Caso Acuamed: el juez pide a la fiscal revisar su petición por una posible rebaja de penas de malversación
Anticorrupción había instado a transformar la investigación al procedimiento de sumario, previsto para penas mayores de nueve años
Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías
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El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso 'Acuamed' al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.
En un auto del pasado 29 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indique si, "a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario".
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Preguntada por la petición del juez Gadea, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez no ha querido pronunciarse, alegando que se trata de un proceso" en fase de instrucción del que no hay sentencia ni condena". No sin antes poner de manifiesto el mensaje insistentemente repetido por el Gobierno: "La reforma del Código Penal va dirigida a no despenalizar ningún tipo de malversación sino a incorporar nuevos tipos", ha dicho la ministra que ha insistido en que el Ejecutiva mantiene su "compromiso en la lucha contra la corrupción" y tiene "tolerancia cero" son este tipo de delitos.
Adjudicación fraudulenta de obras
En la rama de 'Acuamed' instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.
Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.
Tres meses más de instrucción
La fase de instrucción debía haber concluido el pasado 29 de diciembre pero ese mismo día el magistrado de refuerzo la amplió tres meses, hasta el 29 de marzo, precisamente para dar tiempo a que el Ministerio Público valorara el impacto de la reforma de la malversación en 'Acuamed'.
"Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código penal, modificando además de su contenido los límites penológicos", lo que "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario", explica Gadea.
A ello añade que, "de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que, en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción".
En este sentido, pone de manifiesto "la necesidad de tener un marco procesal adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, y que en el caso de revelarse algún dato pudiera efectuarse con todas las garantías".