El Senado aprueba la octava ley de educación de la democracia con la oposición frontal de la derecha

El Senado ha aprobado definitivamente la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá y una de las leyes más polémicas de este primer año de legislatura del Gobierno de coalición. Ha salido adelante con el apoyo del PNV y Esquerra y con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Los intentos de retrasar la tramitación de la reforma educativa y que volviera al Congreso de los Diputados han sido vanos. No se ha admitido ni una sola enmienda de las casi 700 presentadas, lo que ha provocado un alud de críticas. "¿Acaso son todas tan malas?", se preguntaban desde la bancada popular.

Arropada por las vicepresidentas Calviño y Rivero, y los ministros Ábalos y Marlaska, Uuna muy emocionada ministra de Educación, Isabel Celaá, proclamaba minutos después de aprobarse la reforma educativa que "la ley Wert es ya pasado". Diez han sido los partidos que han dado su aval a la nueva norma. Eso sí, Celaá ha garantizado que seguirá trabajando para sumar más formaciones que apoyen el desarollo de la ley educativa.

La nueva ley de educación es la octava de la democracia y nace con gran contestación política y el rechazo de parte de la comunidad educativa, lo que se ha traducido en multitudinarias protestas en la calle de la 'marea naranja'.

Uno de los puntos más controvertidos de dicha ley es el de eliminar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, después del pacto que alcanzó el Gobierno con ERC, lo que provocó una avalancha de críticas por parte de la oposición, y el nuevo tratamiento de la educación concertada y la educación especial.

Estos dos aspectos han concentrado los reproches del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. También de grupos como JxCat porque según ellos "aunque es mejor que la ley Wert no blinda la legua catalana y pone en riesgo la educación concertada". Aún así se han abstenido y no han votado en contra. "Han aplastado cualquier intento de corregir el texto. Es un despropósito, es inmoral", reprochaban los senadores populares.

Los socialistas han rechazado todos esos reproches. "Es la 'ley Wert' la que no permite decidir a los padres, son los centros los que dicen quién entra y quién no", defendía el portavoz socialista José María Oleaga que se preguntaba en voz alta "si había alguien que pensara en el Senado que el castellano está en peligro en nuestro país", entre aplausos de sus compañeros y las protestas de la oposición. Un debate muy bronco en el que se ha mezclado todo lo imaginable: los ERE, la corrupción, ETA, o el 'procés', mientras se tiraban la educación a la cabeza de un lado a otro del hemiciclo.

El PP boicoteará la ley

El Partido Popular ha hecho de la reforma educativa uno de los ejes fundamentales en su estrategia de oposición. Sus líderes, con Pablo Casado a la cabeza, han tomado la calle abanderando la 'marea naranja, y sus barones territoriales han anunciado que boicotearán la ley Celaá porque "elimina la libertad educativa".

Ese compromiso ha sido ratificado por Casado justo en el día en el que se aprobaba la reforma educativa. Desde Palencia, en una de las comunidades en las que gobierna, el presidente del PP afirmaba que la norma "es mala para la calidad, para la vertebración, y para la libertad educativa" y defendía que sus territorios hayan decidido adelantar las matriculaciones para esquivar la nueva ley de educación. 

Frente a esta maniobra la ministra Celaá avisaba: "Estamos en un Estado de derecho, y las leyes han de cumplirse. No puedo ni siquiera imaginar que haya una Comunidad Autónoma que determine no cumplir una ley, el Ejecutivo sabrá cómo hacer según qué cosas".

Los populares ya han dicho que la derogarán en cuento lleguen a la Moncloa mientras anuncian al tiempo un pacto nacional por la educación. "Nace muerta. Seremos el muro de contención con la Constitución como referente. Los españoles nos están esperando y no les vamos a fallar", aseguraba durante el debate el senador popular Pablo Ruz. La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, en la misma línea se comprometía a trabajar para que "este atropello no vea la luz". Según la formación naranja el texto "no cumple con los mínimos democráticos, es una ley sectaria" mientras los senadores de Vox la calificaban de "tenebrosa".

A pesar de todo esto el Congreso aprobó por mayoría esta reforma educativa, entró después en el Senado el pasado 25 de noviembre y este miércoles se ha convertido en ley. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado antes del 30 de diciembre y su primera consecuencia práctica será la derogación de otra norma educativa polémica, la 'ley Wert'.  

Después de aprobar la nueva ley educativa, el Senado cierra un mes y no volverá a la actividad plenaria hasta el próximo 2 de febrero con el control al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno estará así dos meses sin someterse a las preguntas de la oposición en la Cámara Alta.