A juicio un concejal del PP acusado de agredir a una Guardia Civil en una plaza de toros de Segovia

El episodio se produjo según la denuncia el nueve de septiembre de 2018, en mitad de un festejo taurino celebrado con motivo de las fiestas de un pueblo de la provincia de Segovia. Mientras un rejoneador terminaba su faena, en la grada un exaltado comenzó a lanzar improperios. Tantos que los agentes de la Guardia Civil decidieron actuar e identificarle a ver si se callaba. Ante los abucheos del resto del público y para salvaguardar su seguridad, los agentes decidieron sacar a la persona que gritaba fuera de la plaza. Y fue all donde sucedió el supuesto encontronazo que ha dejado a una Guardia Civil 805 días de baja y a un concejal del PP imputado por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Un edil que se encuentra ahora fuera del consistorio y que en todo momento niega haber agredido a la agente o haberla tocado siquiera. 

Según la denunciante, representada por la letrada Silvia Domínguez del despacho SDG Abogados, tras sacar a la persona que vociferaba fuera de la plaza, llegó al lugar el entonces concejal de Juventud del pueblo, que trató de impedir la actuación de los agentes frente a este vecino. “Cuando los agentes le indican al concejal que se retire y deje actuar a la autoridad, haciendo caso omiso a las indicaciones, éste responde que allí la autoridad era él y que la Guardia Civil no era nadie”, refleja la primera denuncia presentada, dos días después del altercado, según ha podido conocer NIUS. 

En su escrito, los agentes mantuvieron que el concejal había agarrado el brazo de la agente con tanta fuerza como para provocarle una torsión, además de dejar marcas visibles en su brazo, y que propinó después un golpe en el pecho del segundo agente. Tanto una contusión como otra aparecen reseñadas en los partes médicos presentados por los dos guardias civiles al formalizar su denuncia. 

El 7 de septiembre de ese mismo año, el concejal fue detenido en lo que supuso el arranque de un procedimiento judicial que se ha prolongado casi cuatro años. En un primer momento, el edil se negó a declarar ante la Guardia Civil y prefirió hacerlo en el juzgado. Allí, negó en todo momento haber tocado a los dos agentes, mientras los denunciantes se reafirmaron en su versión de nuevo. Mantuvieron que el concejal -que era además el presidente del festejo- les había abordado diciendo “que la autoridad allí era él”. En ese momento, los médicos diagnosticaron a la agente “elongación forzada del manguito de los rotadores” además de una contractura severa y el juez decretó un juicio rápido para el 20 de septiembre de 2018. 

Sin embargo la situación médica de la Guardia Civil se complicó, en un proceso médico que le ha llevado a pasar por dos intervenciones y a estar 805 días de baja médica. Eso provocó que la trifulca de la plaza de toros pasara a considerarse como un delito penal con mayores consecuencias y que la investigación del caso se ampliare. 

Para aclarar lo sucedido, el juez encargado del caso tomó declaración en otoño de 2018 a otro concejal que estaba presente, a la persona que controlaba el acceso a la plaza y al delegado gubernativo nombrado. El compañero del investigado en el consistorio declaró que no llegó a ver la agresión y que el acusado no estaba especialmente alterado. Una versión que no concuerda con el delegado de la Autoridad, que encontró al concejal “nervioso y alterado, como discutiendo la labor que estaba realizando la agente. Que no pudo ver si aquél agarró o no a los agentes porque llegó un poco más tarde de los hechos. Que escuchó a Juan decir algo de "la autoridad", pero no sabe en concreto qué”.

En esta fase, el testimonio más completo fue el de la persona que controlaba el acceso a la plaza y cortaba las entradas, “que sí que escuchó que aquél concejal dijo a la agentes "aquí la autoridad soy yo" y continuó diciéndole "usted está para hacerla obedecer". “Que ya no vio cómo empujaba a los agentes, que el declarante dijo a otro agente que les separara porque veía que se podía calentar la cosa en el sentido de que el concejal iba a estallar contra la agente. Que vio como el otro agente les separaba [...] Que el concejal si tenía actitud chulesca”.

De forma casi paralela, llegó el parte de antecedentes policiales que sobre el acusado tenía la Guardia Civil. Pese a ser concejal durante ocho años, presentaba seis reseñas por sanciones administrativas. Dos de ellas, de los años 2016 y 2017 eran por sendas “faltas de respeto a un miembro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.

El 15 de octubre de 2018, la defensa del edil acusado presentó una lista de cinco testigos para acreditar su versión.: que él nunca tocó a la agente ni se interpuso en su labor. Los hechos descritos en las declaraciones de estos testigos son en algunos casos diametralmente opuestos a los relatados con anterioridad por los denunciantes y otros testigos, y dibujan a un concejal “que no se acercó a los agentes”, que estuvo como máximo a un metro de ellos, “ que no vio que la agente se quejara de ningún síntoma o dolor, y no hacía alusión a que nadie hubiera podido agarrarla. Que no vio contacto físico en ningún momento”.”Que el concejal no se acercó a los agentes y escuchó la discusión entre" la persona que fue expulsada de la plaza y la agente, relató otro de los testigos.

“Respecto del concejal no vio nada, y la única persona que vio que agarraba a la agente fue el compañero de ella para que se marcharan. Que no vio contacto físico entre” el concejal ni que estuvieran próximos y al poco se separaron. Que el compañero de la agente le dijo "vámonos", en dos o tres ocasiones, agarrándola del brazo. Que una de las veces tiró de ella del brazo diciendo "vémonos" y otra vez sin tirar sin brazo”, declaró otro de los testigos, poniendo la responsabilidad de la posible lesión de una forma implícita sobre otro Guardia Civil. 

Sin embargo, la Fiscalía se decantó del lado de los denunciantes y pidió que el proceso se ampliara a nuevas diligencias. Comenzaron a llegar entonces por goteo los informes médicos de la denunciante, mientras el juzgado pedía que fuera analizada por distintos forenses. Pasaron los meses, las distintas operaciones, la baja de la afectada se prolongó al igual que su rehabilitación y mientras los médicos confirmaban que la curación de una lesión así solía durar medio año, la de esta agente se fue hasta los 805 días tras las complicaciones médicas y los distintos tratamientos, además de las repercusiones anímicas que la agente reconocía, al verse señalada por algunos ciudadanos tras la denuncia.

Entre medias, la investigación quedó paralizada al igual que los procesos judiciales no prioritarios por causa de la pandemia, cambió la acusación al confirmar el aumento de gravedad de las lesiones y quedó cerrada en mayo de 2021 cuando el juez instructor decidió mandar la pieza a juicio. Poco después, la Fiscalía realizó escrito de acusación y solicitó 20 meses de prisión y 44.000 euros de indemnización por presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. La acusación particular aumentó la cuantía demandada a más de 46.500 euros, y el juicio quedó fijado para el pasado mes de febrero. 

Sin embargo, tampoco se celebró en la fecha prevista, así que por el momento y según las fuentes consultadas por NIUS, la cita judicial está prevista para el próximo mes de septiembre, a falta de nuevos y posibles aplazamientos.