El Gobierno elige al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional
El Consejo de Ministros lo nombra este martes magistrado del Tribunal Constitucional junto a Laura Díez, ex directora general de Presidencia.
Los dos tienen un perfil progresista. Campo redactó los indultos del 'procés' y Díez asesoró en la reforma del Estatut
Pedro Sánchez lo hace sin esperar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial obstruido por la parte más conservadora
Moncloa no ha esperado que se desbloquee la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por ley. La propuesta se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tal y como informa el diario 'El País'.
El Ejecutivo ha elegido al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Presidencia, Laura Díez, como los dos juristas que ocuparán las vacantes del Tribunal Constitucional que el Gobierno tiene la potestad de decidir. Los otros dos magistrados los tiene que elegir el CGPJ, pero aún no lo ha hecho al estar pendiente de renovación.
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Cada nueve años, el Ejecutivo tiene el poder de elegir a dos de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Pero las renovaciones, según la Constitución se deben hacer por tercios, es decir que habría que nombrar a cuatro magistrados. Los dos del Gobierno y los dos del CGPJ.
Con estos nombramientos y teniendo en cuenta que un magistrado conservador dimitió y no fue sustituido por el Senado, la correlación de fuerzas en el Constitucional se inclinaría 7-5 al sector progresista.
Juristas vinculados con Cataluña
Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla), tiene 61 años, es juez y ha sido ministro de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez y fue el encargado de redactar los indultos a los independentistas. Laura Díez (Barcelona) tiene 52 años y es menos conocida. Catedrática de Derecho Constitucional, ha trabajado con la ex vicepresidenta Carmen calvo y con el ministro Félix Bolaños, fue directora general de Asuntos Constitucionales en Presidencia del Gobierno hasta el pasado mes de mayo. Desde 2002 a 2004 asesoró a la Generalitat en la reforma del Estatut. Sin filiación política está más en la órbita del PSC que de ERC.
El peligro de estas designaciones es que sean bloqueadas por el Constitucional ya que el CGPJ está pendiente de renovar. Pero aun así, estos dos nombramientos seguirían en vigor y serían inamovibles.