Transparencia obliga al Gobierno a informar sobre las reuniones entre Sánchez y Felipe VI
El Consejo de Transparencia considera que la Casa Real está fuera de la ley de información pública en este caso, pero no el Gobierno de Pedro Sánchez
El organismo recuerda que la agenda de los responsables públicos es información de interés para los ciudadanos
El Consejo de Transparencia ha obligado al Gobierno a entregar en un plazo de diez días la información sobre todas las reuniones, encuentros, llamadas telefónicas y videollamadas celebradas entre el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Según la resolución emitida por el organismo, Presidencia tendrá que aportar datos del día en el que se celebró el encuentro, el lugar, la duración del mismo y si fue de forma presencial o por videollamada.
La decisión, que el Gobierno puede pelear en los tribunales, llegó después de que un ciudadano solicitara esta información de forma oficial a la Casa Real, que le respondió el pasado mes de febrero de forma negativa. Según los argumentos del organismo, la Casa Real no estaba sometida a la Ley de Transparencia en esos términos. Y era verdad.
Sin embargo, el ciudadano pidió también la misma información a Presidencia del Gobierno, que le contestó con silencio administrativo. Nada. Ni una sola explicación, alegando después que como la Casa Real ya había contestado en febrero, su razonamiento era el mismo. De hecho, las peticiones a la Casa Real se canalizan también por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. La pelota otra vez en el mismo tejado.
En protesta por la decisión, el reclamante trasladó el procedimiento al Consejo de Transparencia, que ahora le ha dado la razón, obligado a la oficina de Pedro Sánchez a entregar todos los datos sobre sus encuentros con Felipe VI, el lugar, la duración y si fueron de forma presencial o telemática.
Una agenda de interés público
“La información relacionada con las actividades institucionales del Presidente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones de dirección de la acción del Gobierno y representación del mismo, puede considerarse que se trata de información pública”, reza el dictamen de Transparencia.
De hecho, el organismo recuerda que es un criterio que se debe adoptar para las agendas de todos los responsables públicos de la Administración del Estado: “La razón de fondo estriba en que, con carácter general, parece razonable sostener que el conocimiento de las agendas de los responsables públicos ayuda a alcanzar el objetivo de la Ley manifestado en su preámbulo. En efecto, la información referida a la actividad de quienes dirigen, organizan y son responsables de la toma de decisiones, contribuye a formar en la ciudadanía un mejor conocimiento de la actividad pública y, con ello, a facilitar el escrutinio ciudadano y el ejercicio del control democrático”.
Así, el organismo obliga al Gobierno a entregar en un plazo de diez días información sobre todos los “despachos” entre el presidente Sánchez y el rey Felipe VI, en una decisión sobre la que el Gobierno puede acudir a los tribunales.