Torra, sobre su inhabilitación: “No sería un castigo contra mí, sino contra un país en medio de una pandemia”

Quim Torra ha aprovechado su asistencia a la vista de su recurso en el Tribunal Supremo este jueves para criticar lo que denuncia como un "proceso judicial esperpéntico" y para lamentar las consecuencias que puedan derivar de su inhabilitación: "No sería un castigo para mí, sino para un país en mitad de una pandemia".

Nada más terminar la vista, Torra ha comparecido desde la sede Blanquerna de la Generalitat para justificar su presencia voluntaria en el Alto Tribunal: "He venido para mirar a la cara a un tribunal que quiere hacer caer a otro president de la Generalitat". El jefe del Ejecutivo catalán se ha dirigido a los magistrados para decirles que "tienen en sus manos algo más importante" que su futuro político: "No me quieren inhabilitar por por cualquier pancarta, sino por una que reivindica unos derechos fundamentales que nos faltan".

En este sentido, ha criticado que "la unidad indisoluble de España está por encima de la independencia judicial, de la neutralidad policial y de la decencia democrática en los parlamentos". Además, ha criticado la falta de libertad de expresión que, según él, vive el país: "Siempre se nos ha dicho que podemos hablar de todo, pero tenemos exiliados por delitos de opinión, presos en sus celdas a pesar de tener derecho al tercer grado y un president, yo mismo, que puede ser inhabilitado por una pancarta... ¡Qué mentira!".

El president ha recordado la "persecución del Estado" contra Puigdemont y los "exiliados", la imposibilidad de Junqueras para ser eurodiputado, la "violencia" policial contra votantes del referéndum del 1 de octubre y las "amenazas" del rey Felipe VI contra la voluntad democrática de Cataluña, según lamenta. Y concluye: "Esta es su manera de seducirnos para que nos quedemos amablemente".

Torra también ha desvelado parte de sus planes al descartar convocar elecciones antes de su posible inhabilitación. Así lo ha confirmado tras reafirmar su responsabilidad en la lucha contra la pandemia y que no se desviará "ni un milímetro" de su "deber como president". En palabras desde Blanquerna, "no seré yo, en este momento tan crítico para el país, quien aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana".

De esta forma, Torra deja la legislatura en manos del Supremo, quien tiene "en sus manos la caída de un Govern". De hecho, él y su entorno han reiterado en otras ocasiones que "ningún tribunal español" iba a marcar el calendario político de la comunidad catalana. La Ley de la presidencia establece que, en caso de cese, el vicepresident debe asumir la presidencia en funciones; en caso de que el Parlament no invista a ningún candidato, en dos meses se disolvería la cámara y se convocarían unas nuevas elecciones que den lugar a un nuevo Govern.

El Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el recurso de la defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que resolvió la inhabilitación de Torra durante un año y medio para el ejercicio de cargos electos y una sanción de 30.000 euros. El motivo, no cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y "exiliados" durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019.

Precisamente, el propio president ha reivindicado a primera hora de este jueves su presunta desobediencia al colgar en Twitter una foto con la pancarta, seguida del texto "pues sí: libertad presos políticos y exiliados".