afirmó.
Posteriormente, el Govern se ofreció a negociar el contenido del decreto, excepcional en el Estado autonómico. Las comunidades no ayudan a cargos que malversan fondos como quiere hacer Cataluña. Los seguros existentes cubren la responsabilidad en el ejercicio del puesto pero no la indebida gestión de caudales públicos.