Anticorrupción archiva la investigación por los contratos del hermano de Ayuso por "ausencia de indicios"

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de adquisición de mascarillas firmado entre la Comunidad de Madrid la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los fiscales cierran el caso sin judicializarlo ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

Cuatro meses después de abrir su investigación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid que señalaban delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Eso sí, no realiza "pronunciamiento alguno" a los "posibles delitos de malversación" de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

En su escrito, de 21 páginas y al que ha tenido acceso NIUS, el fiscal explica que hay que tener en cuenta el contexto de pandemia que rodeó al contrato, firmado el 1 de abril de 2020. "La rapidez en la evolución de los acontecimientos, a escala nacional e internacional, produjo una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud" que llevó a adoptar medidas temporales y que condicionó el trabajo de la Administración.

"Difícilmente puede hacerse abstracción de las circunstancias que concurrieron en esta y otras adquisiciones de material de protección, con toda la población madrileña -y española- confinada, centenares de muertes diarias y la apremiante y casi dramática necesidad de adquirir mascarillas que protegieran, en primer lugar, al personal sanitario, especialmente expuesto al virus", señala el escrito.

Por eso, el Ministerio Público entiende que hubo que flexibilizar los "usuales parámetros comerciales" de un mercado que demandaba a nivel global un volumen de material sanitario que los canales habituales de abastecimiento, colapsados, no podían atender, lo que provocó "una perturbación significativa" de la cadena de suministro.

La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia, tanto en España como en otros países, produjo una notable incertidumbre en relación con la negociación de los contratos y así se llegó a formar acuerdos sin cumplir con los requisitos habituales.

Añade el fiscal que, por supuesto, eso no puede amparar comportamiento irregulares, "ni mucho menos delictivos", que sí habrá que investigar, porque al fin y al cabo, aunque había legislación, aunque los parámetros se hubieran relajado de forma "excepcional y urgente".

Sobre el hermano de la presidenta, el decreto de archivo apunta que "venía trabajando en el mercado sanitario desde finales del siglo pasado", primero como empleado y después como autónomo.

Su experiencia "le permitió mantener contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario" lo que a ojos del fiscal le avalaba como proveedor eficaz en ese momento.

Por otra parte, la sociedad Priviet Sortive, dedicada al comercio de prendas de vestir. Esa empresa, propiedad de un amigo de Tomás Díaz Ayuso, no tenía por tanto experiencia, pero recoge el fiscal que en su caso, la crisis sanitario la sumió en una situación complicada que le hizo dar una vuelta a la empresa, ante "una complicada situación económica, con dificultades para dar continuidad a su negocio". 

Fue Díaz Ayuso el que propuso el negocio a Daniel Alcázar, su amigo y propietario de Priviet, "por la relación de amistad". Por un lado Priviet podía aprovechar "su experiencia y capacidad logística y financiera" y él "su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados".

Tras analizar el material, el procedimiento y el precio de la adjudicación, la Fiscalía concluye que no es posible "concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación". Pero el contrato también tenía a otra Fiscalía mirándolo con lupa, la europea.

En la Fiscalía Anticorrupción se investigaba si se habían cometido delitos de prevaricación tráfico de influencias. Pero la Europea, que tiene como titular española a la fiscal Concha Sabadell, sigue comprobando si hay un delito de malversación, ya que las mascarillas se pagaron con fondos europeos, que le compete investigar.

En España, los fiscales no apreciaban indicios de ese delito desde el principio, porque consideraron que, en tanto en cuanto el material se distribuyó, el dinero pagado había sido utilizado para el fin que le correspondía, sin embargo, Sabadell insistió en tener la causa y finalmente se quedó con una parte de la causa que sigue sobre su mesa.

Sobre la presidenta madrileña, el fiscal analiza su participación "desde una triple perspectiva: la del prevalimiento de su posición institucional para influir en que se aceptara esa oferta, la de la "supuesta incompatibilidad para contratar con esta empresa" porque su hermano estaba detrás de la operación; y la del "deber personal de abstención". las conclusiones son:

Sobre el prevalimiento, que de existir conduciría a un delito de tráfico de influencias, el decreto explica que las declaraciones de los testigos que intervinieron en la tramitación del expediente aseguraron no haber recibido ninguna "indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet".

Sobre la incompatibilidad: "No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna". señala el fiscal, que añade que además el hermano de la presidenta no era socio de la empresa Prviet.

Sobre la abstención: señala que ella "no ha intervenido en el procedimiento" y recuerda que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid