Sánchez evita confirmar si autorizó personalmente la entrada de Gali: "España hizo lo que debía, como debía"

No ha habido forma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido aclarar si fue él o no quien autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Un episodio del que se investiga si se hizo con los permisos oportunos y por el que la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha sido imputada en los juzgados de Zaragoza.

Pedro Sánchez, recién llegado a Nueva York desde La Palma tras su visita a la zona afectada por el volcán, y en un encuentro con los medios ha sido invitado a despejar la duda de si dio la orden, pero ha evitado despejarla y ha optado por defenderse afirmando que se actuó “conforme a le ley”.

“Hubo una petición humanitaria para salvar una vida a una persona que estaba a punto de morir”, ha argumentado el presidente, en referencia al contagio de la covid que padecía Gali, razón por la que se pidió su hospitalización en un hospital de Logroño. Todo su empeño ha sido insistir en que España dio “una respuesta humanitaria”. Para Sánchez, España hizo “lo que debía, como debía, conforme a la ley”. En todo momento sin asumir personalmente la responsabilidad de la orden.

Es la línea argumental que ha venido manteniendo el Gobierno en todo momento. Y que poco antes que Sánchez había defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en La Sexta en la que ha evitado opinar si dejar entrar a Gali fue o no una decisión correcta. Por aquello que las cosas se valoran mejor cuando han pasado. El ministro decía ignorar si la orden fue del presidente y no ha querido aclarar si ha hablado o no con la ex ministra Laya después de que haya sido imputada.

La acogida de Gali, líder del Frente Polisario, para su tratamiento en Logroño fue el detonante de la crisis que se abrió con Marruecos, que al poco de enterarse relajó las medidas de control en la frontera, facilitando una llegada en masa de inmigrantes a Ceuta. El Gobierno de Rabat suspendió incluso las relaciones diplomáticas con Madrid. Cuatro meses después, Sánchez entiende que la tensión está casi superada y "estamos ante la gran oportunidad de restablecer las relaciones de una manera más sólida y con fundamentos".

El presidente aterrizaba en Nueva York con las horas contadas para intervenir ante la Asamblea de la ONU y poco más. Su estancia iba a ser más larga, pero se ha visto reducida al mínimo porque decidió estar sobre el terreno en la emergencia de La Palma, adonde tiene intención de volver este jueves para acompañar a los Reyes en su visita al lugar afectado por la erupción.

Desde Estados Unidos, el presidente volvía a rechazar la propuesta que plantea el PP de modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para propiciar un acuerdo en la renovación. Para Sánchez, la votación del martes en el Congreso en la que los populares no lograron respaldo a su idea demostró que Casado no cuenta con una mayoría parlamentaria que le respalde, y se ha instalado en la "insumisión constitucional".

El PP defiende su petición de que sean los jueces los que elijan a los jueces al entender que es lo que ha vuelto a sugerir la Comisión Europea. Pero el Gobierno entiende que lo que ha dicho Bruselas es que se proceda a una renovación inmediata y que, más adelante, se contemple la posibilidad de dar voz a los jueces en la elección, algo que, según Moncloa, ya se hace con el actual modelo.

La rueda de prensa en Nueva York ha propiciado que le preguntaran de nuevo a Sánchez por las últimas informaciones sobre el rey emérito, según las cuales la Fiscalía del Tribunal Supremo le notificó en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna, antes de que este procediera a sus dos regularizaciones con Hacienda.

El presidente, sin entrar al detalle, se limitaba a repetir su argumento de siempre: "No hay ningún trato de privilegio a ninguna persona, se llame como se llame o se apellide como se apellide", decía. Volviendo a insistir en que el trabajo de la Agencia Tributaria y la Fiscalía acreditan que el Estado de derecho "funciona".