Fiscalía decidirá antes de mayo si presenta querella contra el Barça y el árbitro que cobraba de ellos
Las Diligencias de Investigación se iniciaron en mayo del 2022 y en noviembre se prorrogaron de nuevo durante seis meses
Hacienda informó a la Fiscalía de un incremento patrimonial que la empresa de Enríquez Negreira no había sido capaz de justificar
El delito de corrupción entre particulares puede tener consecuencias también para la dirección del Barcelona como parte activa en los pagos
La Fiscalía tiene hasta el próximo mes de mayo para decidir si presenta una querella contra el que fuera número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, o si por el contrario archiva las diligencias de investigación abiertas en su contra desde mayo del año pasado. Sin embargo, esa decisión no marcaría únicamente el futuro judicial del árbitro, sino también el de los directivos del Barça que conocieron y participaron en esos pagos. Según las fuentes jurídicas consultadas por NIUS, si esos movimientos de dinero son considerados ilegales, quienes autorizaron esos pagos también serían imputados por un presunto delito de corrupción entre particulares, y no solo el receptor de los fondos.
En este caso concreto, el F.C. Barcelona abonó durante años cantidades millonarias a varias sociedades vinculadas con Enríquez Negreira, que ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico Arbitral que velaba por la competición profesional en el fútbol español. En concreto, la Fiscalía investiga ahora el dinero transferido desde el club a tres sociedades distintas que los investigadores vinculan de forma directa o indirecta con el responsable arbitral.
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Según adelantó la Cadena Ser, la Fiscalía de Cataluña investiga si con estas transferencias se cometió un presunto delito de corrupción entre particulares. Es decir: si se produjeron pagos para condicionar la competición bajo cuerda, y no por servicios reales ofrecidos al club por las empresas que cobraron el dinero. Sin embargo, según las fuentes consultadas por NIUS, el destino judicial del árbitro estaría directamente vinculado al de los directivos del Barça que aprobaron o participaron en la entrega del dinero: si hay un presunto corrupto, tiene que haber un presunto corruptor. Alguien que cobra y alguien que paga.
Un aspecto claro del Código Penal
Por eso, es importante conocer la justificación que el Barcelona ha presentado ante los investigadores para justificar los pagos, algo que todavía no ha trascendido de forma oficial. El delito de corrupción entre particulares, que estaría barajando la Fiscalía, se da entre dos partes que pactan o prometen un pago o cualquier otro beneficio ilegal, de forma similar a como sucede en el delito de cohecho cuando median funcionarios o cargos públicos. Por eso, ese presunto delito afectaría tanto a quien cobra como a quien decide pagar, es decir: tanto al árbitro como a los directivos del Barça en este caso concreto.
De hecho, el propio Código Penal refleja que este presunto delito puede ser cometido por “árbitros” que reciban pagos que tengan “como finalidad determinar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional”. Con esto sobre la mesa y cuando estalló el escándalo, los directivos del Barça aseguraron que el motivo de esos pagos era recibir asesorías arbitrales que asegurasen la “neutralidad” de la competición. Algo que para el resto de los equipos, parecía asegurado sin la necesidad de pagar cantidades millonarias.