La Fiscalía Europea investigará varios contratos millonarios de Ayuso durante la pandemia
Unidas Podemos denunció los contratos y la Fiscalía Europea los va a investigar
Madrid adjudicó ocho contratos a dos empresas por valor de 22 millones de euros
La Fiscalía Europea va a investigar los contratos millonarios de material sanitario que el Gobierno de Isabel-Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid adjudicó a dos empresas en el año 2020 durante la pandemia de covid-19.
La decisión se ha tomado después de que Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una denuncia por posibles irregularidades respecto a la adjudicación de esos contratos a las empresas Air Global Media y Vin Dore 24K para el suministro de material sanitario.
Los contratos se hicieron mediante un procedimiento de emergencia, dada la situación. Un mecanismo que permite conceder contratos sin necesidad de abrir un expediente o un concurso previo. En total se firmaron ocho contratos por valor de 22 millones de euros para comprar mascarillas y material sanitario en plena ola de la covid-19
De momento la Fiscalía Europea acuerda iniciar procedimiento para investigar la denuncia de la formación morada en torno a la adjudicación de contratos a las empresas
Indicios de "posible fraude"
Según la Fiscalía, y a falta de practicar diligencias de investigación, de las denuncias se desprenden "indicios de posible fraude relacionado con los contratos financiados por fondos europeos", lo que podría constituir un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea y de estafa.
En el momento en el que se cerraron los contratos, abril de 2020, la empresa Air Global Media declaraba que su actividad era la elaboración de contenidos de radio sobre Fórmula 1 para teléfonos móviles, por su parte Vin Doré 24K vendía vinos espumosos con partículas de oro. Ninguna de las dos empresas tenía relación con el sector sanitario.
La Fiscalía europea ya intentó realizar una investigación por el contrato de venta de mascarillas por el que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cobró una comisión económica. La Fiscalía Anticorrupción no lo permitió al entender qeu no había indicios de delito de malversación de fondos públicos.